DESESCALAMIENTO, CESE AL FUEGO Y “DEJACIÓN DE ARMAS” EN COLOMBIA Retos y oportunidades del fin del c
CARLOS MEDINA GALLEGO Docente-Investigador Universidad Nacional de Colombia Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa Centro de Pensamiento y Seguimiento al proceso de Paz-CPSPP
El proceso de conversaciones de paz que se adelanta actualmente en Colombia entre las guerrillas de las FARC-EP y en Gobierno Nacional ha llegado a un momento de decisiones transcendentes en los temas de victimas, justicia y terminación del conflicto.
Importantes acuerdos entre las partes han posibilitado colocar al centro de la solución del conflicto el tema de las víctimas, que ha asumido, entre otros componentes, la responsabilidad de satisfacer los derechos de estas en los aspectos de verdad, justicia, reparación integral y compromiso de no repetición. Para avanzar en el tema, la mesa de conversaciones decidió unos principios para su abordaje que tienen que ver con el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad frente a ellas, la satisfacción de sus derechos, su participación en el proceso, el esclarecimiento de la verdad, la reparación integral; las garantías de protección y seguridad; la garantía de no repetición; el principio de reconciliación y un enfoque de derechos. Creó una Comisión Histórica del Conflicto Armado y las victimas (CHCAV) que ha presentado un informe sustancial sobre el origen, causas, permanencia e impacto del conflicto y una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la Reconciliación, que esta constituirse. .
En el tema de justicia las partes avanzan en la búsqueda de un modelo de justicia transicional o de justicia para la paz que posibilite a este respecto llenar los estándares de los compromisos internacionales en materia de suscripción de acuerdos y, las expectativas del país y la insurgencia sobre este tema, abordado en la premisa ampliamente enunciada de que no se van a intercambiar impunidades.
El tema de terminación del conflicto que constituye el punto 3 (tres) de la agenda cuenta actualmente con una subcomisión técnica constituida por militares activos y comandantes de las FARC-EP; sobre ellos se descarga la responsabilidad de marcar las rutas para desmontar la guerra en los aspectos técnico-militares y políticos. En la medida en que se decidió negociar en medio del conflicto no son pocos los problemas que ha tenido el proceso en materia de opositores y credibilidad dado que cada acción militar rebota sobre la mesa de conversaciones y, pese al esfuerzo que han hecho las partes para disminuir la intensidad de los enfrentamientos y a los acuerdos que han llegado en materia humanitaria, todavía el proceso encuentra muchos opositores.
Esta ponencia busca presentar los aspectos esenciales de lo que significa en este proceso el desescalamiento del conflicto, el cese bilateral y definitivo al fuego y la dejación de armas en el marco del punto de terminación del conflicto.
1. Sobre el fin del conflicto
En el punto tres de la agenda de conversaciones que toma en consideración el tema del fin del conflicto las partes han considerado que este debe ser un proceso integral y simultáneo que implica al menos seis componentes: a.- Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo. b.- Dejación de armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político–, de acuerdo a sus intereses. c.- El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. d.- En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de DDHH, movimientos sociales o movimientos políticos. f.- El gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. g.- Garantías de seguridad. h. En el marco de lo establecido en el punto quinto (Víctimas) de este acuerdo, se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. La firma del acuerdo final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.
Consideraciones preliminares acerca de los proceso de terminación del conflicto
Para que un proceso de terminación de conflicto y desarme, en el caso colombiano y en particular con las FARC, sea exitoso debe asemejarse lo menos posible a la rendición o a la entrega. Esta condición es esencial para la propia representación de la fuerza política y su cohesión interna. Las FARC-EP es muy posible que no tome como ruta la “desmovilización”, ni la entrega de armas porque en sus imaginarios estos actos son considerados como propios de una fuerza derrotada.
La terminación del conflicto, como “dejación de armas”, se define más como una decisión política que como un hecho militar. El paso de la lucha armada a la lucha política en el marco del ordenamiento institucional lo que convoca en su esencia en un proceso de “normalización” de los alzados en armas con la preservación de la identidad política de las FARC que es la base desde la cual se construye como fuerza política institucionalizada. La Farc no tienen que abandonar su proyecto político estratégico de poder, su existencia se trasforma de manera que la nueva ruta es en lo esencial política en el marco del ordenamiento constitucional y jurídico. Es el cambio de la percepción de la organización de enemiga a adversaria política, legal y legitima.
