Con el Frente Amplio: Ganar la calle y avanzar en la unidad política

Una mirada al contexto internacional. Los fenómenos internacionales evidencian las tendencias que se expresan en el plano mundial. Una de ellas muestra el notorio cuestionamiento de la hegemonía imperialista estadounidense y los desesperados esfuerzos por hacer prevalecer su formidable poderío militar como argumento disuasivo mayor en la disputa por el predominio mundial.

Obama ha mantenido una política exterior agresiva y de guerra fría, que lo ha llevado a varios fracasos por los que ha sido fuertemente criticado por la extrema derecha. En ese sentido, se aprecia una mayor prioridad a acciones vinculadas con la guerra no convencional. El deterioro relativo de su hegemonía, ante la evolución de nuevos centros de poder, ha llevado a EUA a reforzar todo lo relacionado con la seguridad. En cuanto al ¨Orden Internacional´, la política defendida en el documento Estrategia Nacional de Seguridad (2015) para Estados Unidos, el momento de establecer un acuerdo económico que incluya Asia y el Pacífico, donde Estados Unidos sea el centro del mismo, es un objetivo del quinquenio. Modernizar sus alianzas en todos los niveles con Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas, entre otros, está en sus prioridades, sobre todo, ante los desarrollos económicos y militares de la República Popular China en la zona. También es una prioridad para Estados Unidos el fortalecimiento e integración Euro-atlántica, que en este caso, indica el documento, se extendería hasta Turquía y los países del Cáucaso, incluyendo también a Moldavia, Ucrania y Georgia como antesala al Mar Negro, todo ello bajo la sombrilla de la OTAN. Tal ampliación de zonas de influencia no pasan inadvertidas para la Federación Rusa ni para China. El imperialismo intenta retomar su predominio. En ese horizonte la estrategia global de los EUA para la recomposición de su fuerza hegemónica planetaria plantea dos líneas básicas: reasumir su influencia en el Oriente Medio y derrotar a la izquierda progresista en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo su proyecto de mayor plazo contempla contener el avance de la República Popular China y de la Federación Rusa ante el temor por la formación de un poderoso núcleo geopolítico ruso-chino en el corazón de Eurasia. Se está reconfigurando el mapa político del Medio Oriente y el Norte de África, como resultado de un conflicto con participación de actores globales, regionales y locales. Esa coyuntura de crisis puede asociarse con la implementación del proyecto de EUA del Gran Medio Oriente Ampliado y Norte de África, la intervención en Siria, la reubicación el Africom (Comando del ejército yanqui para África) en Libia y la complicidad con la agresión Saudita a Yemen, de lo que no son ajenos los intereses de las transnacionales petroleras. La continua expansión de la OTAN hacia el este de Europa es vista por Rusia como un peligro para su seguridad nacional. Fue el derrocamiento del entonces presidente constitucional ucraniano lo que desató, primero la crisis en la península de Crimea, y actualmente, el conflicto secesionista en la porción Este de Ucrania. Los intentos de aislar a Rusia, de incrementar el cerco militar y aplicar en su contra medidas económicas crean una peligrosa situación de guerra y profundizan las dificultades económicas en Europa, mientras Rusia busca equilibrar su situación y fortalecer su papel internacional optando por la multipolaridad y trabajando por estrechar vínculos económicos y políticos con China y otras naciones emergentes. En la política del imperio actitudes análogas se aplican contra la Venezuela bolivariana, su postura de independencia y su proceso revolucionario. Es el momento de crear consciencia de las amenazas a la paz mundial, a la autodeterminación y del rechazo al hegemonismo imperialista como parte de la tarea común del internacionalismo contemporáneo. Nuevas contradicciones en el marco de la crisis del capitalismo. Cobra nuevas dimensiones la contraofensiva desde los pueblos al manejo antipopular de los efectos de la crisis del capitalismo. En Grecia, el partido SYRIZA, integrado por una amplia coalición de fuerzas de izquierda obtuvo la victoria en las pasadas elecciones con el 36,34 % de los votos, lo cual es muestra clara del crecimiento del rechazo del pueblo griego a políticas de austeridad impuestas por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). Estas elecciones representan un hito de respuesta política en cuanto a las aspiraciones de los europeos de encontrar una opción social como solución a la crisis. No obstante el futuro de este gobierno es extremadamente complejo, pues tendrá que resolver las contradicciones de su propia coalición, en la que participa un partido de corte nacionalista de derecha y además enfrentarse a los inmensos desafíos que implica el sometimiento de los Estados a la dictadura de las instituciones monetarias europeas y multilaterales. Una situación comparable se manifiesta en España contra el régimen de Rajoy con el auge electoral de Podemos. Por ahora, la derecha neoliberal es mayoritaria en Europa, cuenta con una buena parte de los gobiernos del viejo continente. Los partidos socialdemócratas han abdicado frente al neoliberalismo, sus programas políticos y su ejecutoria política, tanto en los parlamentos como en los gobiernos es la llamada “política de austeridad”. La ultraderecha nacionalista y neofascista gana espacio propio al explotar el doloroso drama de la inmigración masiva desde las ex colonias europeas. Un nuevo y complejo mapa político comienza a configurarse en Europa. La crisis del capitalismo no cesa de mostrar nuevas facetas. La caída de los precios del petróleo tiene su génesis en el incremento de la producción estadounidense, a través de la explotación del fracking, del aumento de la producción de Arabia Saudita y sus aliados, además, de la presencia de productores ilegales como el Estado Islámico en el mercado petrolero global. La caída del precio del barril afecta drásticamente a Venezuela, Irán y Rusia, situación utilizada por EUA para acentuar sus medidas de desestabilización política. La OPEP, que ha sido una instancia que procura el equilibrio del mercado, no actúa en esta dirección, hasta ahora. En Colombia es el pretexto de miles de despidos y cesación del trabajo para los obreros de la contratación “informal” Los BRICS han ganado importancia después de la VI Cumbre realizada en Fortaleza, Brasil, en julio de 2014, la creación del Banco de Desarrollo -para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible - y del Acuerdo de Reservas de Contingencia - instrumento de protección contra ataques especulativos y turbulencias cambiarias. La creación de estos mecanismos es importante políticamente al buscar un sistema internacional que represente la nueva conformación económica mundial, con el debido poder de decisión en los órganos internacionales. En el contexto de la crisis del capitalismo los BRICS no constituyen una alternativa antisistémica, actúan y evolucionan dentro de la economía-mundo capitalista, representan una variante que en parte entra en contradicción con el imperialismo, que se contrapone al unipolarismo y al predominio de los países del llamado Norte y que por conformar un bloque políticamente pluralista parece converger en la necesidad de la antigua idea de un nuevo orden económico internacional. América Latina y su batalla por un rumbo soberano. Como parte de su contraofensiva para revertir los avances de la izquierda en América Latina, y de conformar geopolíticamente un espacio vital para sus intereses, Washington ha desplegado una amplia gama de instrumentos subversivos, dirigidos contra los gobiernos que en su opinión constituyen un obstáculo o afectan su interés global, incluso se han aplicado a países que no han sido declarados como adversarios. Estos instrumentos subversivos generalmente anteceden a la invasión militar directa, pero también están presentes en la aplicación de los preceptos del llamado poder inteligente. Las guarimbas en Venezuela, en