Por qué impulsamos la revocatoria de Peñalosa
Nos juntamos para actuar unidos en el propósito de lograr la revocatoria del Alcalde Enrique Peñalosa Londoño. En el ordenamiento jurídico colombiano la Revocatoria del Mandato de un gobernante está contemplada como uno de los mecanismos de participación ciudadana en ejercicio de la soberanía popular. En nuestro caso, el objetivo de dicho mecanismo es dar por terminado el mandato conferido al alcalde del distrito capital con sustento, entre otros, en la insatisfacción general de la ciudadanía.
El proceso de revocatoria del alcalde distrital comenzó en distintos espacios de Bogotá desde muy temprano, al iniciar Peñalosa su gobierno. Diferentes procesos, organizaciones, movimientos sociales, políticos y ciudadanos muy pronto levantamos la bandera de la revocatoria ante la inconformidad por las propuestas del alcalde que, en diferentes campos y sectores, lesionaban los derechos sociales adquiridos y las perspectivas de un desarrollo de ciudad justo, democrático, incluyente y sustentable.
La Coordinadora Distrital Sindical y Social, un espacio amplio y participativo de las organizaciones sindicales, populares, comunitarias y políticas de Bogotá, se constituyó muy pronto como consecuencia de la indignación creciente de la ciudadanía y del despertar de la movilización social ante las medidas antidemocráticas y antipopulares del gobierno distrital. El 25 de febrero del 2016 la Coordinadora presentó al alcalde Enrique Peñalosa Londoño un pliego integral de exigencias que incluye la defensa del patrimonio público en Bogotá; el derecho a la movilidad, el transporte digno y de calidad; la defensa de los derechos laborales; la defensa del derecho a la salud y a la educación y de la función social del Estado; la garantía del derecho al agua, al ambiente y al territorio; la construcción de un modelo democrático de ciudad; el respeto de los vendedores ambulantes; el fomento y el acceso al arte, la cultura y los medios de comunicación; y una política integral de paz y derechos humanos. Ante la ausencia de respuesta de la administración distrital al contenido de este pliego de exigencias, la Coordinadora decide profundizar el proceso de movilización social y de protesta aprobando las banderas de un paro cívico distrital y la revocatoria de su mandato del alcalde.
A los seis meses de su mandato emerge otro proceso de inconformidad de diversas ciudadanías al registrase iniciativas juveniles callejeras de revocatoria como “La Estampida” que, en particular, ha venido rechazando la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), la propuesta de intervención ambientalmente depredadora de la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen y el cambio del diseño y recorrido del metro sin que mediara ninguna consulta y aprobación de los ciudadanos y de las ciudadanas y sin que se hubiesen elaborado estudios previos que lo indicaran.
Del mismo modo, frente a la venta de las empresas de servicios públicos de la ciudad, organizaciones como Sintrateléfonos y Atelca, en ejemplar resistencia ante la administración distrital por la decisión antidemocrática de vender la ETB sin que esta propuesta hubiese sido parte del programa con el cual los ciudadanos eligieron al alcalde, han hecho múltiples protestas y han logrado, mediante el procedimiento de recolección de firmas, aprobar por parte de la Registraduría Distrital un Cabildo Abierto Distrital que debe realizarse a comienzos del próximo año, y mantienen la iniciativa de una Consulta Popular para la defensa del patrimonio público de la ciudad. Tanto el cabildo Abierto como la
Consulta Popular los acogemos como procesos complementarios a la revocatoria del mandato de Peñalosa.
Otras organizaciones y movimientos ciudadanos, como los vendedores ambulantes, habitantes de calle, mujeres, ambientalistas, trabajadores y usuarios de salud, del magisterio, partidos y colectivos políticos, entre otros, tampoco han sido ajenos a la protesta por las medidas arbitrarias del alcalde pero, como es el comportamiento antidemocrático del mandatario, no han sido escuchados en sus demandas.
En su descontento, los vendedores ambulantes, al ser desalojados del espacio público, tuvieron que hacer uso de una tutelatón ante la negativa del alcalde a escuchar sus reclamos y establecer mecanismos de concertación. Los habitantes de calle vieron repetir la dosis de maltrato que ya se había dado en El Cartucho durante el anterior gobierno de Peñalosa. Mientras crece la indigencia en la ciudad, el mandatario decidió desalojarlos del Bronx sin que mediara ningún plan de atención y recuperación social efectivas de quienes fueron puestos al margen de la ciudad, en otros departamentos y municipios, o tirados como basura a las alcantarillas y obligados luego a deambular por los puentes, canales de desagüe, plazoletas y calles ante la inconformidad de los vecinos de los diferentes barrios donde se han establecido.