El proceso de dejación de armas y terminación de conflicto debe enmarcarse en un trabajo de disminución de los márgenes de incertidumbre de los actores armados y el aumento de la confianza y seguridad en el proceso de paz que se adelanta. Así como, en el aprestamiento de las fuerzas insurgentes y militares para la terminación del conflicto, lo que demanda un esfuerzo más amplio en ambas fuerzas de educación y cultura para la paz. Esto implica, también, la transformación de los estados emocionales y el direccionamiento de los combatientes hacia un nuevo proyecto de vida sin armas y, de la fuerza pública de la redefinición de las relaciones cívico-militares y ajuste de la política de seguridad y defensa.
Desde luego, en un momento determinado del proceso va ser necesarias tres acciones que son difíciles de emprender sin garantías suficientes, la confianza entre las partes y la responsabilidad mutua del debido cumplimiento de los acuerdos: Primero el cese bilateral y definitivo del fuego; segundo, la declaración política de dejación de armas y la definición de la ruta que deben seguir esas armas hacia su desaparición definitiva y, tercero, la normalización de las fuerzas insurgentes como ciudadanía con derechos.
Esto esta precedido por un retiro de las órdenes de captura de combatientes y comandantes y, la liberación de prisioneros, en el marco de un acuerdo de aplicación de justicia, entre las partes. Este aspecto es esencial para la creación de las garantías y legitimidades para la participación política de quienes se normalizan.
2. Definición y diseño del acuerdo de cese bilateral al fuego
Existen en el desarrollo del proceso que antecede la declaratoria de cese bilateral y permanente del fuego, algunos requisitos que la subcomisión técnica y la mesa de conversaciones en pleno deben proveer, tomar en consideración y acordar. Estos elementos son los que guían el trabajo de quienes hacen el seguimiento y la verificación en campo.
Primero. Debe existir un documento central que es la base del acuerdo del cese bilateral, guiado por unos principios generales y una agenda ejecutiva que pone en marcha y materializa el proceso de implementación del cese bilateral al fuego.
Segundo. Estos documentos deben ser claros y deben tener para las partes el mismo significado y la misma intencionalidad de sentido; para ello, es necesario, en todo caso, tener un glosario de términos, que de unidad de significado y sentido a cada una de las categorías utilizadas que puedan generan ambigüedad y confusión.
Tercero. Debe crearse un código de conducta, practica y ética, para las partes, a partir del momento que se inicia el proceso de implementación de cese al fuego bilateral. Ese código de comportamiento se define como un manual de convivencia de transición hasta que se produce la normalización integral y los nuevos ciudadanos cuentan en igualdad de condiciones que los demás con sus respectivos derechos, protegidos y salvaguardados, por la sociedad y el estado del que ahora hacen parte.
Cuarto. Definición de las misiones internacionales y la formulación clara y expedita de su rol en el proceso de terminación del conflicto, que debe estar precedida de una capacitación lo más completa posible sobre la naturaleza del conflicto y el estado de desarrollo de las conversaciones y los acuerdos, realizada en común acuerdo por las partes.
Quinto. La creación o designación de un grupo nacional de trabajo de acompañamiento al proceso y a las misiones internacionales de carácter interino. Entre este grupo y las misiones internacionales puede crearse para efectos de la superación de los momentos más difíciles del proceso una Comisión de Mediación de Crisis (CMC), la cual se puede convocar a petición de las partes, para ayudar a subsanar las dificultades y garantizar el éxito del proceso. Esta comisión debe contara con su correspondiente Protocolo de Solución de Crisis (PSC), concertado con las partes.
Sexto. La elaboración e implementación de una estrategia comunicativa amplia dirigida hacia la población, que sea didáctica, educativa y aumente la confianza y la seguridad en el proceso.
3. Elementos de planeación e implementación
El desescalamiento del conflicto, el cese bilateral y la dejación de armas tiene unos protocolos de planeación e implementación básicos sobre los cuales se hacen las ejecutorias pertinentes, entre ellos, lo que constituyen el ABC del proceso son los siguientes:
Primero: La conformación del equipo coordinador general y la estructura de funcionamiento de acuerdo al mandato otorgado de Cese al fuego o terminación de conflicto. Así como la definición clara de sus funciones y la delimitación rigurosa de sus roles.
