El terrorismo de estado en tres actos - El caso de Miguel Ángel Beltrán

“Muchos son los santos que están entre rejas de Dios y tantos asesinos gozando de este sol”.

León Gieco, Las madres del amor.

El 18 de diciembre de 2014, en plena huelga judicial, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó en segunda instancia al profesor e investigador Miguel Ángel Beltrán a 100 meses de cárcel, acusándolo del delito de rebelión. El pasado 31 de julio fue detenido y ha sido conducido a la Cárcel de La Picota, en Bogotá. Este hecho rubrica un sistemático proceso de persecución contra un intelectual crítico durante los últimos seis años, en que el Estado y sus diversos órganos han dado muestras de lo que significa el terrorismo oficial y pone de presente la certeza del dicho popular de que “la justicia es para los de ruana”. Analicemos tres actos de esta persecución.

Primer acto: secuestro en México

Miguel Ángel Beltrán se encontraba hacía nueve meses en México adelantando sus estudios de posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma, país en el que antes había vivido durante varios años. Su visa se le había vencido hacia quince días y para permanecer en el país necesitaba una visa definitiva y a Miguel Ángel le preocupaba que desde el Instituto Nacional de Migración (INM) lo llamaran con insistencia por teléfono. Era, como luego se comprobó, un señuelo para obligarlo a ir a esas oficinas a donde se tenía previsto secuestrarlo, como en efecto sucedió. El 22 de mayo de 2009 en compañía del abogado Jorge Becerril y de su esposa Luisa Natalia se dirigió a la sede del INM, a una cita previamente concertada con el Subdirector de Migraciones. Ingresó solo, mientras sus dos acompañantes lo esperaban afuera. Pasaron las horas y Miguel Ángel no salía, por lo que su esposa y el abogado demandaron por lo sucedido, a lo que un funcionario les respondió que aquél había sido trasladado a otra dependencia porque estaba en condiciones de ilegalidad, pero que no se preocuparan que pronto regresaría a su casa.

Sin imaginarse lo que había sucedido, Natalia se fue a su apartamento, encendió el televisor y vio con estupor imágenes que se transmitían desde Bogotá en las que se informaba que había sido capturado y traído a Bogotá un tal Jaime Cienfuegos, miembro de la Comisión Internacional de las FARC, que no es otro sino Miguel Ángel Beltrán.

En forma acelerada, algo que no suele caracterizar ni a los burócratas de México ni de Colombia, Miguel Ángel Beltrán fue agredido y sacado de las instalaciones del INM, metido a la fuerza en una camioneta y llevado al aeropuerto, donde un avión militar colombiano lo esperaba para traerlo, como producto del secuestro, a Bogotá. El régimen criminal de la “Seguridad Democrática” presentó al profesor como un peligroso terrorista y en persona el patrón del Ubérrimo se apresuró a decir que se había capturado “a uno de los terroristas más peligrosos de la organización narcoterrorista de las FARC”, regodeándose “porque este profesor de sociología dedicado a ser profesor del crimen esté hoy en las cárceles colombianas. Gracias por la buena voluntad del presidente de México”.

Estamos diciendo que el día 22 de mayo de 2009 aconteció un hecho vergonzoso en la historia de América Latina y de México en particular, puesto que dentro de las instalaciones del INM se secuestró en forma conjunta entre la DIJIN de Colombia y el Estado mexicano a un ciudadano colombiano. Violando los más elementales procedimientos diplomáticos, y echando por la borda una tradición centenaria de refugio a intelectuales y perseguidos políticos, el gobierno de Felipe Calderón autorizó el secuestro y la posterior entrega al régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez de un intelectual colombiano, y en la práctica intentó resucitar el Plan Cóndor de las décadas de 1970 y 1980, mediante el cual las dictaduras de Seguridad Nacional del Cono Sur intercambiaban personas que luego eran torturadas, asesinadas y desaparecidas.

Paralelamente, los medios de desinformación (RCN, Caracol, El Tiempo, El Espectador…) se encargaron de reproducir la versión oficial –ocultando la magnitud de los crímenes del Estado colombiano y reproduciendo, sin ningún sentido crítico, las mentiras propaladas por el régimen de Álvaro Uribe Vélez.