Las mujeres tuvieron que revelarse ante la decisión del Secretario de Gobierno de declarar que el asesinato de Rosa Elvira Cely fue culpa de la víctima. Se ha venido dando un retroceso en los derechos conquistados por las mujeres en las administraciones anteriores, en la territorialización de la política pública de mujer y género, la parálisis de las casas de igualdad de oportunidades, la carencia de liderazgo de la secretaría de la mujer y la ausencia de respuesta a las peticiones de las mujeres, mientras crece la violencia contra la mujer, los feminicidios y la inequidad de género.
Los ambientalistas han tenido que constituir una coalición de líderes de organizaciones ambientalistas y comunitarias, concejales, personalidades académicas, científicas y políticas para defender la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen ante la decisión del alcalde de urbanizar el norte y construir más del 90% de la Reserva mediante vías y edificios en su territorio favoreciendo de este modo a los poderosos gremios de la construcción, inmobiliarios, bancos y propietarios de terrenos, entre ellos integrantes de su gobierno, que se beneficiarían con las altas rentas generadas por las intervenciones urbanísticas y de infraestructura al elevarse los precios de sus predios. Todo ello con previsibles consecuencias en depredación del ambiente natural de la ciudad en tiempos cuando el cambio climático global amenaza la supervivencia de las especies vivas en el planeta tierra.
En el caso de la salud las protestas de trabajadores, comunidades y usuarios se han expresado en las plazas, instituciones de salud y en los barrios pues el alcalde recortó el presupuesto en un 40%, fusionó 22 hospitales en 4, destruyó el programa de Atención Primaria en Salud Integral “Territorios Saludables”, despidió miles de trabajadores, ha desoído los reclamos de usuarios por la mala calidad de los servicios y de las comunidades por el agravamiento del acceso a la atención en salud y la muertes evitables de pacientes y de niños y niñas por infección respiratoria aguda.
Por el contrario, ha reorganizado la red de servicios pensando más en el ahorro de costos que en la equidad social y se ha congraciado con los intereses privados para continuar el proceso de mercantilización del derecho a la salud y privatización de la red de prestadores públicos de salud del distrito a través de alianzas público-privadas en la construcción de hospitales, su mantenimiento y gestión.
Los maestros del Distrito, a través de la Asociación Distrital de Educadores, han tenido que salir de forma masiva a las calles en múltiples ocasiones, realizar multitudinarias asambleas y paralizar sus actividades académicas en protesta contra el desmonte del programa de primera infancia que dejará a muchos docentes sin trabajo y en hacinamiento a niños en condiciones de desventaja social; la masacre laboral del remedo de jornada única sin adecuadas condiciones humanas, estructurales, pedagógicas y de bienestar; y la construcción de colegios con dineros públicos pero entregarlos en concesión a privados, sin que el gobierno dé respuesta o posibilite el diálogo con los maestros para que se concerté deshacer los entuertos y rencauzar la educación.
En el caso del transporte público, el SITP está financieramente colapsado sin que exista ningún plan alternativo de Peñalosa para sostenerlo, mejorar la seguridad y calidad del servicio y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores. Mientras tanto, todos los esfuerzos de Peñalosa se han orientado a ampliar Transmilenio, en su empeño de convertirlo en eje estructurador del sistema de transporte y desarrollo vial de la ciudad por encima del papel que en este sentido debería jugar el Metro. Con esta estrategia, Peñalosa mantiene la insatisfacción ciudadana con el transporte público y favorece el negocio de los grandes empresarios privados del transporte y de los constructores de buses articulados. Mientras tanto, los pequeños transportadores son excluidos del negocio y sometidos a la precariedad económica y social. De otra parte, en su afán de ahorrar costos con un metro ligero y elevado, el alcalde no solo ha ignorado estudios previos para construir el metro subterráneo sin tener estudios alternativos para el metro elevado sino que, además, pierde de vista los cambios tecnológicos que se vienen produciendo en este campo y que revolucionarán el transporte público en el futuro próximo. Nos endeudaremos en 30 años o más y cuando terminemos el metro el mundo habrá migrado a nuevas formas de tecnología como la energía magnética, los drones y la nanotecnología sin que nosotros hayamos podido incorporarlas.
En materia de finanzas públicas, para realizar sus megaobras de cemento, el alcalde no sólo ha recortado el gasto público social, promovido la venta de las empresas de servicios públicos como ETB, Energía Eléctrica, Acueducto y Alcantarillado y Aguas de Bogotá, sino que ha endeudado a la ciudad con la banca mundial y ha promovido una reforma tributaria regresiva y lesiva para los sectores populares y la clase media pero favoreciendo con los avalúos catastrales a los sectores de la oligarquía con predios y propiedades inmobiliarias que superan los cinco mil millones de pesos.
