Cuando la salud mata
El derecho viene a perecer menos veces por la violencia que por la corrupción.
Herni Dominique Lacordaire
En su última columna el economista Joseph Stiglitz, premio nobel de economía y ex director del banco mundial, planteaba magistralmente la relación entre desigualdad social y bienestar, tomando como base los indicadores de salud y expectativa de vida, principalmente en los Estados Unidos. En síntesis afirma que “La brecha racial con respecto a la salud es, por supuesto, muy real. De acuerdo con un estudio publicado en 2014, la esperanza de vida para los afroamericanos, en comparación con la de los blancos, es alrededor de cuatro años menos para las mujeres y más de cinco años menos para los hombres…”; lo que a grandes rasgos significa que a menores ingresos mayores posibilidades de morir por una enfermedad prevenible y que en múltiples ocasiones la muerte si discrimina por estratos. Los áulicos del neoliberalismo que nos anunciaban un futuro equilibrado y justo por efecto del libre mercado y un Estado disminuido tendrán que rendirle cuentas a la historia.
Es inocultable la tragedia que constituye el funcionamiento del sistema de salud Colombiano, si se le puede llamar “sistema” a un esquema que quiebra hospitales, vulnera la dignidad de los usuarios (porque no somos portadores de derechos sino clientes de tercera categoría), precariza las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y desconoce los principios de igualdad del derecho universal y de gratuidad a la salud, a todos los colombianos, en condiciones de calidad. Pero es más doloroso cuando las frías estadísticas toman forma de realidad concreta y nuestras redes sociales cercanas se trastornan ante el andar presuroso de la parca por efecto, no del natural desarrollo biológico que conduce, en tanto seres finitos, a concluir nuestros días en la certidumbre de los vivos, como decía el poeta Luis Vidales, sino por las características de un modelo de administración de la salud inhumano, espurio y anti constitucional.
Hace aproximadamente ocho años Ana Betulia Moreno Fernández, la mona como la llama su círculo íntimo, afrontó una noticia que es muy recurrente en nuestros días livianos y riesgosos: padece de un cáncer que carcome su sistema reproductor. Y con la enfermedad el calvario, remisiones, exámenes, tramites, re-valoraciones, juntas de médicos (y asesores jurídicos, hay que decirlo), todo un entramado diseñado para obstruir cualquier posibilidad de acceder efectivamente a un derecho fundamental, inalienable, indivisible, inherente y todos aquellos atributos que nos dicen los constitucionalistas, convierten a Colombia en un Estado social de derecho. A sus 59 años lleva a cuestas un sumario como si dedicara su vida al litigio, porque después de lograr una operación, que extirpo gran parte de las células cancerígenas y adelantara las tortuosas biopsias, la metástasis trasladó la afección al estómago, haciendo la situación insostenible y como en la célebre novela de Kafka la puerta única que reserva la justicia, a cada individuo que pisa el mundo, nunca se abrió. Una tutela resuelta a favor, sumado a un desacato con igual resultado que obliga a la EPS salud total a “suministrar un tratamiento eficiente, continuo y completo” con el propósito de alivianar las consecuencias del cuadro médico se transforma en letra muerta para el mercado de la salud.
La operación a destiempo, realizada a regañadientes, empeoro su condición médica a tal punto que se consideró un caso perdido y lo más grave, un reporte irresponsable indica que la paciente se encuentra en estado de fallecida. Es decir un muerto viviente que ya no cuenta con la posibilidad de solicitar una cita médica u obtener medicamentos, puesto que para los archivos de la empresa ya no camina entre los vivos. En este castillo de exceso de normas y abogados, en el que ni las armas nos dieron la independencia, ni las leyes la libertad, los hombres y mujeres del común quedamos a merced de tecnicismos y un marasmo jurisprudencial que al contrario de asegurar las mejores condiciones para la vida digna, configura la razón fundamental de la violación sistemática del derecho básico: existir.
El caso de la “Mona” no es excepcional, ni exótico. La ley 100, que los poderes económicos y políticos no quieren derogar porque genera grandes dividendos y los ciudadanos no tumbamos por la cultura política heredada, sigue cobrando vidas a granel, mientras nos obnubilan los reinados de belleza. Y como en el análisis de Stiglitz corrupción, desigualdad, segregación y discriminación, son el correlato de un Estado crónico en la salud de nosotros los comunes.