Segundo. Creación y capacitación del equipo, tomando en consideración el perfil de cada uno de los integrantes de la misión, el enfoque nacional, regional y local y, el abordaje temático en la implementación del proceso: a) desescalamiento, b) cese bilateral, c) terminación del conflicto, d) dejación de armas (gestión de armamento-desminado), e) normalización/institucionalización, f) protocolos y esquemas de seguridad, g) comunicación, pedagogía de paz y convivencia y h) democracia y participación política.
Tercero. Definición de distintivos institucionales oficiales para las fases operativas sobre el territorio.
Cuarto. Definición de la metodología de recolección de información.
Quinto. Cronograma por etapas y fases especificando cada una de las acciones a emprender, los responsables, objetivos y metas medibles, las poblaciones a intervenir y los territorios.
Sexto. Diagnostico operativo militar del estado de la guerra en los territorios y la percepción de un ambiente de trabajo que puede resultar hostil y que requiere de la neutralización de fuerzas perturbadoras (institucionales, parainstitucionales, paramilitares, políticas, o de cualquier otro tipo).
En la medida en que el proceso avanza y las decisiones se hacen más irreversibles, es necesario emprender otro conjunto de acciones que van definiendo en la práctica la finalización definitiva del conflicto. Esta etapa demanda de que se hayan superado todas las desconfianzas, inseguridades, incertidumbre y que se haya alcanzado la mayor confianza, seguridad y sentido de responsabilidad compartida de las partes con lo acordado:
Censo-Registro a los combatientes y sus armas. Caracterización de la población combatiente, para la disposición de las acciones futuras que comprometen su normalización sin traumatismos de ningún tipo y su desarrollo en el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos.
División geográfica por estructuras y regiones. Cartografía de terminación de conflicto que compromete todos los actores. Desmilitarización de los territorios. Concentración de fuerzas – retorno a los batallones. Acuartelamiento. Disolución de fuerzas insurgente retorno a la vida institucional, social, económica y política de la nación.
Creación de zonas humanitarias de seguridad y paz. Corredores humanitarios. Para salvaguardar la vida de la población y los combatientes normalizados, ahora ciudadanos con derechos. Procesos de cedulación e inscripción en el Sistema Nacional de Salud. Sisbenización.
Operaciones y garantías de seguridad. Planes de seguridad al proceso en curso (combatientes-población).
Establecer con claridad los criterios que tienen que ver sobre la gestión en el manejo de armas y el personal armado de ambas partes, hasta que se produzca la dejación de armas de la insurgencia y el Estado haga uso legal y legítimo del monopolio de la armas
Todo este proceso requiere de la constitución de un fondo de terminación de conflicto que posibilite desarrollar todas las acciones, contratar el personal y contar con la logística que requiere el proceso.
4. Elementos de seguimiento, monitoreo, verificación y evaluación
El seguimiento, monitoreo, verificación y evaluación del proceso de cese bilateral al fuego debe contar con unos mecanismos e indicadores que permitan que los procesos se adelanten con eficiencia y sin sobresalto alguno, aunque en el caso que se presentara algún hecho perturbador que amenazara el procesos se debe contar con un protocolo para resolución de crisis.
Este procesos debe establecer un concepto de monitoreo conjunto y social que involucre
gobierno-grupo armado en el proceso de dejación de armas y la sociedad civil en territorio, con el correspondiente acompañamiento nacional e internacional.
Debe existir una misión de información que incluye la sección de quejas, violación de acuerdo y evaluación. Así mismo se debe contar con una comisión de Asuntos Humanitarios, con la principal tarea de identificar, controlar y dar seguimiento a los programas de promoción y apoyo a la paz, prevenir la violación de los derechos fundamentales y en particular del derecho a la vida.
Inserción integral y sustentable de los combatientes, para evitar cualquier proceso de bandolerización o delincuencialización, debe contarse con una oferta de oportunidades ( ciudadanas, educativas, laborales, bienestar, políticas…)
Resulta de la mayor utilidad el impulso de un Programa de pedagogía de paz, convivencia y resolución pacífica de conflictos, dirigido en lo fundamental a generar una cultura de paz. Todo este proceso tiene que terminar en la Ampliación y profundización de la democracia y en el paso de la condición de enemigo a adversario político con todas las garantías que una verdadera democracia debe ofrecer a sus ciudadanos.
