A 13 años de la Operación Orión seguimos resistiendo contra la impunidad

Medellín, 16 de octubre de 2015. Hace 13 años los habitantes de la Comuna 13 conocieron el horror de la agresión por parte del propio Estado. Hoy recuerdan la Operación Orión que fue el final de una serie de operativos militares ejecutados durante el año 2002 y el inicio de la llamada política de seguridad democrática. Se hace memoria de cómo la institucionalidad local y nacional desplegaron todo su accionar represivo contra la población dejando como resultado cientas de graves violaciones a los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad.

​Las operaciones militares en 2002 dejaron más de 600 víctimas, la mayoría de ellas en desarrollo de la Operación Orión: 38 civiles heridos, tres jóvenes muertos: Elkin de Jesús Ramírez Vélez, José Libardo Villegas y Diego Alexander Salazar Ortiz. Seis personas que fueron detenidas por efectivos de la fuerza pública, posteriormente fueron desaparecidas: Sergio Rodríguez Cartagena; John Fredy Sánchez Castrillón, Edwin Antonio Salazar Granada; Diana Marcela Granados; Dany Ferney Quiroz Benitez y Blanca Lilia Ruíz Mar. Además de 358 personas privadas arbitrariamente de la libertad que debieron pasar meses o años en la cárcel antes de declararse su inocencia y cientos de familias desplazadas forzosamente.

Las operaciones militares, y la Operación Orión en particular, se presentaron como la estrategia más idónea para la consecución de la paz y debía ser replicada en Medellín y en otras zonas del país. Hoy se sabe que la realidad fue que se garantizó que paramilitares y fuerza pública ejercieran un control absoluto, como lo acaba de reconocer la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín [1], con la complacencia de los gobernantes de turno se permitió que la “donbernabilidad” desapareciera forzadamente a más de cien personas que al día de hoy siguen siendo buscadas en la excavación que se realiza en el sector La Escombrera y en otros lugares que se exige sean intervenidos.

Por esta razón se valora que la sentencia de la Sala de Justicia y Paz haya reconocido lo que por años se ha denunciado y las familias de las víctimas se sienten recogidas cuando señala que:

“Declárase que el Estado y las Alcaldías de Medellín e Itagüí son responsables por acción y omisión de las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidos por los miembros del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia y los hechos en los cuales perdieron la vida las víctimas.

Declárase que todas las víctimas, salvo el caso del sujeto identificado sólo como el Gato, eran personas civiles que no participaban directamente en las hostilidades y, por lo tanto, se trata de hechos injustos cometidos como parte de una política dirigida a erigirse en el único poder y autoridad real en Medellín y su área metropolitana y mantener y ejercer la hegemonía, dominio y control sobre la población a través del terror y distintos métodos ilegales e imponer un orden político y social autoritario y excluyente a través de la ejecución sistemática y arbitraria de quienes disentían o se oponían a este y de cualquier persona que no se ajustara a las normas y las reglas morales impuestas por el grupo armado.”

Asimismo se aplaude la decisión del Tribunal de ordenar a la “Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín y al Concejo Municipal que adopten todas las acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros y otros desechos en las zonas conocidas y delimitadas como La Escombrera y La Arenera de esta ciudad; y al Ministro del Interior, al Fiscal General de la Nación, al Gobernador de Antioquia, al Alcalde de Medellín y las demás instituciones que hacen parte de la Mesa Técnica e Interinstitucional de Desaparición Forzada del Área Metropolitana que financien y realicen todos los esfuerzos posibles, suficientes y razonables que estén al alcance de la ciencia, humanos, técnicos y materiales, para encontrar los cuerpos de las víctimas que fueron inhumadas ilegalmente en estas zonas y continúen y lleven hasta su terminación el Proyecto La Escombrera.

Esta decisión tiene una trascendencia histórica en la actual coyuntura, cuando se impone la amnesia social y los antioqueños se ven compelidos a que la ciudad y el departamento sean gobernados nuevamente por quienes implementaron o cohonestaron con las violencia que hoy se recuerda y que sigue llenando de dolor cientos de hogares en esta comuna. Se respalda la decisión del Tribunal de compulsar copias para que el expresidente —y hoy senador de la república— Álvaro Uribe Vélez sea investigado, juzgado y sancionado por posible complicidad en la implementación de la estrategia paramilitar y las agresiones cometidas en desarrollo de la Operación Orión ordenada por él y que fue implementada conjuntamente entre la Fuerza Pública y el Bloque Cacique Nutibara al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna. También se espera que la Comisión de Acusaciones rinda un informe sobre el estado de las investigaciones que cursan contra el expresidente. De igual manera se reitera la preocupación por la absoluta impunidad en la que se encuentran las investigaciones contra los generales (R) Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón, se exige el compromiso de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia para posibilitar que sea esclarecida la responsabilidad de estos funcionarios en los crímenes cometidos en la Comuna 13.

Finalmente se invita a las instituciones y responsables de las violaciones al Sistema Internacional de los Derechos Humanos en la Comuna Trece a que reconozcan su responsabilidad en los hechos, se comprometan con el esclarecimiento histórico y con las garantías de no repetición. El Marco Jurídico para la Paz pactado en La Habana con la guerrilla de las FARC va a ser eficaz en cuanto todas las partes, especialmente los agentes estatales que hoy se esconden en la estrategia de impunidad, se comprometan a decir la verdad y reconozcan ante las víctimas los crímenes cometidos.

Suscriben, Mujeres Caminando por la Verdad Corporación Jurídica Libertad Grupos Interdisciplinarios por los Derechos Humanos Obra Social Madre Laura Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - Capítulo Antioquia

[1] Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. 24 de septiembre de 2015. M.P. Rubén Darío Pinilla Cogollo. Sentencia que decide sobre la responsabilidad de desmovilizados del bloque Cacique Nutibara y los derechos de sus víctimas.