Las obras y megaproyectos de estructura vial y de urbanización también afectan a las comunidades originarias de la capital, especialmente al pueblo muisca, irrespetando y desconociendo sus derechos territoriales sin que hasta ahora se haya logrado que Peñalosa responda a estos reclamos. Igual cosa sucede con las comunidades LGBTI donde sus políticas se orientan más a la sensibilización de la comunidad en general frente al tema que a garantizar el desarrollo y apoyo de los miembros de estas comunidades.
De otra parte, la creciente insatisfacción y desconfianza ciudadana ante el mandatario ha sido registrada a través de distintas encuestas. La desaprobación de la gestión del mandatario ha sido altísima desde el comienzo de su mandato oscilando entre el 55% (Gallup) y el 76 y 91% (Cifras y Conceptos) en el mes de marzo del 2016 según el campo evaluado, y terminando con un acumulado de desaprobación del 78% por todas las causas, una de las más bajas de alcalde alguno de la ciudad en los últimos 15 años, como lo muestra la Encuesta de percepción ciudadana de diciembre del 2016 del programa Bogotá Cómo Vamos.
Distintos partidos, movimientos y colectivos políticos y sociales, entre ellos la UP, los Verdes, el Polo, el PTC, Mais, MSP, Vamos por los Derechos, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, sectores del Partido Liberal, entre otros, se han visto obligados a declararse en oposición o a criticar severamente las medidas del gobierno peñalosista. Tanto en el Concejo de Bogotá, el Congreso de la República como en los escenarios extraparlamentarios, estas expresiones políticas han denunciado el recorte de los derechos sociales, el modelo ambientalmente depredador de ciudad y los vínculos de Peñalosa con empresarios privados, nacionales y extranjeros, en negocios como Transmilenio, el SITP, el Metro, la recolección de basuras, la construcción, la salud, entre otros, lo cual denota el afán del mandatario de imponer a toda costa un modelo de ciudad orientada a los negocios antes que a favorecer los derechos sociales, la defensa de la público y del ambiente. Igualmente, ante la reticencia del mandatorio a presentarse a los debates de control político en el Congreso de la República, como es su deber, los congresistas se han visto obligados a acudir a la Corte Constitucional para que ésta obligue al alcalde a acatar las citaciones del Congreso de la República.
El alcalde Peñalosa, quien no ha sido capaz de acreditar alguno de sus aparentes títulos de alta formación académica, repite el talante de una gestión autoritaria y antidemocrática que pasa por encima de los intereses generales de la población y defiende a rajatabla los intereses particulares a través de medidas de privatización creciente de lo público, el recorte de los derechos sociales, la depredación ambiental, la inobservancia de las garantías laborales, entre otros aspectos, pretendiendo imponer un modelo urbanístico y de ciudad que viola los mínimos del derecho a la misma.
Teniendo en cuenta lo anterior, la revocatoria del mandato al alcalde mayor de Bogotá constituye un proceso consciente y de soberanía popular de quienes la hemos promovido, ya que, a lo largo de un año, hemos observado el diseño y ejecución de un programa y acciones de gobierno que lesionan el bien común, la democracia, la cohesión social, la sustentabilidad del desarrollo de la ciudad y genera una creciente insatisfacción de los ciudadanos y ciudadanas con su gestión.
Las acciones del gobierno actual no sólo han sido contrarias a los intereses generales de los ciudadanos, en especial de los menos favorecidos, sino que contravienen el espíritu de la justicia social y de la democracia real, la preservación de la naturaleza y el carácter social del ordenamiento territorial, el patrimonio público, las políticas públicas con enfoque universal, incluyente y equitativo de los derechos sociales fundamentales, y las posibilidades de construcción de la paz social y del buen vivir de todos y todas.
A partir de lo anterior, distintas personas, procesos de revocatoria, organizaciones, fuerzas y movimientos ciudadanos, juveniles, sociales, sindicales, ambientales, culturales y políticos, hemos decidido unirnos para iniciar y culminar el camino institucional de revocar el mandato de Enrique Peñalosa, seguros de que éste encontrará cabida en la mayoría de ciudadanos y ciudadanas sin distingos de concepciones ideológicas, políticas o religiosas, conscientes del peligro y riesgo que significa para el destino de la ciudad la continuidad del alcalde en el ejercicio de su cargo.
Aunque el proceso de revocatoria comenzó como iniciativas separadas de diversos procesos y sectores, ahora somos conscientes de la necesidad de actuar juntos para ahorrar esfuerzos y ser eficaces en el logro del objetivo que nos proponemos. Esta unidad la entendemos como un proceso amplio, diverso, plural, democrático e incluyente cuya finalidad fundamental en esta etapa es la revocatoria del alcalde mayor de la ciudad. Los que nos hemos venido juntando en esta causa dejamos las puertas abiertas a la integración de otros procesos, organizaciones, movimientos y personas que también la abracen. Nuestro empeño en la revocatoria del alcalde tiene como norte el bien común de la ciudad y el presente y el futuro de las próximas generaciones de bogotanos y bogotanas.