El objetivo final es crear una atmósfera de estabilidad que permita una vida social y política en el país sin ninguna intimidación por parte de ningún grupo armado o ejército y, el reconocimiento y apoyo, para la integración productiva de los combatientes.
5. Retos y oportunidades.
Cinco podrían ser los retos que tendrían que superarse para la finalización del conflicto armado en el país y que abrirían la posibilidad a una sociedad moderna, democrática y construyéndose en paz y con justicia social:
1. Superar el síndrome de aniquilamiento seguido por la organización en la experiencia de la Unión Patriótica. 2. Enfrentar el problema del paramilitarismo y el crimen organizado. 3. Redefinir las lógicas de tratamiento institucional a los conflictos sociales, construyendo nuevos relacionamientos en el marco de nuevas dinámicas de gobierno, gobernabilidad y gobernanza. 4. Construir legitimidades para las fuerzas institucionalizadas en el desarrollo de las luchas políticas democráticas. 5. Garantizar la sustentabilidad del proceso y el no retorno a la guerra.
Las oportunidades que se abren con la finalización del conflicto armado en Colombia son múltiples, pero, entre ellas, se podrían enumerar cuatro fundamentales:
1. Construir un nuevo modelo de desarrollo social y político incluyente e integral que garantice nuevas dinámicas de bienestar social en equidad. 2. Potenciar las posibilidades constitucionales de construir una nueva arquitectura institucional y legal que posibilite la ampliación y profundización de la democracia. 3. Reorientación escalonada del gasto militar hacia la seguridad ciudadana y a una agenda social de bienestar en el marco de una concepción de seguridad humana. 4. Conducir el postconflicto hacia una cultura de resolución pacífica y dialogada de los conflicto en el marco de una cultura democrática de Paz. 6. Transformación de la fuerza pública en el postconflicto en la redefinición de los riesgos y las amenazas, devolviendo a las fuerzas militares y de policía a sus roles naturales.
Una de las mayores preocupaciones de distintos sectores de la sociedad, del gobierno y de la institución militar, es el futuro de la fuerza pública y, en particular de las fuerzas militares a partir de la terminación del conflicto armado y en el marco de una sociedad que se construye en un modelo de democracia incluyente y participativa, en el marco de un Estado Social de Derecho donde los conflictos se desarrollan y se resuelven por los causes institucionales.
Existe un consenso general en relación con la necesidad en el postconflicto del fortalecimiento de la institución de la policía, dada el crecimiento acelerado de los delitos comunes y de la delincuencia organizada y el crimen trasnacional. El fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana y su avance hacia un modelo de seguridad humana hace parte del universo de propuestas y discusiones que hay al respecto.
Lo anterior quiere decir, que la policía debe retornar, al terminar el conflicto armado, al desarrollo de las actividades que son propia de su naturaleza y propósitos como institución que están en el ámbito de lo cívico y ciudadano, abandonando la creciente militarización a la que fue sometida, como consecuencia de la complejidades del conflicto colombiano. Ese proceso requiere, inevitablemente, de una fase de reeducación de sus miembros en el ámbito de la vida ciudadana democrática y la práctica de los derechos humanos. Igualmente, de una limpieza de las fuerzas de policía que sufrieron por contacto en el terreno de contaminación con actos de criminalidad, delincuencia organizada y prácticas de brutalidad y terrorismo. Se requiere de una policía más al servicio de la ciudadanía, más cerca de ella y más querida, valorada y respetada por los ciudadanos. Una policía en que la ciudadanía pueda confiar y no tema. Más cordial, más profesional.
Igualmente el rol de las fuerzas militares debe volver a sus causes naturales, superar su concepción de fuerzas contrainsurgentes, para colocarse en las tareas que hoy competen, en un mundo globalizado, a las fuerzas militares, en las tareas de la defensa nacional y la seguridad regional y global.