realidad terrorismo urbano paramilitar financiado desde afuera, el crimen organizado y su exportación, el espionaje electrónico, una campaña "moral" de criminalización del PT, los fondos buitres en Argentina, la exportación del paramilitarismo colombiano y la coordinación de la ultraderecha para enfrentar y derrotar los gobiernos democráticos hacen parte de la contraofensiva del imperio, en connivencia con las oligarquías y los poderosos monopolios transnacionales de la desinformación. Especialmente grotesca es el decreto presidencial que cataloga a Venezuela como “amenaza infrecuente a la seguridad nacional de EUA” y la definición de medidas sancionatorias otra algunos de sus funcionarios. La VII Cumbre de las Américas en Panamá, además de ser la primera en que Cuba participa por exigencia de la mayoría de los Estados miembros, colocó a EUA a la defensiva. Hubo críticas unánimes de parte de miembros de la UNASUR y de la CELAC a la injerencia en asuntos venezolanos y a las sanciones impuestas a miembros del gobierno de este país, como al criminal bloqueo estadounidense impuesto a Cuba. La Cumbre de los Pueblos, la Cumbre Sindical y la Cumbre de los Pueblos Indígenas plantearon la dimensión social de este evento internacional. Cabe destacar el respaldo internacional al proceso de diálogo en Cuba, entre las Farc ep y el gobierno colombiano. El gobierno Obama aprovechó la Cumbre para anunciar que sacará a Cuba de su absurda lista de países que financian el terrorismo. Saludamos el acuerdo hacia la normalización de las relaciones bilaterales Cuba – EUA, que están lejos de consolidarse mientras persistan Guantánamo, el bloqueo y las leyes extraterritoriales. La aproximación con Cuba es una demanda histórica, pero no resuelve la confrontación sistémica, solo le cambia los procedimientos para lo que se preparan los cubanos y la realización del VII Congreso del PC de Cuba, a principios de 2016. La crisis del capitalismo ha puesto fin al ciclo neoliberal (1973 – 2008) modificando los escenarios económicos de la economía mundo. En el caso de América Latina y el Caribe la integración política (CELAC, UNASUR) avanzó más que la integración económica. A pesar de haber avances en los países individuales, ese aspecto de la integración sigue dependiente de cada política nacional y no de una visión única regional. Además la consolidación de la autonomía regional no es vista con simpatía por la política estadounidense y ese país busca aumentar su influencia a través de iniciativas comerciales como la Alianza del Pacífico, de alianzas con los sectores conservadores en los países y de intentos de desestabilización de los gobiernos nacionales.

Crece la presencia de China en nuestra región, destacándose el crecimiento de las inversiones directas por 250.000 millones de dólares en los próximos diez años, la realización de la Cumbre CELAC-China a comienzos de 2015 y el inicio de la construcción del Canal de Nicaragua. De otra parte, se observa la aproximación Rusia con Asia y, en el caso de América del Sur, a través de la reciente Cumbre BRICS-UNASUR, en julio de 2014 en Brasilia, surge una oportunidad de aumentar las relaciones con ese actor internacional. La Alianza del Pacífico, presidida por Juan Manuel Santos es una estrategia para hacer frente a iniciativas como CELAC y UNASUR, principalmente tras el fracaso del ALCA. Debemos estar atentos a los velados propósitos realmente políticos de la Alianza del Pacifico, dirigidos a contraponerse a las otras experiencias genuinamente latinoamericanas y caribeñas como las arriba mencionadas. Los procesos electorales tienen un importancia decisiva en la actual realidad latinoamericana. En 2014 las izquierdas alcanzaron la victoria con Salvador Sánchez Cerén en El Salvador; Evo Morales en Bolivia; Dilma Rousseff en Brasil y Tabaré Vázquez en Uruguay; reafirmando una tendencia de autonomía y crítica al modelo de dominación imperial. Persistieron bastiones del conservadurismo, como los casos de México y Colombia. La solidaridad con el proceso bolivariano tarea fundamental. Un tema prioritario para la lucha del pueblo colombiano es reafirmar el respaldo latinoamericano a la lucha por la paz justa, democrática incluyente enfocada a la justicia social, a la soberanía, la amistad y el respeto con los países hermanos. El reconocimiento principalmente con Cuba y Venezuela por su papel protagónica frente a los diálogos de paz, sin olvidar a Noruega y Chile. La amenaza principal al desenvolvimiento normal del proceso está en la política estadounidense orientada a la desestabilización y el derrocamiento del gobierno de Venezuela. Sin soslayar las dificultades de un país asediado y golpeado por la baja del precio del petróleo, los fenómenos del contrabando propiciado por las mafias colombianas, la contrarrevolución y sectores corruptos del establecimiento, resaltamos la nec.esidad de la solidaridad con el hermano país, con su presidente legítimo el compañero Nicolás Maduro, con las fuerzas revolucionarias y con todos los factores que respaldan el proceso.

Hay que crear canales más eficaces de contacto, de información y de solidaridad mutuos y tomar en cuenta que Venezuela tendrá elecciones legislativas en noviembre próximo, decisivas para el futuro del país. Lo anterior resalta la importancia del II Foro Internacional por la Paz en Colombia, celebrado del 5 al 7 de junio en Montevideo; el 21 Encuentro el Foro de Sao Paulo, de 29 de julio al 1 de agosto; y la iniciativa en preparación del Encuentro de los partidos comunistas en Brasil, en el mes de septiembre. Cambios y realidades en la situación interna. Comprender el estado actual de las negociaciones en La Habana, entre el gobierno y las FARC-EP, es un desafío complejo. Más de dos años de diálogos, con acuerdos parciales y diversas salvedades, producen esperanza pero también incertidumbre. Conviene reiterar que ningún proceso social es inexorable e irreversible, porque la historia no es un hecho determinista, sino relaciones entre seres humanos que están condicionados por ciertas circunstancias, pero que pueden también transformarlas. Es importante para el análisis político reconocer las dificultades y posibilidades inherentes a las actuales circunstancias del proceso de negociación. Dificultades y posibilidades del proceso de negociaciones. Algunas de las dificultades mayores que enfrenta el proceso de paz son notorias. La primera dificultad es la intervención constante de ciertos medios monopólicos de información que manipulan y tergiversan la realidad del conflicto armado interno. Lo que no se logra en la mesa de negociaciones se pretende imponer a través de una guerra mediática con altas dosis de desinformación, ocultamiento y manipulación. Los ejemplos de los sucesos del Cauca y la supuesta mina antipersonal en Norte de Santander, son manifestaciones de esta desinformación mediática. El segundo obstáculo es haber pactado que nada está acordado hasta que todo esté acordado. En cualquier instante todo lo logrado en consensos implícitos y acuerdos explícitos puede ser arrojado por la borda; convertido en cenizas. El tercer riesgo es negociar en medio de la intensidad del conflicto, en medio de las víctimas, los atentados y la guerra. No detener, contener o desescalar el conflicto se constituye en una grave amenaza. Las lógicas militares terminan dictaminando lo que sucede en la mesa de negociaciones y la llamada “opinión pública”, gira como un péndulo, al vaivén de las noticias judiciales y rostros de la muerte en los diarios o noticieros. La propaganda termina imponiendo su dictadura. La cuarta dificultad es el ingreso de la negociación a temas centrales de alta densidad como el tipo de justicia necesario para la paz, los mecanismos de refrendación de unos posibles acuerdos y el asunto de las responsabilidades colectivas en el conflicto colombiano. Paralelas a estas dificultades, se anexan otras situaciones puntuales, como el aplazamiento de una mesa formal de negociaciones con el ELN, el silencio frente a la petición de diálogo del EPL, la postergación de un acuerdo parcial sobre