Guerra sucia, doctrina contrainsurgente y paramilitarismo en Colombia

Colombia es un país marcado por la masiva y sistemática violación a los derechos humanos, respondiendo a una política de Estado, cuyos fines han impedido la materialización de un real “Estado Social y Democrático de Derecho”.

Los gobiernos de turno han profundizado la ilegitimidad de las instituciones, han socavado los cimientos de la democracia, estimulando el crimen y la persecución contra el pueblo, a través de la expulsión violenta de los campesinos de sus tierras, la muerte, la sevicia y la privación de la población al goce efectivo de sus derechos fundamentales, negando a las víctimas el acceso a la justicia, ocultando la verdad y estableciendo una historia engañosa y alienante. “Hay que decir que la impunidad no ha transitado impunemente por nuestros caminos. Ha dejado huellas profundas, ha erosionado instituciones y estructuras, ha afectado profundamente el mundo de las relaciones sociales y políticas; ha rediseñado el Estado; ha resquebrajado poderosamente el pedestal del Derecho y la Justicia, pulverizando una de las columnas más fundamentales de su base: la de su operatividad” Para entender las particularidades de la violencia sociopolítica que históricamente se ha ejercido en Colombia, el origen de la doctrina contrainsurgente y sus implicaciones para el pueblo colombiano, es necesario realizar una breve mirada histórica que abarque como mínimo lo acontecido en el panorama nacional desde comienzos del siglo XX, pues es justamente en el transcurso de dicho siglo donde se materializa la necesidad del Establecimiento por mantener un orden social univoco a costa de la vida de miles de colombianos. 1.Primera MItad del siglo XX En 1928 un hombre joven, representante a la cámara rompió las reglas de intervención en el congreso de la república para condenar la indiferencia de la clase dirigente ante la masacre de miles de obreros que protestaban contra las indignas condiciones laborales impuestas por las empresas estadounidenses exportadoras del banano que funcionaban en el departamento del Magdalena (United Fruit Company, entre otras). Es justamente en la década del 20 cuando el régimen va dando forma a su doctrina anticomunista, a partir de lo que Renán Vega denomina los miedos complementarios de las clases dominantes: “miedo al pueblo, miedo a la democracia y miedo a la revolución”[2]. . Veinte años después el carismático representante correría la misma suerte que denunció años antes: JORGE ELIECER GAITÁN, fue asesinado como parte de una estrategia diseñada por la CIA (Organismo de Inteligencia de los Estados Unidos) y ejecutada por sectores industriales conservadores que vieron en este líder social y político un riesgo al control institucional que habían obtenido en 1946 con la elección de Mariano Ospina Pérez [1] Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Cuál verdad, cual justicia, cual reparación?, Bogotá, marzo de 2009. 2. La Mal llamada Violencia Bipartidista, el periodo de Dictadura Militar y El Frente Nacional Fuente : www.preceden.com A mediados de la década del 40, industriales antioqueños afines al conservadurismo, se tomaron las instituciones del Estado para establecer un orden económico que protegiera la actividad industrial, atacara o neutralizara a los sindicatos y desestimulara la participación del pueblo en las elecciones. Desde el gobierno de Mariano Ospina Pérez iniciado en 1946, Colombia se endeudó con los Estados Unidos y el Banco Mundial para apoyar el desarrollo de los industriales construyendo infraestructura eléctrica y vial. Además, apoyado por los Estados Unidos, el gobierno de turno endureció las condiciones laborales de los obreros y trabajadores, y reprimió los movimientos campesinos de corte liberal o comunista. Entre 1946 y 1947 se produjeron más de 14.000 asesinatos contra campesinos liberales y contra todos aquellos colombianos y colombianas que se opusieran o contravinieran al régimen; se desplazó la quinta parte de la población rural hacia los cascos urbanos con el consecuente empobrecimiento de grandes masas de desplazados, que se ubicaron en los cordones de miseria de las grandes ciudades. Es esta la época en la que el establecimiento pone en marcha la creación de una policía privada en la vereda de Chulavita (Boyacá) que sembró el terror en los campos asesinando a miles de personas, sin que hubiese cualquier tipo de distinción de género, edad o etnia para cometer sus crímenes, mediante crueles actos de sevicia para imponer el terror en amplios territorios de la geografía nacional. Aunque se dice que la democracia en Colombia es una de las más estables de Latinoamérica, la verdad es que, además del golpe militar del general Rojas Pinilla que duró 5 años (1953 – 1958), el país se encuentra en Estado de Sitio permanente. Con la administración de Rojas Pinilla fue declarado ilegal el partido comunista y se implementaron métodos ilegales para