El presente y el futuro de la fuerza publica
El presidente Juan Manuel Santos, el General ® Jorge Enrique Mora Rangel y toda la cúpula de generales de la Fuerza Pública se dieron cita el 1 de abril 2015, en la base militar de Tolemaida, para enfrentar todas las dudas que al respecto del proceso de paz pudieran tener los militares activos y de la reserva. La importancia de este encuentro radicó en que el Presidente asumió de manera directa la construcción del presente y futuro de la Fuerza Pública y enfrentó a quienes en distintos momentos, y a través de diferentes mecanismos, han boicoteado el proceso y han señalado que en La Habana se está negociando la claudicación de la Fuerza Pública frente al terrorismo.
Hace parte de las dinámicas del proceso de paz, en el desarrollo de sus avances, comenzar el trabajo de pedagogía que debe llenar de certidumbre a todos los sectores de la sociedad y, con mayor razón, a aquellos que estuvieron comprometidos en el desarrollo de la guerra y que ahora ven con algo de incertidumbre su futuro, por la oleada de desinformación con que se construye la oposición al proceso. Enfrentar a quienes, desde la reserva y el servicio activo, cuestionan las decisiones y acciones que se toman y se emprenden para llenar de certezas el difícil camino de construcción de seguridades y confianzas en materia de la terminación del conflicto y la construcción de la paz, constituye una tarea de primer orden. Enfrentar a quienes desde el ámbito de la política y de sus particulares intereses medra al interior de las fuerzas militares y de policía, y las instrumentalizan al servicio de su oposición al proceso, resulta de la mayor importancia.
Generar una atmósfera y un ambiente del mayor respaldo y de la mayor seguridad al interior de la Fuerza Pública, en relación con el proceso de paz, es sin la menor duda una de las tareas más urgentes que tiene el gobierno y en las que tiene que poner al frente a quienes cuentan con el mayor reconocimiento y legitimidad frente a las fuerzas militares: sus más altos oficiales y sus representantes en la mesa de conversaciones.
El discurso del Presidente, en Tolemaida, resulta ilustrativo al respecto, en la medida que se fija como propósito hablar con claridad y franqueza a las fuerzas militares, para aclarar sus dudas y enfrentar la campaña de desinformación que se ha estado desarrollando a su interior, generando incertidumbres e inconformidades. Más allá de la información sobre los avances en materia económica y social del país en los ultimos años, en particular durante su gobierno, y de las deudas impagables que se tienen con la Fuerza Pública por sus servicios y sacrificios, resulta relevante en las declaraciones de Tolemaida colocar en blanco lo que tiene que ver directamente con la situación presente y futura de la Fuerza Pública, de lo que deben esperar en materia de seguridad, estabilidad y bienestar y de cuáles son los posibles roles a jugar en el postconflicto.
Resulta inevitable señalar que, sobre las acciones de la Fuerza Pública y la capacidad de la misma para garantizar el orden público, el Gobierno Nacional se fija como propósito fortalecer la confianza inversionista y poner en marcha las locomotoras de las economías extractivas. Ese es un fundamento esencial de la política de seguridad y defensa más allá de cualquier otra intención de orden social o institucional. Una paz para los inversionistas y el capital. La paz con justicia social es un reclamo legítimo de las comunidades que hace parte esencial de las luchas del presente y del futuro de los movimientos sociales en el post-acuerdo, y no va a ser el resultado del mismo, sin que ello signifique que no se vayan producir cambios significativos con los mismos.
Los reconocimientos de trabajo y sacrificio de la Fuerza Pública hacen parte de las obligaciones institucionales que convocan su cohesión, el fortalecimiento de su moral de combate y la obediencia debida a las instituciones. Señalar el camino de su fortalecimiento en el postconflicto armado es salir al paso a todo intento de insubordinación y desobediencia de cualquier sector, para mantener unida y cohesionada la totalidad de la Fuerza. Afirmar, que el futuro de la Fuerza, independientemente de si hay que hacer ajustes, redefinir roles y establecer nuevos frentes de acción, no será discutido, negociado o conversado en la mesa, constituye una premisa de confianza para la institución militar, aunque es absolutamente claro que una Fuerza que se ha preparado para la guerra no puede seguirse comportando de la misma manera en una sociedad en paz.