Miguel Ángel fue encarcelado, aduciendo como “pruebas reinas” los supuestos correos encontrados en el computador mágico de Raúl Reyes y sin ningún tipo de juicio, tanto los medios de desinformación como el inquilino de la Casa de Narquiño, ya lo habían condenado. Luego se efectuó una parodia de juicio, con pruebas deleznables y testigos amañados y torpes, en una burda acción en la que la defensa de Miguel Ángel desmontó una a una las mentiras y logró que fuera declarado inocente y saliera de prisión, tras dos años de encarcelamiento arbitrario.

Segundo acto: la muerte laboral

Cuando Miguel Ángel Beltrán fue secuestrado y traído en forma ilegal a Colombia, la Universidad Nacional, institución en la que se desempeñaba como profesor, no realizó ninguna acción de apoyo ni de solidaridad y tampoco le brindo ningún respaldo legal mientras estuvo en la prisión. Durante ese tiempo lo desvinculó de su nómina docente y tuvo el descaro, casi kafkiano, de enviar a un abogado a la cárcel, pero no para brindarle asesoría jurídica sino para comunicarle que debía responder por el inventario de las cosas que la UN le había adjudicado en su oficina o de lo contrario le abriría un proceso disciplinario.

Las directivas de la UN se plegaron a las decisiones arbitrarias de la “justicia colombiana” y nunca cuestionaron ni denunciaron los procedimientos terroristas del Estado colombiano. Aún peor, los académicos e investigadores de la UN –con honrosas excepciones– no se manifestaron para defender a uno de sus colegas, asumiendo una actitud cómplice con el terrorismo de Estado. Incluso, hubo profesores universitarios, incluyendo a miembros del Departamento de Sociología, que aplaudieron el secuestro oficial de Miguel Ángel, algo que se entiende porque éste les resultaba incomodo por sus posturas políticas y por los temas que investiga, relacionados con los problemas sociales de Colombia y América Latina.

Esa incomodidad aumentó cuando, tras salir de la cárcel, Miguel Ángel se reintegró a su cargo de profesor de la UN. El día que se presentó al Departamento de Sociología muy pocos se atrevieron a saludarlo y casi todos le dieron la espalda, literalmente hablando, en forma desdeñosa. Luego llegaron amenazas de muerte y Miguel Ángel partió al exilio, una terrible situación en la que el respaldo de la UN fue casi simbólico.

Estando en el exilio, el 3 septiembre de 2013 el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, lo destituyó de su cargo de profesor, basándose en las mismas evidencias por las que había sido absuelto, principalmente en el supuesto computador mágico e indestructible de Raúl Reyes. Durante varios meses estuvo en suspenso la destitución, tiempo durante el cual unos cuantos profesores y estudiantes de la UN y otras universidades se movilizaron y denunciaron la persecución al pensamiento crítico y a la libertad de pensamiento. En este lapso, Miguel Ángel se reintegró a su trabajo a comienzos de 2014 e impartió cátedra durante el primer semestre académico de ese año.

Pero Ordóñez no cesó en su empeño inquisitorial y el 24 de julio de 2014 confirmó la destitución de Miguel Ángel Beltrán y la prohibición de ejercer algún cargo público por los próximos trece años. El rector de la UN, Ignacio Mantilla, dando muestras de una vergonzosa postración ante la Procuraduría procedió a destituirlo, sin cuestionar la decisión de Ordóñez ni reivindicar el derecho a la autonomía de que goza la universidad. Se basó en conceptos jurídicos de abogados “progresistas” para quienes era preferible la destitución de Miguel Ángel Beltrán a oponerse a la decisión de la Procuraduría, puesto que según su retórica sofística esta última posibilidad implicaba cuestionar el Estado de Derecho, algo inaudito para su cretinismo jurídico. Lo lamentable radica en que una institución universitaria, uno de cuyas banderas es la libertad de opinión y pensamiento, haya asumido como válidos los pobres argumentos del Procurador que acusó a Miguel Ángel de formar grupos de investigación y de escribir artículos y foros con “sentido político”, en los que se admitía que el conflicto armado en Colombia se había originado en la lucha de los campesinos, lo que la Procuraduría consideró como una instigación al terrorismo.