atacar a la oposición política, entre los que encontramos la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial. De hecho, el presidente de la república concentró durante más de sesenta años (1946-1991) todos los poderes. No necesitó del congreso, ni de los jueces. Le fue otorgada la facultad para hacer las leyes y otorgó a los militares la facultad de juzgar a los civiles. De 1957 a 1974 se implantó una forma de control político que se conoció como Frente Nacional. Los liberales y conservadores se repartieron el poder, a través de la participación en cargos públicos, impidiendo la participación de personas pertenecientes a otros partidos. Esta forma de gobierno facilitó la implantación de un modelo económico diseñado a la medida de los grandes industriales y la entrega de recursos naturales como petróleo, carbón y niquel a empresas extranjeras. El comienzo de este periodo de gobierno estuvo marcado por una fuerte crisis económica. En 1957 se presentó una crisis con el precio internacional del café que generó una fuerte recesión, afectando los sueldos de los trabajadores y generando la subida de la inflación, de modo que los precios de la canasta familiar se incrementaron en un 30%. Ante las difíciles condiciones económicas y sociales se incrementaron las huelgas, paros y protestas por parte de jueces, maestros, empleados de Telecom, de los puertos, de Ecopetrol, los bancos, el Ministerio de Hacienda, Croydon, Acerías Paz del Río y los trabajadores de los buses, quienes exigían masivamente mejores condiciones laborales. Igualmente, los campesinos olvidados por el Estado, desplazados y cargando en la memoria el horror del genocidio de los años 40 y 50, se organizaron para exigir el respeto a sus derechos y recuperar las tierras arrebatadas por terratenientes. Este proceso organizativo se realizó en los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Cauca y Caquetá, donde centenares de campesinos se enfrentaron a los terratenientes para exigir su derecho a la tierra constituyendo los primeros grupos de autodefensas campesinas, muchos de ellos de corte liberal, quienes fueron en su mayoría asesinados durante y después de procesos de diálogo y negociación con el gobierno de turno. 3.Estrategia contrainsurgente Fuente: es.wikipedia.org Desde finales de los años 50 y comienzos de los años 60, en el contexto mundial de la guerra fría y el auge de la reciente revolución cubana, el Estado colombiano, cumpliendo las directrices de los Estados Unidos, implementó una ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE, que se caracterizó por la vinculación de la población civil a la guerra. Así, se incrementó el reclutamiento de civiles para apoyar al ejército y se consideró como objetivo militar a los sindicatos agrarios y de industria. Dicha estrategia se puso en marcha como resultado de la visita de la Misión Yarbourough del ejército de EEUU (febrero/62)[4] Entretanto, el descontento social, enfrentado sólo a través de medidas represivas, generó la aparición de grupos insurgentes, que en un principio se dieron a conocer como “autodefensas campesinas”. De este modo, surgieron a mediados de los sesenta ejércitos insurgentes como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el EPL (Ejército Popular de Liberación). Como parte de la implementación de la estrategia contrainsurgente, en 1965 se definió la defensa de la nación como “la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la Independencia Nacional y la estabilidad de las instituciones” “Para extirpar la organización terrorista del seno de la población, ésta será duramente atropellada, reunida, interrogada y requisada. Tanto en el día como en la noche, soldados armados harán repentinas incursiones en las casas de habitantes pacíficos para proceder a efectuar arrestos necesarios; se podrán producir hasta combates que tendrán que sufrir todos los ciudadanos (…) La operación policiva será por tanto una verdadera operación de guerra”(Manual de Contrainsurgencia del ejército Nacional, 1963.) Es precisamente a partir de la implementación de la doctrina contrainsurgente donde se desencadenan los hechos de violencia sociopolítica más cruentos de nuestro país: El Manual de 1963 afirmaba ya que “El habitante, dentro de este campo de batalla, se encuentra en el centro del conflicto (…) es el elemento más estable. Quiéranlo o no, los dos campos están obligados a hacerlo partícipe en el combate; en cierta forma se ha convertido en un combatiente” (pg. 34), afirmando más adelante que “Es entre los habitantes que se desarrollarán las operaciones de guerra; las actividades de la población se verán limitadas en todos los campos de acción” (pg. 51). Al soldado, según el Manual de 1979, “se le debe hacer comprender que, en guerra irregular, el enemigo está en todas partes y a toda hora” (pg. 29). 