Tanto el Presidente, como el general Mora Rangel, insistieron en la necesidad de que los oficiales, los suboficiales y la tropa en general entiendan: primero, que todos los conflictos armados y todas las guerras se solucionan en una mesa de conversaciones políticas en las que se llegan a acuerdos políticos, y segundo, que el papel de las fuerzas armadas, no es hacer la guerra, que es por lo general una situación excepcional, sino mantener la paz. Estas afirmaciones resultan relevantes en la medida que es muy dado y frecuente que, al interior de la Fuerza Pública y en la mentalidad de algunos de sus más deplorables asesores, se considere que la función de la Fuerza Pública, en particular de las fuerzas militares, es hacer la guerra. No. La función constitucional de las fuerzas militares es mantener la paz, la seguridad de la nación y de sus instituciones. Como tampoco puede ser el propósito de la insurgencia convertir la guerra, que es un medio, en un fin. El propósito de uno y otros debe ser la paz, pero por lo visto no es entendida de la misma manera: para unos, es el silenciamiento de los fusiles, en la ruta de los cambios democráticos, y para otros, es la paz con cambios estructurales y justicia social. Ponerse de acuerdo en una ruta que posibilite los cambios para la paz más justa posible es lo que justifica una mesa de conversaciones, al igual que la firma de unos acuerdos políticos.
Lo más importante de las declaraciones de Tolemaida, no solamente fue haber puesto en claro las relaciones de los militares con el proceso de paz y enfrentar las dudas y la desinformación metódica de la oposición y de “algunos” oficiales activos y de la reserva, sino comenzar a arriesgar propuestas para los roles de la Fuerza Pública en el post-conflicto armado, a partir de algunos enunciados esenciales dirigidos a construir confianza en el porvenir de las instituciones militares.
Señalar que el futuro de la Fuerza Pública, no solo está asegurado, sino que se va a mejorar: Que permanecerán en los cuarteles en salvaguarda de la soberanía, haciendo presencia en el territorio, defendiendo las fuentes de agua, los ríos y mares, haciendo obras de ingeniería, defendiendo la seguridad de los colombianos, capacitándose, construyendo e enriqueciendo su desarrollo personal, estando más tiempo con sus familias, contando con mayor bienestar y seguridad social, con programas de salud, educación y vivienda. Que las fuerzas, ni sus presupuestos van a ser disminuidos, que estarán para proteger las fronteras y desarrollar misiones internacionales de paz, para formar a las fuerzas militares de América Central y del Caribe, acompañar y asesorar a las policías regionales en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, para participar en ejercicios militares en la seguridad mundial, entre otras funciones que de alguna manera se apartan de la lucha contrainsurgente y se centran en la oferta de seguridad ciudadana que necesita el país, por el crecimiento vertiginoso de la delincuencia común y organizada nacional y trasnacional.
Si bien por ahora es un discurso que debe adquirir, con el avance del proceso, las dimensiones de realidad que debe tener, cumple con la función de espantar angustias e incertidumbres, que reclaman no solo certezas sino seguridades para la institución. El General Juan Pablo Rodríguez, Comandante de las FFMM, hizo saber en su intervención la preocupación de la Fuerza Pública por estos aspectos, pero adicionalmente por uno que se coloca al centro de las urgencias del conjunto de la fuerza pública: la seguridad jurídica.
El tema de víctimas, no solo convoca la responsabilidad de las FARC-EP y de la insurgencia en general, sino además del Estado, su Fuerza Pública, sus alianzas con los paramilitares, el narcotráfico y los terceros involucrados (trasnacionales, empresarios, ganaderos, comerciantes, élites económicas y políticas regionales…), lo que hace del tema de justicia un problema de mayor preocupación.
Para el Presidente, la justicia transicional constituye un recurso en materia de justicia para tratar de hacer compatible el respeto por los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición, con el objetivo fundamental de lograr la paz. Encontrar un término medio, un punto de equilibrio, en donde se pueda atender la demanda de aplicar una justicia, así sea en condiciones especiales, con el propósito de lograr la paz y cumplir con los estándares mínimos en materia de justicia que obligan los acuerdos internacionales.
Las FARC-EP han manifestado que el logro de la PAZ se da como un hecho político y que la justicia para la paz debe ser el resultado de un proceso de acuerdos entre las partes en la mesa de conversaciones que debe involucrar a todos, no solo a quienes participaron de manera directa en el conflicto sino también a quienes lo hicieron de manera indirecta.
