Los “micos” del PND
Diez profesores de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional realizaron una revisión crítica del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Se crea un impuesto de valorización que pagarían los propietarios de predios rurales beneficiados por una obra pública.
“Es muy difícil criticar el diseño general del Plan, porque ¿quién va a estar en contra de la paz, de la equidad o de la educación? Y si bien compartimos en general estas ideas, quisiéramos que fuera más que un eslogan”. Así comenzó la conversación con Francesco Bogliacino, un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, integrante de un grupo de académicos quienes han identificado áreas de discusión del proyecto de ley y además plantean algunas alternativas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), del que arranca hoy su tercer debate en el Congreso.
“El articulado está lleno de micos”, asegura el académico, diciendo que, aunque no le gusta ese término, “es la realidad del documento”. Uno de ellos es que se habla de una medida específica en términos de cómo se aprueban los proyectos mineros en Colombia, sobre los cuales hay una centralización preocupante. Respecto a esto, el documento de los académicos manifiesta que desde antes de este PND, sobre la política minera y energética no han tenido gobernabilidad las administraciones locales, puesto que las licencias de explotación, los estudios de impacto ambiental, los impuestos y las regalías son potestad de la nación. De esta manera, una actividad económica que tiene gran incidencia sobre el POT, el medio ambiente, el empleo, los mercados territoriales, los conflictos de tierra y la seguridad ciudadana queda por fuera de la órbita de la democracia local existente.
“El PND profundiza esta tendencia mediante la centralización en la nación de la declaratoria de áreas de reserva estratégica minera también de utilidad pública e interés social a los proyectos mineros que tendrán prelación sobre otros usos del suelo, como restitución de tierras a los desplazados, reservas forestales o áreas estratégicas de protección ambiental”, manifiesta Darío Restrepo, también académico.
Restrepo explica que el articulado es reiterativo además en que las alcaldías demanden de manera informada medidas de protección espacial contra proyectos mineros que podrán ser aprobados de modo exprés por la autoridad minera nacional. “En esta forma, las competencias y la autoridad de los gobiernos y comunidades locales, así como del ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se degradan respecto del ministerio de Minas y del ordenamiento territorial de facto por corporaciones y empresas privadas”.
En educación, dice, el articulado busca implementar un sistema nuevo llamado “crédito beca”, en el que si el estudiante fracasa y pierde la beca, se le cobra el crédito, “este método se ha aplicado en otros países como Estados Unidos e Inglaterra y su resultado ha sido negativo. Es importante evitar eso en Colombia”. Añadió, al tiempo, que la estrategia de educación del PND está enfocada en incentivar las instituciones privadas.
A esto se le pueden sumar dos nuevos impuestos incluidos en el Plan, uno es que a partir del primero de enero de 2016, la tasa por utilización de aguas que se cobrará será entre $18 y $35 por metro cúbico para estratos cuatro, cinco y seis, al igual que industria y comercio. El siguiente impuesto es de valorización por vías nacionales, que pagarían los propietarios de predios rurales beneficiados por una obra pública.
Sobre otros aspectos relacionados con la política social, el profesor César Giraldo, quien también participa en el análisis de este grupo de docentes, cita que en el artículo 129 se deja explícito que los riesgos financieros derivados de las decisiones de los fondos privados de pensiones recaen en los trabajadores.
“Los fondos se cobran por derecha la administración de los recursos y no asumen contingencia alguna. En el mismo sentido, el artículo 130 señala que, en el caso de las rentas vitalicias (la pensión final en los fondos), su ajuste por encima del salario mínimo nominal lo asume el Gobierno y no las aseguradoras, como es su obligación”. Agrega: “Estos artículos sobre seguridad social lo que buscan es salvar el negocio de los grupos financieros dueños de los fondos de pensiones y no reconocer el derecho de los trabajadores. Seguramente el texto se consultó con tales grupos y no con los trabajadores, hasta donde se tiene información”.
Para el grupo de académicos, existen tres temas críticos en la ponencia radicada la semana pasada: el primero es que a pesar del énfasis sobre las regiones, este es un plan centralizado, que desatiende la mayoría de las sugerencias o de los planteamientos de las comunidades locales. En segundo lugar se encuentra lo que ellos llaman un “monstruo bicéfalo” que, mientras mantiene la presunta neutralidad tecnocrática en las bases, presenta un articulado en el cual emergen preocupantes regalos a los grupos de interés.
Y en el tercer tema, dicen que es evidente que el PND refleja un clima de polarización política, al dejar afuera los futuros acuerdos de paz, que por tanto resultarán no soportados ante una posible aprobación. Por otra parte, para Marco Missaglia, también profesor de la Universidad Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo no le atribuye al sector externo una gran importancia.
“Para decirlo en forma más clara, el texto no incluye una estrategia de política comercial y su enfoque es puramente interno: infraestructura, movilidad social, crecimiento verde, Estado social de derecho y buen gobierno son las estrategias transversales que se plantean para lograr los grandes objetivos del plan (paz, educación y equidad)”, expresa.
Subraya que Colombia ha puesto en marcha un proceso rápido de inserción en el comercio internacional y la firma de muchos tratados de libre comercio (TLC) se presenta como símbolo concreto y evidente de una política de apertura que el país persigue y que por eso ya no necesita planeación alguna.
“La apertura es una elección estratégica del pasado y un plan de desarrollo no es un libro de historia. Al contrario, las estrategias internas que se plantean en el PND, en particular la que está enfocada sobre el desarrollo de la infraestructura y la individualización de los clústeres potencialmente más productivos en las distintas regiones del país, constituyen, para decirlo así, el conjunto de políticas que hubiera sido pertinente implementar antes de abrir la economía y firmar los TLC”.
Propuestas de la academia al PND
Los docentes plantean una ruta con cinco propuestas para concretar la misión de paz, equidad y educación.
1) Eliminar elementos de inestabilidad a largo plazo, con políticas que favorezcan la cuota salarial y mantengan bajo control el balance del sector privado.
2) Ganar margen fiscal, eliminando los vínculos externos. Esto tiene que empezar por la renegociación de los TLC.
3) Promover una escuela pública de calidad, como eje de una estrategia verdaderamente inclusiva para la mayoría de las personas.
4) Definir políticas industriales (modernas, enfocadas hacia la innovación) y rurales, como medidas fundamentales contra la pobreza y la desigualdad.
5) Reconocer las regiones como contrapartes legítimas en la programación y en las definiciones de las prioridades para sus comunidades.