4. Primera legalización de comandos paramilitares Fuente : azalearobles.blogspot.com La vinculación de la población civil en la guerra también se institucionalizó por medio de normas como el decreto 3398 de 1965, convertido en la ley 48 en 1968.Este decreto autorizó a los comandantes militares a convocar a la población para conformar ejércitos de civiles con el apoyo de las fuerzas militares. Dicho procedimiento se convirtió en uno de los antecedentes del paramilitarismo, como lo evidencia el Manual de Contrainsurgencia del ejército Nacional de 1962, que define los grupos paramilitares así: “…organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que aparecen en el área o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate.” “Para disminuir el requerimiento de unidades militares, se ha visto que es de gran ayuda el empleo de policía civil, de unidades semi-militares y de individuos de la localidad que sean simpatizantes de la causa amiga (…) Los individuos de la localidad de ambos sexos que han tenido experiencia o entrenamiento como soldados, policía o guerrilleros, deben ser organizados dentro de la policía auxiliar y las unidades de voluntarios de cada ciudad. (…) necesitarán apoyo de las fuerzas militares (…) el apoyo es normalmente necesario en el abastecimiento de armas, municiones, alimentos, transporte y equipos de comunicaciones” Estas normas tuvieron vigencia durante 24 años y sólo hasta el 25 de mayo de 1989 fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la población civil, los movimientos y organizaciones sociales de todo el país fueron atacados, victimizados y exterminados por estos grupos, que no tenían claramente la calidad de combatientes, pero que en la práctica utilizaban medios criminales cada vez más aterradores. 5.Los años 70 y El Estatuto de Seguridad Nacional (1978 – 1982) Fuente: www.oigahermanohermana.org Las condiciones socioeconómicas de los colombianos empeoraron notablemente en los años setenta. La política económica del gobierno de Pastrana Borrero (1970-1974) se concentró en estimular las exportaciones y fortalecer el sector financiero. Además de ello, la precaria Reforma Agraria iniciada durante el gobierno de Lleras fue desmontada en el gobierno de Pastrana Borrero; mientras se reprimían de forma contundente las recuperaciones de tierra adelantadas por los campesinos de la ANUC, se firmó el Pacto de Chicoral, acuerdo que otorgó a los terratenientes créditos para desarrollar proyectos agroindustriales y construir infraestructura. Estas medidas económicas tuvieron un efecto de empobrecimiento alarmante sobre la población colombiana, que debió soportar, entre 1972 y 1974, el encarecimiento del costo de vida en un 58%.Entretanto, a finales de los setenta se perfeccionó lo que se conoce como “guerra sucia”. Las unidades de inteligencia del ejército implementaron la Triple A - Acción Anticomunista Americana-, que consistía en realizar asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y atentados con bombas contra líderes y sedes de organizaciones de izquierda. Pese a ello es en este contexto donde surge un nuevo grupo insurgente, el M – 19. En el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Charry Solano –BINCI, comandado de 1978 a 1979 por el entonces Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, y de 1979 a 1980 por el entonces Teniente Coronel Jaime Ruiz Barrera; se planearon numerosos atentados y crímenes que permanecen en la impunidad. No obstante, la dura represión no logró diezmar la fortaleza organizativa de los sectores populares. La crítica situación económica llevó a que desde comienzos de los setenta y hasta los años ochenta, los paros y huelgas se caracterizaran por la unidad de diversos sectores sociales y por la participación activa de juntas cívicas, gremios empresariales, estudiantes y sindicatos en movilizaciones masivas por la defensa de sus derechos. Para enfrentar las huelgas y manifestaciones que se desarrollaron masivamente a finales de la década del 70 y comienzos de los ochenta (paro cívico de 1977, entre otros), el gobierno de Turbay Ayala estableció el Estatuto de Seguridad Nacional, normatividad que limitó las libertades sindicales, de expresión y de reunión; creó nuevos delitos y aumentó las penas de los delitos relacionados con la protesta social. Además, se permitió el juzgamiento de los delincuentes políticos como delincuentes comunes y se le otorgó más poder a la jurisdicción penal militar, limitando el derecho a la defensa de los acusados. Durante la administración de Turbay Ayala, más de 16.000 personas fueron detenidas. Sólo en 1980 las detenciones por razones políticas superaron las 8000 personas. En dichas detenciones se presentaron numerosos casos de violaciones graves en los procedimientos de allanamiento y detención, como la permanente práctica de torturas y desapariciones forzadas. En esta época, la tortura fue una de las modalidades criminales más utilizadas por los agentes estatales. Para evitar dejar rastros físicos visibles se utilizaron técnicas como la aplicación de choques eléctricos y demás tratos crueles e inhumanos. En varias ocasiones les aplicaron a las víctimas sustancias químicas que denominaron “sueros de la verdad” para alterar sus sentidos y obligarlas a confesar. La violación sexual fue recurrente, tanto en hombres como en mujeres. También se usaron torturas de tipo sicológico como amenazas de muerte contra las víctimas y sus familiares o el sometimiento a largos interrogatorios sin permitir al detenido dormir ni consumir alimentos. 