El problema de la seguridad jurídica, que ha sido una de las preocupaciones del Procurador Alejandro Ordoñez, lo es del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y de la Fuerza Pública. Las FARC-EP saben que deben tener las garantías suficientes en materia de seguridad física, como para cuando dejen las armas no los maten, como ya ha ocurrido en procesos anteriores con dirigentes de otras organizaciones, ni los llamen a juicio y los extraditen posteriormente por otros delitos, como igualmente ha ocurrido anteriormente con otros procesos. En materia de seguridad jurídica, en el orden de justicia que se establezca, llámese como se llame, cualquier beneficio que se le dé a la guerrilla se le va a dar también a los miembros de la Fuerza Pública y en ese aspecto las FARC-EP ni el Gobierno tiene objeciones. Seguridad jurídica para unos, seguridad jurídica para los otros. Si hay justicia transicional aplicada a las FARC-EP también habrá una justicia transicional aplicada a las Fuerzas Armadas. Lo que queda de por medio es que también haya justicia para la víctimas y se garanticen la totalidad e integralidad de sus derechos.
Un largo camino de pedagogía de paz ha emprendido el Gobierno al interior de la Fuerza Pública, para lo cual se ha colocado al frente el Presidente, la comandancia general, los delegados de la Fuerza Pública en la mesa de conversaciones y, seguramente, la Comisión de Transición y Paz de oficiales activos que lidera el General Javier Flórez.
Un trabajo similar de construcción de expectativas y seguridades de futuro debe iniciar las FARC-EP con sus combatientes, en esta etapa de desescalamiento del conflicto (que desafortunadamente ante la ausencia de un acuerdo de cese bilateral al fuego se encuentra con hechos tan deplorables para el proceso como los de la Zona rural de La Esperanza en Cauca que ha dejado 10 militares muertos y 20 heridos). El paso de la actividad militar a la vida social, económica, cultural y política del país demanda de un trabajo de pedagogía y educación que no se puede dejar para después. Si el proceso marcha de manera decidida hacia su terminación, estos combatientes no tienen tantas seguridades y seguramente mayores incertidumbres que los miembros de la Fuerza Pública. En la mesa de conversaciones debe comenzarse a construir el futuro de esos combatientes para que su tránsito hacia la paz resulte lo menos traumático posible y lo más seguro que se pueda construir.
7. La urgencia de Hoy: desescalar el conflicto y llegar a un cese bilateral al fuego definitivo
Desde mi percepción de académico que no entiende mucho de las minucias de la guerra, pero si de las necesidades de los territorios, las poblaciones, los movimientos sociales y políticos y las victimas, desescalar el conflicto no sería otra cosa que las partes, decidieran de común acuerdo, dar cumplimiento estricto a las leyes de la guerra, al estatuto de combatientes, a la aplicación rigurosa del Derecho Internacional Humanitario y a la salvaguarda y aplicación de los Derechos Humanos, entre otras posibilidades del derecho internacional, aplicado al contexto y realidades del conflicto armado colombiano.
Esto implicaría por ejemplo, para las partes, varios aspectos que me permito señalar de manera puntual, sin que estos se constituyan más que un referente:
• Establecer una clara diferencia entre combatientes y no combatientes, entre combatientes y población civil, un compromiso de salvaguarda de la vida y los bienes de la población civil, y la vida y la integridad de los combatientes que en medio de la confrontación queden en condiciones de indefensión, la no ejecución, ni practica de tortura y el reconocimiento pleno de sus derechos en las mejores condiciones posibles. No incurrir bajo ninguna circunstancia en prácticas de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Hacer uso de la fuerza teniendo como criterios absoluta necesidad y proporcionalidad.
• Disminuir en los territorios y las poblaciones el uso desproporcionado de las armas convencionales (Bombardeos y ametrallamientos) y no convencionales (Cilindros, bombas o tatucos, minas) y no emplear métodos o medios de combate cuyos efectos no es posible limitar de conformidad con lo prescrito o que están proscritos de los usos y costumbres de la guerra. No emplear métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto. Ni emplear métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar.
• No realizar ataques indiscriminados, como parte de una estrategia de sembrar terror en la población civil. No hacer padecer hambre a las personas civiles como método de combate. Ni Atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Ni utilizar el bloqueo o el asedio como método de combate contra la población civil.