De esta forma, las autoridades universitarias –con el apoyo tácito del grueso de la comunidad académica– pusieron en juego un nuevo engranaje del terrorismo de Estado: la muerte laboral. En efecto, la destitución de su cargo de profesor en la UN significa en la práctica para Miguel Ángel Beltrán la muerte laboral, porque está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 13 años (toda una vida en términos laborales) y después de esa destitución es dudoso que alguna otra universidad quiera contratar a un profesor destituido por la Procuraduría, sobre el cual además se han difundido toda clase de mentiras y calumnias.

Tercer acto: la condena

Lo que faltaba, luego de la destitución de la UN, a finales del 2014 se conoció la condena proferida por un miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 100 meses de cárcel por el delito de rebelión. Esta segunda instancia se derivó de la apelación que hizo un Fiscal a la decisión de dejar libre a Miguel Ángel Beltrán. Aunque en apariencia esta decisión no se basa en las pruebas “mágicas” que se esgrimieron luego del secuestro en México, a la larga las avala, como lo señala una información de El Espectador: “Según la Fiscalía General, el profesor universitario era alias ‘Jaime Cienfuegos’, ideólogo de la comisión internacional de las Farc. El ente acusador llegó a esa conclusión luego de revisar los documentos que se encontraron en el computador del jefe guerrillero alias ‘Raúl Reyes’, abatido el 2 de marzo de 2008 en la frontera entre Colombia y Ecuador”. Esto fue lo que dijo la Fiscalía y eso fue lo que asumió como valido el Tribunal Superior de Bogotá.

No deja de ser sintomático que la condena se haya dado en pleno paro judicial en el país, lo que indica que los miembros de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá son esquiroles. Aparte de esta curiosidad, queda claro que el aparato judicial en Colombia es otra instancia propia del terrorismo de Estado, y no es ningún poder independiente, como lo afirma la teoría liberal sobre la separación de las ramas del Estado y por eso actúa con claro criterio de clase para perseguir a estudiantes, profesores, campesinos, trabajadores, mujeres pobres…

Mientras sobre estos recae la fuerza del Estado, como se evidencia con el origen social de los miles de presos comunes y políticos que abarrotan las cárceles en el país y a los que se trata peor que animales, a los delincuentes y criminales de cuello blanco se les conceden todo tipo de gabelas para que huyan, como ha sucedido con Luis Carlos Restrepo, Andrés Felipe Arias, Pilar Hurtado, Sandra Morelli… para no hablar de la impunidad que cobija los crímenes de ex presidentes, ministros, generales y sus familiares, como sucede con los responsables de los “falsos positivos”.

El aparato judicial colombiano funciona a la perfección cuando se trata de castigar trabajadores en huelga, campesinos que protestan en las carreteras, estudiantes que hacen manifestaciones… y lo mismo cuando persigue y castiga a aquellos que se oponen al régimen, sometidos a un inagotable terrorismo de Estado. Eso es lo que ha sucedido a Miguel Ángel Beltrán, por atreverse a pensar, a disentir, a dudar de las falsas verdades del establecimiento y de sus intelectuales orgánicos. Para que esto no quede en generalidades, recordemos que el fiscal que inicialmente acusó a Miguel Ángel, cuyo nombre es Ricardo Bejarano Beltrán, suele posar en las redes sociales con uniforme militar y entre sus páginas favoritas se encuentran las de la Escuela Militar, los Veteranos de guerra de Vietnam, y entre sus fetiches se encuentran las operaciones contraguerrilla ‘Fénix’ y ‘Sodoma’. Esa es una buena muestra de la “imparcialidad de la justicia” colombiana. Por eso será que, volviendo al paro judicial, se dice en son de chiste que nadie se enteró de esa protesta, porque en Colombia la justicia vive eternamente paralizada, salvo cuando se trata de joder a los pobres e insumisos.