el punto de Víctimas, la actitud del gobierno de invisibilizar el Informe de la Comisión Histórica, la labor de algunos opinadores de decretar su supuesto fracaso, la campaña de la extrema derecha contra la paz con gran eco en los medios monopólicos, entre otras. Se abren también, en medio de las dificultades, muchas posibilidades y motivos para la esperanza. Durante el último mes se han realizado en Colombia significativas movilizaciones por la paz como la Marcha del 9 de abril, la Cumbre Mundial de las artes y las culturas para la paz de Colombia, el Encuentro Nacional de Jóvenes por la paz, la fundación de Juventud Rebelde, entre muchas otras. El polo de atracción de la paz desborda la Mesa de La Habana y empieza a ser apropiado por sectores sociales y populares cada vez más importantes. El Frente Amplio ha presentado cuatro informes de Veeduría sobre el cese de fuego unilateral e indefinido de las Farc ep. El apoyo internacional al diálogo es cada vez más decidido, destacándose en los últimos meses el nombramiento de delegados de Estados Unidos y Alemania en la Mesa de Negociaciones, como también el anuncio del Vaticano de la visita del Papa Francisco como apoyo a la paz de la región. El trabajo paralelo y continuado de las sub-comisiones de género y del fin del conflicto, muestra conversaciones centrales para el proceso de negociación y fin del conflicto. Los caminos para la finalización del conflicto colombiano no pueden responder a recetas ni a modelos importados de forma acrítica para nuestra compleja realidad. Existen al mismo tiempo motivos para la inquietud, pero también señales de esperanza. Con serenidad, imaginación y creatividad tendremos que construir estos senderos de paz. Reagrupamientos de derecha y desafíos para el campo popular. La desaceleración de la economía nacional, los inminentes problemas macroeconómicos, las dificultades de legitimidad que experimenta el gobierno nacional y la proximidad de las elecciones regionales, están condicionando alianzas interclasistas y partidistas en la realidad política colombiana. Con un crecimiento económico que el Banco de la República sitúa en 3.2%, unas encuestas de “opinión” poco alentadoras para el gobierno Santos (sólo un 29% de favorabilidad), con inmensas vacilaciones frente a la paz y plenamente dependiente de los poderes reales regionales, el gobierno ha empezado su tarea de buscar alianzas pragmáticas con la derecha y hasta la extrema derecha. La denominada “unidad nacional” muestra su verdadero rostro de una coalición bastante flexible, sin principios ideológicos, sin afiliación partidista, con incentivos burocráticos y criterios eminentemente pragmáticos. La búsqueda de acercamientos por parte del llamado súper-ministro con el procurador, el uribismo y los conservadores, era bastante previsible en estas condiciones; aún más urgente por la proximidad del proceso electoral regional. La tradición coalicionista entre los sectores dominantes es recurrente en la historia nacional; con escasas excepciones ha dominado casi todo el siglo XX y los inicios del XXI. Al tratarse de elecciones regionales no se hace necesario hacer el gesto de salirse de los gabinetes o declararse oposición. Se trata en sentido estricto de “coaliciones gobernantes” que pueden fácilmente ser alianzas electorales regionales. La preocupación por los negocios, la dominación regional y la imposición del modelo neoliberal son sus intereses prioritarios. Los poderes económicos y políticos regionales reales vuelven a ser determinantes en el ejercicio del poder electoral. La “unidad nacional” no tendría ninguna reserva moral cuando se trate de alianzas non santas con los poderes mafiosos y corruptos a nivel regional. Los avales recientes de Cambio Radical en los Departamentos de La Guajira, Antioquia y Córdoba, son una muestra palpable de la complicidad de la “unidad nacional” con los poderes regionales mafiosos. Por una valoración de las perspectivas del proceso de diálogo. En medio de inmensas dificultades generadas, por una parte, por la visión gubernamental que no renuncia a la idea del sometimiento de la insurgencia armada en la Mesa de diálogos, y por la otra, de sectores extremistas de derecha, representados entre otros por Uribe Vélez, su séquito del llamado Centro Democrático y el Procurador General de la Nación, que no cesan en el empeño de devolver al país hacia el camino de la prolongación indefinida de la guerra, se ha venido abriendo paso y construyendo de manera paciente la perspectiva de la solución política. Aunque no se puede afirmar que se está frente a un proceso irreversible, es evidente que los acuerdos parciales sobre tres puntos de la Agenda (Política de desarrollo agrario integral, Participación Política, Solución al problema de las drogas ilícitas) representan avances significativos que dicen de la posibilidad real de avanzar hacia la concreción de un acuerdo final. En el punto de Víctimas, aunque las partes acordaron la definición de principios para su abordaje, no se registran - a casi un año de haberse iniciado su discusión - acuerdos específicos dados los entendimientos diametralmente opuestos en materia de justicia. Es manifiesta la pretensión gubernamental de reducir la cuestión de las Víctimas a un sometimiento de la guerrilla a su modelo de justicia transicional, a la identificación de ésta como una organización victimaria, cuya comandancia sería la máxima responsable de lo acaecido a lo largo del conflicto; por tanto a su juzgamiento y condena, así en la lógica de la justicia transicional se consideren “penas alternativas”, distintas a la cárcel. Las responsabilidades supremas inherentes al orden social y al Estado como organizador y regulador de dicho orden, a todos sus poderes y aparatos; las responsabilidades que le competen a los partidos políticos, a los empresarios, a los medios de comunicación, incluso a la propia Iglesia, entre otras, pretenden ser desconocidas, pese a que existe suficiente evidencia empírica, incluidas sentencias judiciales como las más recientes del Tribunal superior de Medellín y del Consejo de Estado y el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Los comunistas reclamamos el cese de la retórica gubernamental frente a los derechos de las víctimas. Asimismo, la concreción de acuerdos que en verdad contribuyan a su real materialización y superen las restricciones y limitaciones, incluidas las fiscales, de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. En materia de justicia, exigimos la construcción de acuerdo entre las partes que, con fundamento en la centralidad de los derechos de las víctimas, dé cuenta de las realidades políticas y militares del conflicto, considere las particularidades nacionales y el reconocimiento amplio del derecho a la rebelión. Somos de la opinión que la principal impunidad a que se vería sometida la sociedad colombiana sería aquella de la prolongación de la guerra. Especial atención ponemos en el esclarecimiento de la verdad histórica, no solo por ser nuestro Partido una organización sometida al exterminio prolongado y permanente por prácticas propias del terrorismo de Estado, sino porque se trata de una aspiración de todo el pueblo colombiano, como uno de los imperativos para sentar las bases de una paz estable y duradera. Por ello valoramos el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, el cual –como lo señalan las Partes – constituye un insumo fundamental de la necesaria Comisión de la Verdad que debe surgir también por acuerdo de las Partes. En la perspectiva de avanzar hacia un Acuerdo final valoramos inmensamente todas las acciones que se orienten, no solo hacia el desescalamiento de la confrontación armada, sino al “cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”, tal y como reza en la Agenda de La Habana. En ese sentido, destacamos el cese unilateral de fuegos decretado por las FARC-EP, así como el “Acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersona (PAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general”. Ello, al tiempo que genera confianza y es expresión de la voluntad de