6. Acciones Encubiertas de agentes estatales y represión en medio de las movilizaciones populares y los diálogos de paz (1982 – 1989) Fuente : www.kienyke.com El 20 de febrero de 1983, el Procurador General de la Nación - Carlos Jiménez Gómez - hizo público un informe sobre un grupo de asesinos denominado MAS (Muerte a Secuestradores). En el informe aparecían los nombres de 163 personas vinculadas a este grupo, entre las cuales figuraban 59 miembros activos de la fuerza pública. El Gobierno no destituyó a los acusados y el Congreso de la República aprobó los ascensos y honores a un gran número de ellos. En cambio, el procurador tuvo que irse del país por las amenazas de los militares comandados por el ministro de defensa – General Fernando Landazábal Reyes. A pesar de la dura represión que se desencadenó contra las organizaciones populares y políticas de oposición, la década de los ochenta se caracterizó por el fortalecimiento y la masividad de sus movilizaciones y protestas. Las movilizaciones se presentaron en campos y ciudades, logrando una vez más la unidad de diversos sectores sociales. Entre ellas se destacan las marchas de 1985, el paro del Nororiente de 1987 y las marchas campesinas de 1988. Estas últimas fueron duramente reprimidas por el ejército, dejando como saldo más de quinientas personas asesinadas. Mientras t eran asesinados los líderes y participantes de las movilizaciones, el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986) inició los diálogos de paz con algunos grupos insurgentes (FARC, EPL y el M – 19); generando una aparente apertura democrática para la participación de movimientos políticos alternativos. Un ejemplo de ello fue la creación de la Unión Patriótica (UP), partido político de izquierda que surgió a raíz de los diálogos del gobierno con las Farc y en el que confluyeron el Partido Comunista, varios movimientos de izquierda, e incluso, sectores de los partidos liberal y conservador. 7.Genocidio Político Fuente: fetralpi.blogspot.com El éxito electoral de la UP en 1986, el cual se consolidó con la elección de 5 senadores, 9 representantes a la cámara, 14 diputados departamentales y 351 concejales municipales, fue una alarma para el gobierno, los grandes terratenientes y las fuerzas paramilitares que acallaron la fortaleza política de esta propuesta política con el exterminio de sus líderes y militantes. En consecuencia, fueron asesinados dos candidatos presidenciales de la UP y más de 4.000 de sus militantes. Poco tiempo después, serían exterminados partidos políticos como A Luchar, Alianza Democrática M-19, movimiento político Esperanza, Paz y Libertad y la Corriente de Renovación Socialista. La acción criminal del MAS se extendió durante la década de los ochenta en campos y ciudades. Ese fenómeno se agravó en 1987, cuando se realizó en el Batallón Charry Solano la primera cumbre de autodefensas con la participación de ocho regiones, para promover tales grupos y coordinar con el Ejército operaciones de inteligencia. En 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de conformación de autodefensas y prohibió a los militares armar a civiles. Sin embargo, para ese año ya había paramilitares organizados con el nombre de MAS en al menos ocho de los treinta y dos departamentos colombianos, incluidos Antioquia, Boyacá, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Putumayo y Santander. También fue utilizado el nombre del MAS por los organismos de seguridad estatales (DAS, F2 y B2) para encubrir un importante número de asesinatos políticos y desapariciones realizadas por agentes de inteligencia del Estado. 8. Años 90, Doctrina de Guerra integral – Plan Colombia y legalización del paramilitarismo En 1990 el gobierno de Cesar Gaviria rompió los diálogos de Paz con la insurgencia e implementó una política de guerra fundamentada en: a) El aumento del presupuesto militar, b) Creación de unidades contrainsurgentes en todas las Brigadas Militares, c) Modernización de armas y materiales para la guerra d) Aumento del número de soldados profesionales (de 2.000 pasaron a 23.000). e) Mejoras de los salarios de las Fuerzas Armadas f) Creación de brigadas móviles, g) Fortalecimiento de las unidades de inteligencia.