Nestor Humberto Martínez, el fiscal del posacuerdo
Una de las entidades más importantes del Estado colombiano es la Fiscalía general de la nación, pero como la mayoría de las instituciones esta permeada de corrupción y pago de favores. En la constitución de 1991 en su artículo 249 se establece que el Fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia por un periodo de cuatro años no reelegibles de una terna enviada por el Presidente de la República.
De entrada, la elección del máximo ente acusador está viciada, pues la terna que envía el presidente está abierta a su libre albedrio e intereses personales y políticos, es decir, el propone al sujeto que se encargara de investigar su accionar, el de su partido político y su gabinete. Por último, es la Corte Suprema de Justicia quien toma la decisión final, decisión que también está blindada de intereses políticos.
Por tal motivo la elección de Néstor Humberto Martínez Neira como nuevo fiscal general de la nación no es la excepción, por el contrario, su nombramiento deja ver los beneficios ocultos tras el cargo de máximo ente acusador y quien se encargará de desarrollar la política criminal del Estado.
Pero ¿Quién es el nuevo fiscal? Es abogado con una larga trayectoria en política nacional, fue ministro de Justicia, ministro del interior, superministro en el gobierno de Santos, embajador en Francia, Superintendente de sociedades, Superintendente bancario y de instituciones financieras, miembro de la junta directiva del banco de la república, catedrático y lo más importante gran aliado del vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Tras esta digresión, no queda duda que la designación de Martínez Neira como fiscal era una apuesta política que se estaba gestando desde hace varios años por los partidos políticos tradicionales, las grandes multinacionales y la clase dirigente colombiana; que de hecho en el momento de su nombramiento y ante los medios de comunicación celebraron y apoyaron la elección de la corte.
Además, entre las afirmaciones en común se encontró la satisfacción de la extrema derecha al afirmar que ahora si se va a investigar a los verdaderos terroristas y criminales, poniendo en duda la labor que realizo el ex fiscal Montealegre y despertando temor en el movimiento social, líderes y lideresas sociales, defensores de DDHH, entre otros quienes han sido víctimas de la persecución y estigmatización de los aparatos institucionales.
Lo más preocupante es la labor que debe desempeñar el fiscal en el marco de los acuerdos de paz que se están desarrollando en la Habana – Cuba, versus sus intereses y posición política frente a ellos.
Pero ¿Quién es el nuevo fiscal? Es abogado con una larga trayectoria en política nacional, fue ministro de Justicia, ministro del interior, superministro en el gobierno de Santos, embajador en Francia, Superintendente de sociedades, Superintendente bancario y de instituciones financieras, miembro de la junta directiva del banco de la república, catedrático y lo más importante gran aliado del vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Tras esta digresión, no queda duda que la designación de Martínez Neira como fiscal era una apuesta política que se estaba gestando desde hace varios años por los partidos políticos tradicionales, las grandes multinacionales y la clase dirigente colombiana; que de hecho en el momento de su nombramiento y ante los medios de comunicación celebraron y apoyaron la elección de la corte.
Además, entre las afirmaciones en común se encontró la satisfacción de la extrema derecha al afirmar que ahora si se va a investigar a los verdaderos terroristas y criminales, poniendo en duda la labor que realizo el ex fiscal Montealegre y despertando temor en el movimiento social, líderes y lideresas sociales, defensores de DDHH, entre otros quienes han sido víctimas de la persecución y estigmatización de los aparatos institucionales.
Lo más preocupante es la labor que debe desempeñar el fiscal en el marco de los acuerdos de paz que se están desarrollando en la Habana – Cuba, versus sus intereses y posición política frente a ellos.
Esperamos que el trabajo desempeñado por la fiscalía general de la nación este acorde a los anhelos de miles de colombianos que ansían la paz y que sea esta institución quien demuestre voluntad para la construcción de una sociedad incluyente, garante de vida digna para sus habitantes.
