Las zonas de transición de las FARC: un nuevo reflejo del abandono en el campo
Más que el escándalo de un baile entre representantes de la ONU y guerrilleros, lo que hay detrás de los muchos problemas de estas zonas es el encuentro o el choque entre la realidad de la vida campesina y un Estado que simplemente la ha desconocido.
Una nueva convivencia
Uno de los desafíos más obvios que se siguen de la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC es el de comprender a la Colombia rural. Asumir este reto implicaría reducir las distancias que nos han dejado las lecturas desde la ciudad que predominan tanto en el análisis como en el manejo mediático de la guerra. Si conseguimos entender a esa otra Colombia podríamos transitar hacia una reconciliación con los excombatientes y con el campo mismo.
Las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y los puntos transitorios de normalización (PTN) en el punto 3 del Acuerdo Final fueron concebidos con dos objetivos:
Facilitar la verificación y monitoreo del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas (CFHBD-DA);
Garantizar el inicio de la reincorporación política, social y económica de los miembros de las FARC.
Para el primer proceso —que en el papel duraría 180 días— las partes en La Habana crearon un mecanismo novedoso. Esta sería la primera vez que observadores de la ONU hacen parte de un sistema tripartito de monitoreo y verificación (MM>V), que los hace trabajar de modo simultáneo y de la mano con el gobierno y con las FARC.
Y no solo eso: durante el tiempo que duren las 26 ZVTN y PTN los observadores internacionales de la ONU, los miembros del gobierno y los miembros de las FARC vivirán en las mismas carpas, comerán los mismos alimentos y harán parte de la misma vida veredal. Esta convivencia tejerá inevitablemente relaciones entre guerrilleros, observadores, militares y campesinos, pues así como la guerra no se ha dado en territorios vacíos y aislados lo propio sucederá con el proceso de implementación del Acuerdo Final. Unos y otros construyen ahora una cotidianidad des-armada que se opone a la forma tradicional en la que el Estado colombiano se ha relacionado con el mundo rural.
Zonas de promesas incumplidas
Zona Veredal Transitoria de Normalización, La Cooperativa.
Foto: Lorena Carrillo
Las ZVTN y los PTN han sido seleccionados después de un difícil proceso que combina elementos técnicos, logísticos y políticos. Estas 26 zonas no han estado alejadas de la guerra sino todo lo contrario: son un reflejo de ella, no solo por los episodios violentos que vivieron sus habitantes a lo largo de 52 años, sino porque las FARC han tenido una presencia histórica en algunas de ellas. No es extraño entonces que el “sí” hubiera ganado en el 85 por ciento de los 27 municipios donde el día del plebiscito ya estaban proyectadas esas zonas transitorias. Lo propio pasó en el 92 por ciento de sus zonas rurales, donde estarán ubicados las ZVTN y los PTN.
Pero este amplio respaldo de las comunidades rurales al Acuerdo y a la presencia de zonas transitorias en sus territorios contrasta con su falta de inclusión en el proceso de alistamiento. En estas zonas la “pedagogía para la paz” sigue fallando. Mientras la opinión pública, la Misión de la ONU y el gobierno se concentraban en bailes y fotografías, un gran número de habitantes de estas zonas sigue sin tener claridad sobre lo que sucederá en sus territorios durante los próximos 180 días, ni sobre lo que pasará después del día 181.
Es tan grande el nivel de confusión (combinado con la marginalización propia del mundo rural colombiano) que muchos habitantes creen que estas veredas serán —por fin— los grandes polos de la inversión estatal y que ya no serán los bazares y las rifas las que produzcan los recursos necesarios para las construcciones más elementales (vías terciarias, puesto de salud, escuelas…).
Pero esto está muy lejos de ser cierto. A casi dos meses del “día D” no está listo ni el 50 por ciento de estas zonas. Peor aún, la llegada de camiones pesados con suministros ha empeorado el ya precario estado de las vías de estas regiones, construidas en su mayoría por las mismas comunidades campesinas. Y todo esto sin contar las disputas interveredales suscitadas por los “beneficios” de las zonas, o el desencanto y la decepción con la que algunos campesinos se han enterado de que ciertas zonas de transición han sido canceladas así no más, sin dar explicaciones.
Dos realidades
Si la inversión es la principal expectativa para los habitantes locales, la seguridad es su principal preocupación: “¿Y ahora quién nos va a cuidar?” es la pregunta que se hacen constantemente los pobladores de la mayoría de las zonas de transición, para quienes las FARC eran el referente de seguridad y de autoridad.