[7], lo cual implicó un viraje del accionar militar y paramilitar en todo el país. En consecuencia, el Plan Colombia que inicialmente persigue propósitos de la lucha contra las drogas y “la Paz”, al romperse el proceso de diálogos entre el gobierno y las Farc- Ep asume la connotación de Plan Antiterrorista. En el informe de la comisión histórica se evidencia como: “La distinción entre la lucha anti – narcóticos y antiterrorista se esfuma, porque según George Tenet, director de la CIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son una seria amenaza a los intereses de Estados Unidos en América Latina, porque nos asocian a nosotros con el gobierno contra el cual luchan”[9] A modo de conclusión En el marco de los actuales diálogos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC – EP y los acercamientos para generar un proceso de igual magnitud con el ELN, ninguna de las estrategias de represión del aparato estatal se han modificado; El estado sigue utilizando e incrementando su material bélico, para forzar las opciones políticas de sus ciudadanos en torno en beneficio de los intereses de la elite dominante y continua combinando todas las formas de lucha contra “el enemigo interno”, incluyendo el terror militar y judicial contra los más vulnerables para aniquilar las opciones alternativas de sociedad[11] (p. 424). El narcoparamilitarismo es muestra de ello, en tanto mediante la creación de estructuras privadas con financiación de las fuerzas estatales, se dio pie al despojo más descomunal de tierras que se ha producido en la historia colombiana, mediante la ejecución de masacres y desplazamientos masivos de población que hoy en día conllevan a la existencia de más de 6 millones de desplazados y el despojo de más de 8 millones de hectáreas de tierras. Pese a que se afirma que las estructuras paramilitares ya no existen en el país y que los grupos conformados por algunos de sus integrantes responden a delincuencia común, estas estructuras mantienen su poder económico político y social hoy en día en amplias regiones del país. En el contexto de los diálogos de paz la persecución sistemática contra quienes se oponen al statu quo en Colombia sigue incrementándose, como lo evidencia el caso de la Marcha Patriótica, Movimiento Político y Social señalado reiteradamente por el establecimiento como el brazo político de las FARC – EP, escenario que en 3 años de constitución ha tenido que enfrentar el asesinato de por lo menos 94 de sus integrantes. Ante este panorama no cabe más que preguntarse hasta donde será posible para las comunidades enfrentar el exterminio y la persecución frente a la necesidad de construir una paz estable y duradera que se materialice en la tan anhelada justicia social. Por otra parte los cambios estructurales que requiere el país para alcanzar la paz no se ven reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, hoja de ruta de las decisiones políticas, económicas y sociales que regirán el destino del país en los próximos tres años. Es preciso avanzar en la lucha por la justicia social y la construcción de un nuevo país, es un anhelo de todos y para alcanzarla se requiere del apoyo decidido de la población colombiana. [1] Integrante del Colectivo Popular de Mujeres Tea – Escuela Pedro Nel Jiménez. Miembro de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaias Cifuentes”, entre los años 2007 a 2013 e integrante del equipo operativo nacional de la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Licenciada en Educación Básica con énfasis en ciencias Sociales y Magister en Educación con énfasis en Pedagogía y Política de la Universidad Pedagógica Nacional. [2] Giraldo Javier: Consecuencias de la Impunidad, tomado de memorias Seminario Latinoamericano sobre Impunidad, Poder Judicial y Derecho a la Justicia, Vol III, abril 25 y 26 de 1997. [3] VEGA, Cantor Renán. “Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y Terrorismo de Estado”. Contribución del entendimiento del Conflicto Armado en Colombia. Informe de la Comisión Historia del Conflicto y sus víctimas, febrero de 2015, p. 702. [4] Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Cuál verdad, cual justicia, cual reparación?, Bogotá, marzo de 2009. [5] CINEP. Deuda con la Humanidad: Paramilitarismo de Estado en Colombia (1988 – 2003). En.http://www.siporcuba.it/deuda%20con%20la%20humanidad%20doctrina%20contrainsurgente.pdf [6] Ibidem. [7] Opcit. [8] Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Cuál verdad, cual justicia, cual reparación?, Bogotá, marzo de 2009. [9] VEGA CANTOR Renan. “Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y Terrorismo de Estado”. Contribución del entendimiento del Conflicto Armado en Colombia. Informe de la Comisión Historia del Conflicto y sus víctimas, febrero de 2015, p. P. 735 [10] FELLOWSHIP OF RECONTILIATION – FOR- . Military asistance and Human Rights: Colombia, US Accountabily and global implications, 2010. En: VEGA Cantor Renán, [11] GIRALDO JAVIER S.J.M. “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. P. 445. [12] Giraldo Javier, S.J.M., paráfrasis del texto. P. 445 [13] Informe de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas. Giraldo Javier, p.424. [14] Ibidem.