No atacar las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber: las presas, los diques, torres de energía eléctrica gaseoductos.
• Acordar procesos de desminado que afectan a la población civil y del uso de todo tipo de artefactos explosivos que pueden ocasionar muertes, lesiones físicas, mutilaciones o afectaciones de tipo mental, psicosocial y económicas a la población.
• Suspender el ataque a la infraestructura estratégica del país. Frenar la toma violenta de poblaciones.
• No ocupar escuelas, ni iglesias, ni hacer uso indebido de la misión medica. Ni incurrir en ocupación, destrucción, inutilización, o cualquier otra forma de causar daño a instituciones educativas, religiosas o de salud para destruir parcial o totalmente los lugares, causar muertes o daño a la población civil y a funcionarios, o sembrar temor entre ellos. Igualmente no interferir en el normal funcionamiento de las instalaciones ni utilizarlas como albergue o para hacer campañas y distribuir propaganda.
• No incurrir en ejecuciones extrajudiciales, ni en detenciones-secuestro desapariciones, ni retenciones o capturas. No utilizar a retenidos como rehenes. Liberar a secuestrados sin condiciones y de manera inmediata, a prisioneros de guerra y a presos políticos que se encuentren en condiciones críticas de salud y que no representen ningún peligro para la sociedad.
• Garantizar a presos políticos y a prisioneros de guerra el ejercicio de sus derechos. No mantenerlos incomunicados, aislados y en riesgo, ni incurrir en tratos crueles, inhumanos y degradantes.
• Ofrecer todas las condiciones para que se garantice el debido proceso tomando en consideración aspectos como: Informar al acusado de los detalles de la infracción que se le atribuye. Garantizar al acusado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios. Condenarlo por una infracción con fundamentos distintos a los de la responsabilidad penal individual. Condenar a una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho (terrorismo). Imponer al condenado una pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse la infracción y con premeditación por su condición política o ideológica; Impedir que el condenado se beneficie de una pena más leve si, con posterioridad a la comisión de la infracción, la ley la dispusiera. No presumir la inocencia de una persona acusada o presumir su culpabilidad sin pruebas recaudadas conforme a la ley. Impedir que la persona acusada se halle presente al momento de ser juzgada. Obligar a la persona acusada a declarar contra sí misma o a confesarse culpable.
• No incurrir en prácticas de reclutamiento forzado de la población, ni de niños ni niñas y adolescentes (NNA). Sacar a los menores de las acciones militares. No utilizar NNA como combatientes, cocineros, vigías, mensajeros, espías o informantes o para propósitos sexuales. Esta violación incluye la participación de NNA en actividades puntuales, como labores de inteligencia, independientemente de que hagan parte regular o no de un grupo armado o de las fuerzas armadas.
• No involucrar a la población en la guerra (informantes), ni hostigarla para sacarle información sobre el enemigo.
• No propiciar desplazamiento forzado de personas o grupos de personas, no apropiarse de sus pertenencias, ni generar actos de violencia generalizados. Oponerse a las formas del despojo y el desarraigo de pobladores. No instalar retenes, ni ejercer control sobre el abastecimiento. Permitir la libre circulación de los pobladores. No destruir casas, cosechas, ni semovientes.
• No incurrir en prácticas de agresión sexual contra las mujeres, lo que incluye violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
• Evitar las prácticas de discriminación racial contra combatientes y población civil que conducen al ejercicio de la violencia y a la violación de derechos fundamentales.
• Respetar los territorios y las poblaciones indígenas y afrocolombianas, su cultura, su organización social y política, el ejercicio de su autonomía sobre sus territorios. Además de considerar la categoría de grupos étnicos, es necesario incluir otros grupos como partidos políticos, población LGBTI, periodistas, sindicalistas, entre otros.
• Respetar el derecho a la movilización y a la protesta pacífica de los pobladores de las regiones, así como de los campesinos, trabajadores, ambientalistas, mujeres, defensores de derechos humanos, jóvenes, indígenas, comunidades afro- descendientes, estudiantes y en general de todas las formas organizadas de la sociedad civil.
Todas estas acciones unidas a un acuerdo que ya se está poniendo en marcha deben contribuir a general las condiciones para un cese bilateral y definitivo al fuego, que de por terminado el conflicto armado en Colombia.
