Legalidad de ley Zidres en manos de Corte Constitucional

Imagen de Contagio Radio

El Estado colombiano y los gobiernos de turno no han permitido que al campesino se le reconozca como sujeto político que posee conocimientos y saberes y que ha enriquecido las vivencias del país con su cultura. De igual manera, el proceso de legalización de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) ha tenido que sortear un sinnúmero de dificultades, la más reciente: la ley de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) propuesta por el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El proyecto de ley para la implementación de los Zidres lesiona gravemente el intento de Reforma Rural Integral planteado en los acuerdos de La Habana puesto que no disminuiría la brecha entre quienes poseen la tierra y los medios para ponerla a producir y quienes la trabajan sin poseerla; se estaría hablando de una nueva legalización del despojo y formalización del latifundio. Un dato alarmante que corrobora lo expuesto por la Oxfam, organismo multilateral, revela que “Colombia es el caso extremo: sólo el 0,4% de las fincas concentran más del 67% de la tierra productiva”.

Resulta preocupante que la ley de Zidres contempla la creación de territorios especiales para el desarrollo de la agro-industria, lo que significa una amenaza para los procesos constitutivos de ZRC, ya que son esos mismos territorios los que se encuentran reclamando los campesinos sin tierra. Así esta ley propone legalizar la expansión del latifundio.

El argumento esgrimido por el gobierno plantea que estas zonas se crearían para el “desarrollo económico del campo y que entrarían a fortalecer la implementación de la paz”. Pero lo que no se menciona es que, si bien los baldíos pertenecen a la nación, estos terrenos serían arrendados para la producción de grandes emporios nacionales e internacionales y posteriormente podrían ser titulados a los mismos. ¿No se estaría fraguando una usurpación indebida de las tierras que serían objeto de reforma?

En síntesis se están vulnerando los derechos de los campesinos víctimas del conflicto armado ya que han padecido la violencia económica y social producto de la acumulación de la tierra. Si no hay límite para la adjudicación de dichas tierras, se debilitaría entre otras cosas la propiedad campesina: volverán a ser asalariados de una tierra ajena los pequeños y medianos campesinos, quienes no podrán sobrevivir a ese modelo de explotación.

Por otro lado, las ZRC, que plantean la regulación en la adquisición de tierras, serían afectadas gravemente en ese proceso de producción donde la economía campesina y la soberanía alimentaria quedarían reducidos a los monocultivos que propone la agro-industria.

Esta ley no empodera a las comunidades campesinas, sino que por el contrario beneficiaría a industriales y multinacionales que invertirán en el campo para generar ganancia al costo que sea. Con esta ley se pretende legalizar la acumulación de baldíos dejando así que las tierras de la nación, que podrían estar en manos de los campesinos desterrados, terminen en manos de entidades privadas.

Nota: se suponía que el 18 de enero la Corte Constitucional debía definir el limbo jurídico en el que se encuentra la aprobación de esta ley pero a raíz de la incapacidad de uno de los magistrados, se postergó dicho fallo. Por tal motivo es necesario estar atentos sobre el futuro del campesinado en Colombia porque se trata de una ley trascendental de la que posiblemente depende el rumbo que podría tomar la implementación de la paz.