construir un Acuerdo final, reduce los impactos del conflicto sobre la población, especialmente del campo, principal afectada por la continuación del accionar militar. Los comunistas insistimos en la inconveniencia de fijarle plazos fatales a las negociaciones. Somos conscientes que no lograr nuevos acuerdos parciales puede estimular a las fuerzas que se oponen al proceso. No obstante, al mismo tiempo llamamos la atención sobre la complejidad de la salida política de un conflicto que se ha prologado por más de cinco décadas. Ello se expresa en los puntos aún pendientes de la negociación. El punto 3 “Fin del conflicto”, que tiene siete subpuntos y el punto 6 “Implementación, verificación y refrendación”, que tiene seis puntos y cuyo último es el de la refrendación. Estos puntos pendientes son de una densidad mayúscula y demandarán esfuerzos muy grandes de las Partes para lograr construir un Acuerdo final, así como la comprensión del conjunto de la sociedad colombiana. Es evidente que hay un desconocimiento de la Agenda de la Habana, así como de sus acuerdos parciales. Por ello, se mantiene como requerimiento central su apropiación social. Los contenidos de la paz y el cambio democrático. Más allá de los aspectos específicos de la dinámica de la negociación, lo que se encuentra en juego es la calidad de la solución política. En ese aspecto, la cuestión no se reduce a la lucha contra las fuerzas opositoras al proceso, que es sin duda del mayor significado. Y se proyecta como una tarea importante, que incluye aglutinar al amplio espectro de fuerzas políticas y sociales favorables al proceso. De la misma manera, se trata, por otra parte, de confrontar la visión gubernamental y de los sectores de las clases dominantes empeñados en una paz negativa, entendida como el mero silencio de los fusiles guerrilleros, sin cambios ni reformas, y gratis desde el punto de vista fiscal, es decir, sin afectar las condiciones estructurales de origen y persistencia, así como las políticas y el accionar del Estado y sus poderes y aparatos y de sujetos políticos, económicos y sociales, que han provocado la prolongación del conflicto por décadas. Los acuerdos de La Habana, si llegaran a concretarse en su totalidad, poseen una potencia transformadora que puede contribuir a la democratización política, económica, social y cultural del país. En sentido estricto, se inscriben dentro del conjunto de aspiraciones históricas del pueblo colombiano por democracia real y paz con justicia social. No responden a un simple pacto con la insurgencia armada para que ésta transite a la vida política abierta. Desde esa perspectiva, constituye una necesidad inaplazable, en la que los comunistas no cejarán empeño, juntar las rebeldías sociales y populares, el “movimiento real” de las clases subalternas, en procura de la conformación de un bloque popular alternativo, de un frente amplio por las transformaciones estructurales que necesita el país. Sin temor a exagerarlo, más allá del dilema entre la guerra y la paz, nos encontramos frente a la posibilidad de transitar los caminos de la revolución pasiva a la que aspiran las clases dominantes (el cambio para que las cosas sigan iguales como ya ocurrió históricamente con el Frente nacional) o de la inflexión política que desate con toda su fuerza un proceso constituyente que modifique los tiempos institucionales de la política y le abra nuevas posibilidades al campo popular en el escenario de un eventual pos-acuerdo. La lucha por una Asamblea Nacional Constituyente, formulada en nuestro último Congreso, está al orden del día, como lo confirma la crisis en maduración de la vigente organización del poder y la dominación. Al tiempo que nos sentimos parte de la potencia constituyente a desatar, reiteramos la importancia de avanzar en la obtención de posiciones para el campo democrático y popular en el proceso electoral del nivel departamental y municipal que se avecina. La reivindicación de las víctimas y de sus derechos, incluida la responsabilidad del Estado y de estructuras paramilitares que deben ser desmontadas y judicializados sus patrocinadores y determinadores, así como sus cómplices y protectores en instancias de la fuerza pública, del poder ejecutivo y judicial, hacen parte de una tarea central vinculada a la paz justa y duradera: la exigencia de garantías de no repetición. Estas incluyen la prohibición de la doctrina militar del “enemigo interno”, los cambios en el concepto de seguridad, la proscripción del anticomunismo y de toda forma de persecución política, ideológica, racial, de género o de orientación sexual. El informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas debe constituirse en un insumo activo en la construcción de una justicia que haga posible reconstruir el tejido social, las libertades individuales y colectivas, superar el terrorismo de Estado vencer el miedo, hacer posible la reconciliación. Un plan de desarrollo en contravía de la paz. La muestra fehaciente de la valoración que el bloque dominante en el poder le concede al proceso de paz, se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo, “Todos por un nuevo país”, aprobado recientemente en el Congreso de la República. Dicho Plan, en lo esencial, va en contravía de los propósitos de una paz positiva, pese a que no ahorra retórica en ese sentido; de hecho, sus ejes fueron definidos como “paz, equidad y educación”. No obstante, si se somete al escrutinio juicioso, se está en presencia de la continuidad y profundización del modelo económico neoliberal, desde luego con nuevas adaptaciones. El plan afianza el régimen de acumulación de extracción minero-energética, al perfeccionar el marco jurídico-institucional favorable a la explotación transnacional; prolonga con nuevos beneficios los llamados grandes agronegocios, buscando articular y someter al campesinado pobre en sus “cadenas productivas”; mantiene las políticas de exposición de la producción nacional al aperturismo de los tratados de libre comercio; no tiene el empeño de promover la actividad productiva industrial y el cambio científico-técnico; persiste en abordar los problemas de equidad desde un enfoque asistencialista, basado en subsidios a la demanda, al tiempo que deja expuesto el mundo del trabajo a las fuerzas del mercado; la precariedad e informalidad predominantes son respondidas con lo que las reproduce: el emprendimiento individual, es decir, la lógica de “sálvese quien pueda”; en materia de salud, educación, vivienda, y de otros servicios sociales del Estado, profundiza el modelo mercantilizador y de privatización. Ello es más notorio en aspectos que desarrollan de facto la ley estatutaria en salud, que promueven la educación como endeudamiento, y el acceso a la vivienda en el mismo sentido. Es decir un plan pensado para hacer de los recursos públicos un negocio financiero. Tal y como ocurre también con las políticas en materia de infraestructura, que están además concebidas para garantizar la inserción de las economías extractivas, en sus diferentes modalidades, en la dinámicas de acumulación trasnacional, y no precisamente para articular el mercado interno o los territorios, cuando la retórica gubernamental es de la “paz territorial”. El plan acentúa las tendencias centralizadoras en las definiciones de asignación específica de recursos y de los usos del suelo; esto último para enfrentar las resistencias de movimientos socioterritoriales contra el extractivismo de depredación socioambiental. Y es además un Plan sometido a la sostenibilidad fiscal y la regla fiscal, que convierte al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un superministerio de asignación (relativamente) discrecional de recursos. En suma, el Plan de este nuevo cuatrienio de Santos en lugar de contribuir a generar garantías estructurales de no repetición, reproduce y acentúa factores de persistencia del conflicto. Todo ello, lleva a pensar que la implementación del Plan, unida a otros desarrollos legales que dan continuidad a las políticas neoliberales, estará asociada a importantes movilizaciones sociales y populares, a