Cuatro asesinatos simultáneos en el sur de Córdoba
En horas de la tarde del 19 de enero, la comunidad campesina del corregimiento Juan José (Puerto Libertador – Córdoba) conoció del asesinato del campesino Hernán Enrique Agámez Flórez, ocurrido en la vereda San Ciprián del Corregimiento Tierradentro (Montelíbano – Córdoba). El fallecido era residente de Juan José en donde vivía con su familia; hizo parte del comité cocalero de dicha zona y dinamizaba políticamente la preparación para la implementación del acuerdo cuatro, eje uno en cohesión al acuerdo de Reforma Rural Integral, impulsándose en el territorio desde la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), organización campesina filial a la Marcha Patriótica – Córdoba.
El cuerpo del campesino Hernánfue trasladado desde la vereda San Ciprián del Corregimiento Tierradentro (Montelíbano – Córdoba) hasta el corregimiento Juan José (Puerto Libertador – Córdoba) en hamaca por campesinos y la guardia indígena zenú San Jorge. Llegaron hasta dicho corregimiento aproximadamente a las 10 de la noche, desde allí fue trasladado a la morgue del municipio de Puerto Libertador.
Un segundo hecho victimizante ocurrió entrada la noche en la vía que del corregimiento La Rica de Puerto Libertador conduce al corregimiento Juan José del mismo municipio sobre la vida de Marcelino Pastrana Fernández. Su cuerpo fue llevado hasta la morgue del municipio de Puerto Libertador (Córdoba) en la misma noche.
Un tercer y cuarto hecho aconteció contra la vida de Everto Julio Quiñónez Miranda y Fredys Cogollo Mora, sucedido en la vía que del corregimiento La Rica de Puerto Libertador conduce al corregimiento Tierradentro (Montelíbano) a la altura de la finca La Cumbre. El cuarto mencionado es hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Salao del corregimiento La Rica.
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascuscor), que desde 2012 adelanta múltiples escenarios de reivindicación de los derechos del campesinado surcordobés y que resiste en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré aplicando la consigna “Por la dignidad de nuestras vidas y territorios” ha venido denunciando, alertando y comunicando sistemáticas y de antaño violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Tambien ha desarrollado movilizaciones sociales y mesas de concertación con el Gobierno nacional, departamental y municipales.
Desde finales de 2014 hemos venido denunciando el incremento de la presencia paramilitar en el territorio, la inexistencia de la fuerza pública y el latente riesgo en el que viven los campesinos y campesinas de esta región.
La Defensoría del Pueblo, mediante el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha venido generando inminentes llamados al gobierno colombiano para que conjure la posibilidad de graves hechos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de la población civil.
Tras el pre-agrupamiento de los frentes de las FARC-EP que hacían presencia en esta vasta región, el incremento, presencia y control irregular por parte de grupos paramilitares ha sido inminente. Hoy por hoy, estas zonas poblacionales que organizadas mediante la Ascuscor se preparan para la implementación de los acuerdos sobrevenidos entre el Gobierno del presidente Santos y las Farc ven como una amenaza e imposibilidad consecuente de ello que estructuras provistas de la re-ingeniería paramilitar cada día cobren mayor presencia en el territorio.
Se exige a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación que se investiguen estos dolorosos hechos, ya que generan miedo y zozobra a las comunidades campesinas de la región y se convierten en actos determinadores de agresiones a las organizaciones sociales, sus integrantes y comunidades en general. Además, al Gobierno nacional que tome las medidas pertinentes que brinden efectivas garantías y goce de los derechos humanos como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, a la organización y a la libre movilidad de los líderes de Ascsucor.
