En Colombia sí hay paramilitarismo
La Escombrera Foto: Jesús Abad Colorado.
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La declaración, en días pasados del Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, en la que afirmó que “en Colombia no hay paramilitarismo”, muestra la impunidad y el cinismo del que goza el proyecto contrainsurgente, aún vigente a favor de la clase dominante del país.
El ministro Villegas, busca con su afirmación tapar este proyecto que ha marcado la historia moderna de Colombia, a fin de invisibilizar el fenómeno y hacer ver a la opinión pública que los cientos de asesinatos que ha padecido el movimiento social y popular no hacen parte de un plan sistemático de exterminio político y que no tienen que ver nada con sus reivindicaciones y luchas sociales, que se oponen legítimamente al modelo de explotación vigente.
Este proyecto de la oligarquía ha cambiado de nombre con los años, pero mantiene sus objetivos intactos: perseguir, asesinar y desaparecer a toda persona u organización que critique la realidad y sueñe un país diferente, para continuar desarrollando el sistema de exclusión y explotación a las grandes mayorías del pueblo y así perpetuar en el poder a unos pocos individuos agrupados en una clase que ostenta un capital económico exorbitante.
Desde las llamadas policías subnacionales, chulavitas, convivir, paramilitarismo, y ahora, “bandas criminales”, el establecimiento ha buscado dar continuidad a tal proyecto que hace lo que por vías legales el establecimiento no puede hacer.
El esquema contrainsurgente que persigue el pensamiento crítico fue legal hasta 1999, con las CONVIVIR, organizaciones de seguridad privada creadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acérrimo defensor de la guerra y el derramamiento de sangre y que en sus dos mandatos presidenciales mutaron a una gran alianza nacional agrupando a los grupos paramilitares en las AUC, quienes actuaron de la mano del Ejército Nacional. Así lo demuestran las masacres como la del Naya en el Cauca y la operación Orión en Medellín, hoy declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como una operación de abusos, desproporción de la fuerza, amenazas y torturas.
El plan contrainsurgente continúa cerniéndose sobre nuestro país, ahora bajo la batuta de las Bandas Criminales, Autodefensas Gaitanistas y otras expresiones armadas de la ultraderecha. Estas organizaciones simulan no tener una estructura de mando nacional, lo que sospechosamente concuerda con el discurso de los voceros del gran capital: El haber cambiado sus nombres y virado su forma organizativa aparentemente de estructura nacional a regional o local, ha permitido desviar la atención de los asesinatos de líderes sociales a simples hechos de delincuencia común aislados, esto mediáticamente legitimado por los medios masivos de la oligarquía colombiana.
Lo concreto es el claro objetivo principal que han tenido siempre: mantener el régimen dominante, eliminando todo lo que huela a paz y a construcciones de alternativas, echando al traste ahora con lo alcanzado en La Habana, acabando con las organizaciones que han levantado las banderas de la solución política y negociada al conflicto social y armado.
Es claro que este proceso de cambio en el país, que se abre con los acuerdos de La Habana, les ofende a los grandes gamonales que financian a estos grupos, ya que mediante la implementación de lo acordado, la verdad histórica del conflicto podrá salir a flote, dando a conocer los orígenes y responsabilidades del surgimiento y sustento del paramilitarismo, mostrando que el poder económico del gran capital ha sido financiador de ellos: la punta del iceberg es la condena hecha a la Chiquita Brand por financiar el paramilitarismo en el Magdalena Medio. Ahora le atañe a la Comisión de la Verdad, la responsabilidad ética e histórica con el país, de indagar a profundidad el nacimiento y perduración de estas estructuras armadas de ultraderecha.
Solo la organización y la movilización social podrán vencer al paramilitarismo que ha causado tantas muertes en nuestro país. La denuncia nacional e internacional, la visibilización de la crisis humanitaria, la exigencia al Estado de que indague hasta el fondo los asesinatos de líderes sociales, la preservación de la vida de quienes hacen verdadera oposición política al régimen, rodear los acuerdos y exigir su total implementación, serán las banderas que debemos continuar levantando para cimentar las nuevas bases de una Colombia democrática para una paz estable y duradera.