nuevas luchas reivindicativas y políticas de las clases subalternas, con las que los comunistas nos sentimos comprometidos. En atención a lo anterior, es posible afirmar que el alto Gobierno se apresta a un manejo discrecional y centralizado de un eventual Acuerdo final; por ello, nada de lo pactado hasta ahora se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo. También en lo concerniente a la implementación de los acuerdos, si se llegare a ello, se trabaja con la idea equivocada de una guerrilla sometida. Como ya se señaló, la implementación, incluidas sus políticas, instituciones y mecanismos, también tendrá que ser acordada. Lo mismo, lo relacionado con sus costos. No es posible pensar en una paz gratis, cuya financiación resulte del “efecto derrame” que genera el esperado mayor crecimiento económico. La paz con justicia social a la que aspiramos los comunistas exigirá un esfuerzo fiscal extraordinario, superior en sus proporciones al que impusieron las clases dominantes y el imperialismo para lograr la victoria militar que nunca llegó. Desde ahora alertamos porque el posacuerdo no se convierta en un negocio de grupos empresariales nacionales y extranjeros, como seguramente se espera desde la oficina del “Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad”. Ello ratifica nuestra insistencia en la necesaria apropiación social de los acuerdos que se alcancen en La Habana. El proceso de diálogos y negociación, la posibilidad real de construir un Acuerdo final, así como el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas gubernamentales en general, y la perspectiva de nuevas movilizaciones sociales y populares, se desenvuelven en un contexto en el que si bien no se anuncia en lo inmediato una situación de crisis económica, si es constatable un deterioro de las condiciones macroeconómicas y de crecimiento, lo cual puede generar una mayor agresividad estatal. En efecto, el desmejoramiento de los precios internacionales de los commodities (bienes primarios de exportación), en una economía con creciente dependencia de ellos en sus ingresos externos, llevan a pensar que se acentuarán los problemas de las balanzas comercial y de pagos, y por ende la tendencia al mayor endeudamiento público, en condiciones en las que éste se hará más costoso por la devaluación de dólar, trasladando el problema a una finanzas del Estado sometidas a la sostenibilidad fiscal y la regla fiscal. La cuestión de la deuda y de sus servicios, relegada a un segundo plano en los últimos lustros, muy seguramente regresará al centro de la discusión política. Y con ello, los debates sobre la financiación del Estado y el destino del gasto público. Desde ahora alertamos porque los problemas de financiación, generados por el modelo económico extractivista no sean trasladados al conjunto de la población como se deja entrever con la anunciada reforma tributaria. Llamamos la atención sobre la necesidad de emprender un debate para que el deterioro fiscal en curso no sea pagado por los sectores sociales y populares; asimismo, para que la “disciplina fiscal” no sea aplicada en detrimento de los ya precarios compromisos sociales del Estado. Insistimos, en ese contexto, en la necesidad de iniciar un proceso de desmilitarización de la sociedad en su conjunto, uno de cuyos aspectos centrales debe estar en la reducción del gasto en seguridad y defensa. No es aceptable ética, ni política, ni económicamente, que en país en trance de construir una solución política al conflicto social y armado mantenga uno de los niveles de gasto militar como proporción de su producto interno bruto más elevados de la Región. Se legitima cada vez más la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente. Especial atención merece la consolidación de un consenso nacional sobre la urgencia y justificación de un proceso constituyente. Si bien con lecturas diversas, se escuchan las voces del Fiscal, algunos magistrados de las Cortes, dirigentes liberales y movimientos sociales, anteriormente indecisos, en vías de una discusión abierta sobre el proceso constituyente y la búsqueda de mecanismos de refrendación de los acuerdos diferentes al referendo. Empiezan a darse deliberaciones profundas sobre tipos de constituyentes limitadas temática y temporalmente. También son necesarias las discusiones políticas y jurídicas sobre mecanismos excepcionales y limitados al poder ejecutivo para constitucionalizar directamente los acuerdos de La Habana. La experiencia reciente de la denominada “reforma del equilibrio de poderes”, muestra las profundas limitaciones y artificios de la actual composición del poder legislativo en Colombia. Someter los acuerdos potenciales de La Habana a la vía exclusiva del Congreso contiene obstáculos inimaginables. Algunas de las iniciativas a impulsar en la actual coyuntura pueden ser las siguientes: a. Preparar las condiciones subjetivas en el campo popular para un posible endurecimiento del proceso de negociación a través de campañas comunicativas y pedagógicas; b. Aportar en propuestas concretas sobre justicia, responsabilidades y víctimas para la Mesa de Negociaciones; c. Continuar la consolidación de una franja de opinión pública favorable al proceso de paz, fortaleciendo el Frente Amplio, el trabajo en las organizaciones sindicales, barriales y comunitarias y la convocatoria por la paz a la sociedad en su conjunto; d. Realizar una nueva jornada masiva de movilización por la paz en una fecha acordada con las fuerzas de izquierda y el campo popular, puede ser el 20 de julio o 7 de agosto; e. Divulgar y apropiar el Informe Final de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas para el debate político con los medios y la extrema derecha; como también una pedagogía para comunicar los acuerdos parciales entre las FARC-EP y el Gobierno f. Intensificar el trabajo internacional de apoyo al proceso de una paz con justicia social de Colombia; g. Un apoyo más decidido a todas las iniciativas sobre una Asamblea Nacional Constituyente, h. Incentivar la discusión pública sobre el proceso más efectivo para convertir en reformas constitucionales los acuerdos parciales de La Habana; i. Acordar con otras fuerzas políticas una campaña nacional de denuncia contra el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos. El campo popular y las alternativas. Para Santos no es una opción viable en esta coyuntura precipitar un rompimiento de las negociaciones de la Habana. La línea de dominación de clase requiere cambios para asegurar su continuidad y el logro de un acuerdo de paz con la insurgencia armada se inscribe en esa perspectiva. Por supuesto que todavía no es del todo admisible la irreversibilidad del proceso, pero también es cierto que para el régimen político no es razonable prolongar indefinidamente el conflicto armado si se tiene en cuenta la persistencia de las tendencias hacia la crisis del proyecto hegemónico. Santos mantendrá la mesa de paz en la coyuntura mientras apuntala los tres ejes estructurales del poder político en las que se apoya la gobernabilidad de la mal trecha Unidad Nacional: 1) Plan Nacional de Desarrollo; 2) Reforma de equilibrio de poderes y 3) Mayores concesiones a la injerencia extranjera y el militarismo. Estos son los aspectos estables que aseguran la continuidad del modelo acumulación capitalista y que recogen los consensos y disensos de los distintos grupos y facciones en el campo dominante. Esto explica la tendencia de Santos no solo a hacer concesiones al uribismo sino también a buscar los acercamientos que permitan recomponer la unidad al interior del bloque de poder. No obstante en el ámbito de la vida socio-económica y de la institucionalidad del Estado, existe en el ambiente político un enfrentamiento de posiciones entorno a la continuidad de la guerra o el avance hacia un acuerdo de paz. En el sector privado, por ejemplo, puede observarse según un estudio reciente que hizo la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), que cerca del 55% de los empresarios dijo estar a favor del proceso de paz con las FARC, mientras que el restante se manifestó