86 años después: En la batalla democrática por la paz con justicia social.
Con ochenta y seis años en la historia nacional el Partido Comunista reafirma la apuesta por la unidad de todas las fuerzas dispuestas a hacer avanzar al pueblo a un profundo cambio democrático. Unidad, convergencia y Frente Amplio por la paz son nuestro rumbo.
La clave del cese bilateral y de las garantías de protección y No Repetición es el compromiso para el desmonte del paramilitarismo. Los acuerdos del 23 de junio de cese de fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, de desmonte del paramilitarismo, garantías de seguridad y de no repetición, la definición de Zonas Veredales Transitorias de Normalización para la dejación de armas y la puesta en marcha de la Comisión de Verificación Tripartita (ONU, FARC-EP, gobierno) acercan la suscripción del acuerdo final y ponen en el tapete el horizonte descrito hasta ahora bajo la metáfora del pos-acuerdo. Entre otros temas urgentes está el de que se establezcan las normas de amnistía e indulto, se detallen los convenios que formalizan lo acordado hasta ahora, se generen los mecanismos previstos para la designación de la Comisión de la Verdad y del Tribunal Especial de paz. Es necesario que avancen las reformas políticas y electorales que le insuflen confiabilidad a un sistema electoral y de partidos marcado por el ventajismo, la corrupción y el fraude. La Corte Constitucional tiene en sus manos decidir el sistema de refrendación. El gobierno debe “descongelar” el diálogo con el ELN y buscar abrirlo con el EPL, en la mirada de una paz completa. La clave del cese bilateral y de las garantías de protección y No Repetición es el compromiso para el desmonte del paramilitarismo, uno de los principales elementos de la política de clase del régimen, orgánico con la lógica del exterminio contrainsurgente. El paramilitarismo es fenómeno complejo, hace parte del poder dominante como factor político en las distintas ramas del Estado y posee una base económica cierta en todas las expresiones de la narcoeconomía, la economía parasitaria vinculada a la corrupción en el Estado y en poderosos sectores de la economía privada. El “enemigo interno” El aparato militar estatal ha favorecido con el cuerpo de su doctrina de “enemigo interno”un concepto de seguridad vinculado prioritariamente a la defensa de la gran propiedad privada ante la supuesta amenaza de una conspiración castro-chavista o comunista. La llamada “derechización” del país ha seguido a la continuada legitimación del discurso paramilitar y a su justificación en la doctrina militar vinculada a la guerra, a la represión y a la ejecución de las Directivas emanadas del Ministerio de Defensa, que han traducido la orientación del poder civil para la política de la guerra. Este ha sido el hilo conductor perfectamente identificable de los últimos 42 años a hoy, al terminar entonces la alternación presidencial bipartidista del Frente nacional en 1974, sin solución de continuidad con los lineamientos de la “guerra fría” global. El uribismo ha sido vector de este proceso, pero la connivencia del sistema con el paramilitarismo y su doctrina tiene más vínculos políticos. Vencer este obstáculo es empezar a deshacer el orden contrainsurgente de dominación que ha alentado la guerra interior permanente del Estado. En la coyuntura de la actual transición no es tarea simple, requiere persistencia, paciencia y conjugación de esfuerzos. En especial, una voluntad política clara y sin ambigüedades. De allí el carácter estratégico del Pacto Político Nacional propuesto en el Punto 3.4 del Acuerdo presentado el 23 de junio. Dicho Pacto que se plantea incluir a todas las “fuerzas vivas de la nación”, partidos, gremios empresariales, organizaciones sindicales, iglesias, universidades, etnias, medios, regiones, corrientes de la opinión y un largo etcétera busca “…hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos/as vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad”. La fuerza de este planeamiento a la Nación está en que la dejación de las armas por la insurgencia tiene como correspondiente el compromiso de que el Estado, las clases dominantes y entidades que lo han dirigido asumen también la decisión de “separar las armas de la política” según la fórmula de moda y de paso torcerle el cuello al componente paramilitar de la estrategia de contrainsurgencia. Utopía dirán algunos, pero la solución política avanza y la lucha de calle toma el relevo para poner fin a la exclusión y a la persecución política a la izquierda. ¡Sí a la paz! Defender esta fase del proceso con la consigna del ¡Sí a la paz! es también seguirlo de cerca, críticamente, con mirada vigilante y con el método de la movilización popular como principal herramienta de pedagogía. La acumulación de fuerzas por la paz necesita de una masa crítica que respalde el logro de los acuerdos, su refrendación y su cumplimiento. En medio de ello está en construcción una nueva correlación de fuerzas que será decisiva para los escenarios por venir. Pero, además, la perspectiva indica que un rasgo específico del postacuerdo será la ampliación del movimiento popular y su fortalecimiento con la afluencia de cuadros y núcleos provenientes del movimiento guerrillero y la creación de los nuevos movimientos y procesos resultado de los acuerdos de paz. Regiones enteras se abrirán a la participación política y la intervención activa de nuevos destacamentos del pueblo agregará una nueva dinámica a las luchas. Miles de activistas se incorporarán a la acción por sus derechos y a través de su propia experiencia comprenderán mejor el significado y la necesidad de darle forma a una transición del orden contrainsurgente fundado en el terrorismo de Estado y el paramilitarismo hacia la profundización y ampliación de la democracia. El gobierno ofrece garantías al capital y a los inversionistas externos con el nuevo Código de Policía, el fortalecimiento del Esmad, el incremento del presupuesto de Defensa y el mantenimiento del gigantismo militar a discreción de la OTAN, mientras anuncia reformas regresivas en impuestos, pensiones, recorte al gasto social, aumento en los servicios domiciliarios y contención salarial. Nada a favor de los trabajadores ni de las capas medias golpeadas por el desempleo y la inflación. Dentro de las nuevas potencialidades en despliegue está el crecimiento de la izquierda política, social e intelectual. Tienen sentido todas las medidas acordadas y por concretizar en relación con la protección de los cuadros y dirigentes de la izquierda, sean ex combatientes o activistas de los movimientos populares. La No Repetición toma la característica de una consigna de alto valor estratégico, vinculada al ejercicio cultural y pedagógico de construir la Verdad histórica en vínculo estrecho con la reivindicación de las víctimas, su reparación integral, la dignidad y el orgullo de la Memoria. Frente a la ofensiva de la ultraderecha con su lenguaje de mentiras e incitación al odio, al matoneo y a la amenaza, crece la consciencia de confrontar toda tentativa de decapitación de las alternativas, tal como aconteció con generaciones enteras de cuadros de la izquierda, algo que los medios oficiales tienden a minimizar y a ocultar. Con ochenta y seis años en la historia nacional el Partido Comunista reafirma la apuesta por la unidad de todas las fuerzas dispuestas a hacer avanzar al pueblo a un profundo cambio democrático. Unidad, convergencia y Frente Amplio por la paz son nuestro rumbo.