Durante décadas guerrilleros y campesinos han resuelto conflictos comunitarios que van desde problemas de linderos hasta separación de bienes entre parejas mal avenidas. Han hecho lo propio con los robos, el control de la frontera agrícola y la conservación de amplias zonas forestales, ante la ineficiencia de las entidades estatales legalmente encargadas de estas tareas.
“Tengo dolor en el corazón porque los guerrilleros ya no van a estar”, me contó contrariada una campesina en Gaitania, sur del Tolima, el mismo día que Juan Manuel Santos recibía el premio Nobel de paz. Este tipo de afirmaciones pone en perspectiva la desproporción del escándalo que suscitó el baile entre insurgentes y observadores internacionales durante una fiesta de año nuevo. Este es uno de los principales retos que se nos presenta como sociedad en el posconflicto: entender que durante la guerra también se han vivido y se han construido ordenamientos sociales que no tienen que ser satanizados con tanta rapidez.
A las montañas de Colombia están llegando ahora ingenieros, arquitectos, observadores internacionales y toda una variedad de funcionarios públicos y privados a quienes se les debe explicar la importancia de la junta de acción comunal, del consejo comunitario o del cabildo indígena. A estos funcionarios se les debe explicar también que en esos territorios desconocidos y marginales la principal victoria de sus habitantes es haber logrado permanecer pese a las balas. Y que por eso hay que oírlos, respetarlos e incluirlos, no subestimarlos.
No ha sido fácil que partes enfrentadas por más de medio siglo trabajen juntas, ni ha sido sencillo para quienes los vieron enfrentarse durante décadas verlos ahora andar juntos de un lado para el otro. Tampoco ha sido fácil que funcionarios del gobierno central se pongan botas “machita” en lugar de mocasines y recorran por las trochas hechas de barro, las veredas que carecen de interconexión eléctrica, de agua potable o saneamiento básico. Si este proceso de monitoreo sirve para algo es para que ahora, como nunca antes, el Estado se esté dando cuenta de la realidad del mundo rural.
Hacer camino al andar
Los problemas de fondo de las zonas veredales no son los bailes, ni el que los “avivatos” quieran cobrarles arriendos caros a los enviados del gobierno. No. Las demoras en el alistamiento de las zonas son apenas un reflejo del centralismo de nuestras instituciones y de su incapacidad para ponerse en sintonía con las dinámicas territoriales, con el modo de vida rural e incluso con la geografía de Colombia (a no ser que sea sencillamente una muestra de falta de voluntad política para sacar adelante el proceso de paz).
Esto se refleja, por ejemplo, en lo que manifiestan los integrantes de los consejos comunitarios de Vigía del Fuerte, quienes ven perplejos cómo “el gobierno” compra plátanos para llevarlos al PTN de Vidrí, a seis horas de distancia por el río Atrato desde Quibdó, en donde viven del cultivo de plátano. “Les sale más barato y de mejor calidad comprárnoslo a nosotros”, dicen, molestos, los habitantes de Vidrí.
Aunque el Acuerdo Final y el protocolo de los PPT señalan que el gobierno nacional debe hacer las reformas necesarias para facilitar y priorizar la contratación en estas zonas, y en general de lo que se desprenda del proceso de implementación, con organizaciones sociales y comunitarias (punto 6), no hay avances al respecto. Todavía se sigue procediendo con las consabidas solicitudes de RUT, RUP, registro mercantil y convocatoria pública para contratar a un solo operador que se encargue de suministrar víveres en las 26 ZVTN y PTN, desde La Guajira hasta el Putumayo, desde Tumaco hasta Arauquita (estas convocatorias se han declarado desiertas, seguramente por estas razones).
Mientras tanto, organizaciones sociales congregadas en comités de acompañamiento al proceso de monitoreo y las mismas FARC denuncian el estado de descomposición en el que llegan los alimentos a los puntos de pre-agrupamiento temporal (PPT) y denuncian la muerte de guerrilleros por falta de diligencia en la atención médica, situaciones con las que históricamente han convivido los habitantes del campo.
Los problemas en las zonas y puntos reflejan el viejo abandono del campo colombiano. Pero si los funcionarios encargados logran reconocer las fallas y resolver los inconvenientes encontrados hasta ahora, pueden empezar a corregir las deficiencias en la relación del Estado con el mundo rural, dejar atrás la displicencia en su manera de tratar a los campesinos, afros e indígenas, y con ello empezar a pagar la deuda histórica que éste tiene con el campo y con sus habitantes.
* Investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, Progama por la Paz (CINEP/PPP) y miembro de la International Research Network on the Revolutionary Left.