en contra de la continuación de los diálogos. Es un hecho interesante que la mayoría de estos encuestados considerara que la firma de la paz podría concretarse en un plazo entre 2 y 10 años. Paralelamente en el ámbito público ha sido evidente la confrontación entre instituciones y ramas del poder. La propuesta de Hernán Penagos, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes de aplicar la Ley de Justicia y Paz a las FARC – EP, con el argumento de que el tema de justicia que se discute en la Habana no llegue al Congreso nacional. Este tipo de iniciativas desconoce la realidad del proceso de negociación y se inscribe en la misma lógica de sometimiento a la justicia, sobre el falso presupuesto de que la guerrilla se sentó derrotada a negociar con el gobierno. En contraste es significativa la estrategia de paz que presentó recientemente la Fiscalía General de la Nación, la cual apunta sin duda a buscar una salida institucional a la situación de empantanamiento y desgaste del proceso creado contradictoriamente por la ambigüedad del Ejecutivo. La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente limitada al tema de justicia, con participación del movimiento guerrillero, es una señal de los límites institucionales del poder de clase y también de la incapacidad del Congreso de la República para crear las condiciones políticas y jurídicas que permitan la legitimación y concreción de los acuerdos de paz con las insurgencias. El espacio social para la paz y el proceso constituyente Las contradicciones en el campo de la burguesía abren perspectivas favorables para el desarrollo de las iniciativas de paz desde el campo popular. Todo espacio social se construye a partir de un conjunto de posiciones distintas pero unidas entre sí por vínculos de proximidad, no obstante en el caso de iniciativas de paz el rasgo principal de la situación continúa siendo la dispersión de las fuerzas populares. La exterioridad de unos agrupamientos sociales respecto a otros (Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Clamor social, etc.) deja entre ellos importantes vacíos en los que se encuentran amplios sectores de la sociedad principalmente urbana, los cuales continúan expectantes en el debate sobre la guerra y la paz, sin lograr interiorizar una propuesta alternativa que les permita romper con las falsas disyuntivas de la política dirigente. A esta situación contribuye la vacilación de sectores progresistas y de izquierda (Polo, Alianza Verde, Progresistas) sin mencionar la de algunas expresiones revolucionarias que por sectarismo aún no logran avanzar hacia una toma de posición en favor de la construcción unitaria de la alternativa democrática para la paz con justicia social. Sin embargo la movilización del pasado 9 de abril significó un avance en los esfuerzos por estructurar un conjunto muy amplio aunque disperso de iniciativas sectoriales, locales y territoriales de construcción de un movimiento nacional por la paz, la democracia y la soberanía. Contando también las ciudades donde hubo movilizaciones por fuera de las cinco principales donde se convocó la jornada, cerca de un millón de personas salieron a las calles a respaldar el proceso de paz. La respuesta de la derecha fue inmediata: la conspiración del silencio desde los grandes medios de comunicación y la posterior provocación ex profeso del ejército a la tregua unilateral e indefinida de las FARC – EP, que terminó con el desenlace fatal para los once militares en el municipio de Buenos Aires. Este hecho no solo sirvió para golpear mediáticamente la Mesa de la Habana, sino que también obligó a Santos a calmar el uribismo y los militares con la reanudación de los bombardeos a los campamentos guerrilleros. Esto pone de presente que el movimiento de masas es el único factor que puede presionar el desescalamiento del conflicto y lograr un eventual cese bilateral de fuegos. La experiencia del 9 de abril demostró que la iniciativa por la paz democrática tiene un poder generador y unificador de los procesos de movilización social. Esta experiencia permite ganar en el imaginario colectivo, posiciones políticas que vinculen la protesta del pueblo trabajador, los jóvenes y las mujeres con la idea de la justicia social para la paz y posicionar así en el horizonte de la movilización ciudadana, la apuesta real por un proceso constituyente. Pero los condicionamientos sociales orientados a disminuir la confianza en los diálogos de paz, con el fin de presionar tiempos fatales en las negociaciones, obligan a pasar rápidamente a la ofensiva. Para ello es preciso poner de acuerdo a las fuerzas patrióticas llamadas a integrar el Bloque Popular Alternativo, en el sentido de ganar la disposición a intervenir en todos los espacios de la organización social y la participación política con un estilo unitario y una sola actitud: la de derrotar en la batalla de ideas esa visión pragmática, despolitizada y aséptica de la acción colectiva, que alimenta la dispersión del campo popular y que contribuye a arrastrar sin querer a muchos sectores sociales a las posiciones intermedias que son funcionales al orden contrainsurgente. Los militantes del Partido Comunista y muy especialmente sus dirigentes de masas tienen que ganar esta disposición en el estilo de hacer política en las direcciones del movimiento sindical y social. No hay ninguna ideología inocente y por ello es fundamental superar colectivamente entre los diversos núcleos comunistas las prácticas asociadas a la antipolítica, al antipartido, al vanguardismo, al sectarismo y al pragmatismo sin principios que lesionan la unidad, alimentan la dispersión y representan la influencia de la ideología dominante en sectores de la izquierda. La protesta del magisterio y los trabajadores del Estado. Efectos, posibilidades y sentidos. La lucha sindical continúa en la defensiva permaneciendo en un terreno que ni si quiera puede catalogarse de economicista. En el caso de los trabajadores del Estado la negociación del pliego de solicitudes presentado en febrero por las centrales obreras, tiene como telón de fondo el Decreto 160 que está en contravía del Convenio 151 de la OIT en lo referente a la negociación colectiva para trabajadores públicos. Dicho decreto no obliga al gobierno a pactar con los trabajadores pero si le sirve para lograr acuerdos espurios con una dirigencia sindical mayoritariamente conciliadora y totalmente entregada a los mandatos neoliberales. Mientras que en materia salarial los trabajadores solicitaron como ajuste el IPC (causado en 2014) más un aumento del 9%, el gobierno nada más ofreció IPC más 0.9% equivalente a un 4.56%. Finalmente la mayoría de la CUT aceptó el IPC + 1% aceptando la propuesta del gobierno de ampliar su vigencia a dos años (en contravía de lo presentado en el pliego). Esto es irrisorio si tenemos en cuenta que solo en los primeros cuatro meses de este año el IPC ha subido 2.95% y la inflación anualizada entre mayo de 2014 y abril de 2015 ya alcanza el 4.64% según el DANE. Santos fijó por decreto el salario mínimo para 2015 en 4.5% para el presente año. Esta es la línea para profundizar el modelo salarial de debilitar la capacidad adquisitiva de los trabajadores para que sean estos quienes paguen los costos de la crisis fiscal. En este contexto es importante destacar el importante Paro Nacional del Magisterio, que peleó su pliego en la calle y demostró que la combinación de los mecanismo de huelga y negociación, es la táctica para lograr posiciones en una batalla que sabe es de larga duración en la perspectiva de derrotar el modelo educativo neoliberal. Si bien la nivelación salarial acordada está muy por debajo de las justas demandas, no es correcto menospreciar los demás contenidos del acuerdo alcanzado. Pero es necesario reconocer que la forma como se levantó el paro, en medio de un importante estado de ánimo de lucha, en un momento donde miles de maestros estaban llegado a Bogotá, generó sin duda un gran malestar especialmente en las bases de los maestros del 1278. La experiencia de este Paro demostró tanto fortalezas como debilidades en