Desalojo y arbitrariedad
El 18 de Diciembre de 2013, la Inspección 11, de Policía de Suba, llegó con tanquetas y usando gases lacrimógenos intentó desalojar la Casa Cultural de Suba. La ayuda de la comunidad logró que el desalojo no fuera realizado. Desde esa época, la casa ha funcionado como un espacio de integración juvenil, donde se desarrollan encuentros culturales, de formación y hasta de agricultura urbana.
Según mencionan los habitantes de la vivienda, cuando se intentó desalojar, el informe de la inspección aseguraba que el inmueble habría sido vendido a otras personas, y que no se registró el pago del préstamo con el cual se compró la casa. Sin embargo, sus habitantes aseguran que el préstamo fue pagado, pero que la abogada a quien se le dio el dinero, nunca lo reportó.
Desde este primer intento de desalojo, esta casa se convirtió en un referente juvenil y social del barrio Corinto en la localidad de Suba. Pero desde hace un mes, había sido anunciado nuevamente el desalojo.
El pasado 17 de julio, en horas de la mañana, el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional junto a una tanqueta rodeó la casa, y se dispuso al intento de desalojo. Los vecinos, grupos juveniles y quienes habitan la vivienda, rechazaron el iprocedimiento por parte del Esmad. Según informaron defensores de DD.HH. que hicieron presencia en el lugar, transcurridas unas horas, la policía detuvo a once jóvenes que se encontraban en la casa, por supuesta “agresión a servidores públicos”. Los jóvenes eran Juan Bernal, Jorge León, Cristian Rozo, Carlos Rondón, Jeison Ortiz, Antonio Torres, Miguel Echeverri, Daniel Luna, Paula Quemba, Kimberly Moreno, Yesenia Gutiérrez y Karen Gutiérrez.
La comunidad denunció las agresiones de las que fueron víctimas las personas desalojadas. Los jóvenes, antes de llegar a la URI de Paloquemao, reportaron malos tratos, golpes y agresiones verbales por parte de la policía.
Tras su captura ante la supuesta agresión al servidor público, diversos colectivos y defensores de DD.HH., convocaron un mitin de solidaridad que logró convocar a mucha gente de la zona.
El viernes 18 de julio, cerca de las cinco de la tarde, las once personas fueron puestas en libertad después de que los abogados demostraran su inocencia ante los delitos imputados por la Fiscalía. Su regreso a la libertad fue celebrada a la salida de los juzgados.