el sindicato más fuerte del país. Una de ellas es la de mantener separada la conducción de la lucha gremial del campo de la lucha política, especialmente en un contexto de puja por la solución política negociada. Es importante continuar avanzando en un balance crítico y autocrítico con el objetivo de fortalecer la unidad magisterial y potenciar las luchas por venir. Para el Partido queda claro que es preciso reflexionar con sentido autocritico sobre nuestro papel dirigente dentro de la organización sindical. No es la práctica del gremio la que dirige al Partido, sino la política del Partido la que debe orientar el que hacer en los sindicatos. Es preciso continuar abonando esfuerzos por la unificación leninista de los núcleos del Partido en el magisterio, pues es la única forma de poder avanzar en la recuperación clasista de la dirección del movimiento magisterial. El movimiento agrario y la lucha campesina: El Congreso de Fensuagro Tras las jornadas de Paro Nacional Agrario y el posterior acuerdo con el gobierno nacional, el movimiento agrario había entrado en una fase de espera al cumplimiento de los compromisos adquiridos. A la par el gobierno continuó avanzando en su estrategia contenida en el Pacto Nacional por el Agro cuyo fin es de legitimar el Modelo de Desarrollo Rural en contravía de las necesidades de la población campesina y los trabajadores agrícolas. El incumplimiento gubernamental a las organizaciones de la Cumbre y las dilaciones para entrar a discutir de fondo el Pliego Nacional Unitario, la posibilidad de retomar las vías de la movilización en el corto plazo. En contraste se ha profundizado la política de persecución a la dirigencia agraria mientras que la población campesina continúa soportando la estigmatización, los atropellos y las violaciones a los derechos humanos en los teatros de operaciones militares. Esto de la mano de la nueva expansión de paramilitarismo en los territorios donde se mueve la economía campesina, los resguardos indígenas y las comunidades afrodescendientes. El XI Congreso Nacional de Fensuagro ha incorporado en su política estas realidades buscando fortalecer la unidad del sindicato como premisa para avanzar en la coordinación por un lado del movimiento agrario nacional, y por otro en su articulación con las demás luchas sociales y políticas del movimiento popular. En lo sucesivo es importante consolidar los acuerdos internos y reagrupar al Partido agrario en una estrategia de fortalecimiento de la línea unitaria. Algunas tareas de la Unidad en el momento actual Tal cual se preveía, después de las elecciones presidenciales se ha venido reconfigurando un nuevo mapa político en el país tanto en el campo de la clase dominante a través de la “unidad nacional” y el “Centro Democrático”, que mantienen sus disputas en un marco global de coincidencias de clase; como en el campo popular, de izquierda y alternativo. Los procesos socio políticos de articulación y unidad en el campo alternativo presentan avances valiosos pero todavía insuficientes para dar el salto cualitativo y cuantitativo necesario en la batalla contra las fuerzas continuistas y de la extrema derecha. La unidad de acción es lo que prima y las coincidencias políticas de mayor profundidad necesitan un impulso renovado en la práctica. Habría que apurar el paso, avanzar en los procesos de articulación y unidad a todos los niveles y lograr fortalecer el respaldo popular como parte del objetivo de una nueva correlación de fuerzas, sin la cual la consigna de un nuevo gobierno democrático para la paz será una quimera. En estas circunstancias, y teniendo como norte la vigencia del horizonte unitario trazado por el XXI Congreso y las orientaciones y objetivos principales definidos en anteriores plenos, se pueden registrar para el análisis y tener en cuenta en las definiciones, las siguientes consideraciones: - Construcción del Frente Amplio por la paz, la soberanía, la democracia y la justicia social. A seis meses de realizado el exitoso primer encuentro nacional del Frente Amplio en noviembre de 2014, éste ha venido ganando un reconocimiento político nacional pero todavía se encuentra en una etapa inicial de su desarrollo a nivel territorial y sectorial. La existencia de una crisis social y política sumada a los desafíos que conlleva el proceso de paz representa para el FA un escenario favorable en el cual podría proyectarse en el mediano plazo como movimiento articulador de diversas luchas y procesos, sin perder de vista la importante labor que viene desempeñando en el proceso de verificación del cese unilateral definido por la Farc – ep. El seminario interno de inicios de mayo trazo una ruta correcta para que el Frente Amplio no pierda el impulso y eleve su papel político en las próximas jornadas de la lucha por la paz, la lucha social y la competencia político-electoral, así como también se fortalezca programática y orgánicamente en las regiones y con los movimientos sociales y políticos que vienen librando importante batallas en defensa de derechos económicos, ambientales, políticos y sociales. La decisión de avanzar en procesos de FA internamente, además por municipios y departamentos, junto a la realización de un segundo encuentro nacional para el mes de junio, son orientaciones de primer orden para todas las fuerzas comprometidas, empezando por el PC. - Hacia la dinámica de un programa común. Una característica principal del Frente amplio es la coincidencia en aspectos estratégicos de la situación nacional e internacional en donde distintas fuerzas consideran pertinente intervenir y actuar conjuntamente. Tales coincidencias constituyen un rasgo particular del FA que lo diferencia de experiencias recientes de unidad y lo proyectan a perfilar su actuación en puntos programáticos que tocan de fondo la estructura del régimen político actualmente dominante. Esos puntos han sido en parte identificados desde el Encuentro de octubre de 2014. Han permitido avanzar en la acción conjunta y en las decisiones que han permitido al FA ir abriendo un espacio de conexión con la sociedad a pesar del desconocimiento por parte del alto gobierno. Han permitido, en el tema de Veeduría, mostrar un compromiso creíble con la paz, los derechos y las libertades de las comunidades en las fronteras de la guerra. Se ha ganado autoridad en la interlocución con sectores sociales, políticos, culturales, académicos y sindicales frente al tema de paz. De hecho, en torno del proyecto de FA se produce el acercamiento de un amplio movimiento por la paz, los derechos humanos, el libre desarrollo de la protesta social, la denuncia de la represión a esas protestas, las denuncias de los crímenes de activistas sociales, defensores de derechos humanos, activistas del movimiento por la paz; las denuncias de los hostigamientos y amenazas motivados en la lucha por la paz, la pertenencia a fuerzas políticas que integran el FA y la instigación al exterminio de personas por razones ideológicas. El FA ha posicionado en la sociedad colombiana la movilización organizada de masas como una forma de acción en la lucha por la paz. En la actualidad el proceso de diálogo atraviesa una fase crucial en la que la lucha democrática tiene un papel decisivo en la búsqueda el cese al fuego bilateral, el desescalamiento de guerra, los pasos hacia el cese de las hostilidades, la suspensión definitiva de los bombardeos, operativos y hostigamientos a la población civil, el control social en el respeto del cese al fuego unilateral de la insurgencia, el debido proceso, el trato humanizado a las y los prisioneros de guerra, a las y los presos políticos y víctimas de montajes judiciales, las decisiones que hagan posible su libertad. Los eventos, congresos, conferencias, asambleas, pronunciamientos orientados al desescalamiento son factores coadyuvantes en la acción colectiva por la paz. Creemos importante impulsar la constitución de los Consejos Municipales y Departamentales de Paz como parte del proceso de un movimiento nacional por la paz con justicia social. La construcción de una paz creíble y duradera es una acción democrática que tiene que contar con la intervención consciente y directa del pueblo. Que tal acción debe producir cambios en el Estado y en las políticas públicas para superar las exclusiones y desigualdades que han hecho de Colombia uno de los países más inicuos del mundo en provecho de minorías que usufructúan poderes y privilegios incompatibles con el llamado interés general. Para el FA la justicia social, las reformas del agro, de las normas de exclusión política, de las limitaciones para la libre organización de los ciudadanos en partidos y movimientos y a las coaliciones entre fuerzas alternativas, de la permanencia de un sistema electoral no digitalizado, proclive al fraude, de un estatuto de la oposición son objetivos fundamentales para la paz. - El papel de Unión Patriótica y Marcha patriótica. En otro nivel de mayores identidades señaladas por la declaración del anterior pleno como “puntales decisivos de la política de unidad” se encuentran estas dos fuerzas en las cuales el PC ejerce su presencia de diversas formas y con distintas responsabilidades. Sin desconocer inconvenientes que el pleno debe identificar con mayor precisión, hay que intensificar el diálogo y los acuerdos políticos mutuos a donde sea posible y a todos los niveles. Todo indica que en la táctica y la política de alianzas electorales se están presentando diferencias que están a tiempo de ser discutidas y atendidas en lugares de gran importancia como el Catatumbo, Caquetá, Huila, Bogotá, entre otras regiones. En otros territorios los acercamientos producen importantes frutos y se expresan en campos de trabajo diverso como la lucha por la paz y la movilización social. La responsabilidad del PC con la UP y MP debe traducirse en una mayor atención política y organizativa a sus debates, direcciones y planes de trabajo. En general son procesos que necesitan que el partido y la juventud le aporten más recursos y cuadros permanentes y estables para el cumplimiento de tareas específicas y no simplemente para el acompañamiento de reuniones y orientaciones. La complejidad del momento político conlleva una permanente lucha ideológica que exige persistencia, argumentos y mayor capacidad de trabajo. - El IV Congreso del PDA. El PCC saluda los anuncios que indican en la nueva etapa del Polo virajes importantes en su política, especialmente en los temas de la unidad y la lucha por la paz, a raíz de la nueva correlación de fuerzas internas que se expresó en su IV Congreso, y que a la vez estuvo precedido de una amplia votación que evidentemente comprometió a sectores no afiliados al Polo pero conscientes de su papel en el campo de la izquierda Lo anterior no indica que desaparezcan debates y diferencias con algunos enfoques, orientaciones y prácticas, entre ellas el anticomunismo que subsiste en sectores internos del PDA. Abogamos para que MP y UP discutan y definan unos criterios unitarios de relacionamiento con el PDA y sus tendencias, que deriven en potenciales acuerdos y alianzas en campos de la lucha social y de política electoral sobre la base del respeto mutuo, la colaboración y la solidaridad. - Los desafíos electorales de la Izquierda y las tareas del PCC. La disputa política electoral que se avecina el próximo 25 de octubre por los gobiernos municipales y departamentales ocupa una prioridad para la acción política de este momento. Adicional a los intereses clientelares y corruptos propios de la tradición bipartidista, las próximas elecciones incidirán en la refrendación o el rechazo desde los territorios de un futuro “acuerdo de paz estable y duradera” que surja de las negociaciones. La consigna central que orienta nuestra participación es el llamado a conquistar gobiernos y vocerías en concejos y asambleas locales y departamentales para la paz. Por ahora, la ley electoral vigente va en contra de las posibilidades de mayores alianzas y reagrupamientos que favorezcan a la izquierda. Al igual que las garantías son muy pocas desde todos los puntos de vista. En estas circunstancias, lo que se impone para el quehacer partido desde la Unión Patriótica, es una política muy amplia de alianzas y convergencias, sobre la base de acuerdos programáticos, resaltando por lo menos los puntos acordados en el FA, relacionados con el respaldo a la SPN, el cese bilateral, la defensa de lo público, las libertades democráticas, el medio ambiente, el territorio, el agua, el empleo digno, la participación y los derechos de las minorías, la lucha contra la corrupción, entre otros temas que deben ser precisados en plataformas municipales y departamentales, teniendo en cuenta los pliegos de paros regionales como en el caso de varios territorios. Una primera aproximación a un mapa electoral nacional indica que las condiciones electorales para las izquierdas y el conjunto de fuerzas democráticas no son las mejores. Peor aún, si prima la dispersión y no se materializan convergencias programáticas y políticas. Bogotá representa sin lugar a dudas la disputa principal y la propuesta hecha por la UP es la de una candidatura unitaria a la alcaldía en alianza entre la UP y el PDA más otras fuerzas sociales y políticas dispuestas a un gran acuerdo por Bogotá. En otras ciudades capitales e intermedias la situación es igual o más compleja debido a los altos niveles de corrupción y maquinaria. En síntesis, la propuesta partidaria en la UP, sin desechar ninguna candidatura en otras regiones, es concentrarse en departamentos y en municipios de trayectoria y tradición política comunista, patriótica y de resistencia social, con algunas candidaturas iconos que permitan reagrupar una presencia política propia y, a la vez, agitar los temas centrales de la lucha política actual. Entre estas candidaturas icono, la candidatura de Aída Avella sería una prioridad en la medida que permitiría recuperar en la capital de la república una presencia propia de la izquierda que representamos y no simplemente sumergirse en otro aval. Luchar contra visiones pragmáticas, instrumentales o desideologizadas de la batalla electoral surge entonces como un desafío que está a la orden del día, pues es evidente, que inclusive algunos aliados muy cercanos, ante el desafío de dar la batalla y defender un espacio propio, prefieren optar por otro tipo de fórmulas. Organizativamente el Partido debe fortalecer para esta tarea los equipos electorales de la UP a nivel nacional, departamental y municipal, y desde ahí desplegar su plan de alianzas y campaña. En este contexto, precisar y definir sus prioridades y sobre ellas desplegar un plan de acompañamiento y de apoyo dirigido desde las direcciones nacionales para garantizar su inscripción y el desarrollo de campañas lo más organizadas y modernas posibles. Urge que se superen las campañas tradicionales centradas en la militancia y ausentes de un contacto más audaz, abierto y propositico con el conjunto de la ciudadanía a partir del acompañamiento de sus organizaciones y sus luchas. Los reagrupamientos de la derecha a nivel regional exigen una política de alianzas del campo popular y de la izquierda priorizando lo programático, los principios y el apoyo al proceso de paz. Tenemos que convertir los procesos electorales en tribunas de denuncia contra las formas dominantes y descompuestas de la política electoral, la urgencia de un proceso constituyente, contra el nefasto Plan de Desarrollo de Santos, la perpetuación del narco-paramiltarismo y la necesidad de la finalización del conflicto armado interno. Nuestros Programas deben subrayar la lucha frontal por el desmonte del narco-paramilitarismo y la exigencia de la desmilitarización del conjunto de la sociedad. Elaborar programas regionales en esta perspectiva es un imperativo ético y político. No pueden predominar en esta etapa motivos inmediatistas, sin principios y pragmáticos, en los procesos de alianzas electorales. El destino a mediano plazo de la izquierda y el campo popular tiene siempre que ver con las actuaciones éticas y políticas en los momentos de dificultades. COMITÉ CENTRAL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO Bogotá, mayo 22 y 23 de 2015.