Amenazas y asesinatos a líderes de Zonas de Reserva Campesina constatan existencia del paramilitaris

En las últimas semanas el Gobierno Nacional se ha encargado de rechazar tajantemente la existencia de grupos paramilitares en el país reduciéndolos a organizaciones de narcotraficantes o bandas criminales. El mismo Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, negó la existencia de estos grupos en Colombia: "No hay paramiliatares, así que aceptar eso es darle garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo", afirmó el ministro.

Al igual que Villegas, altos funcionarios del Estado han enfatizado en lo mismo: en abril del año pasado Juan Fernando Cristo,

Ministro del Interior declaró en el mismo sentido que las llamadas “Bacrim” son simplemente organizaciones de crimen organizado. Estas afirmaciones son controvertidas por comunidades, organizaciones sociales y algunos partidos políticos que han sido declarados objetivo militar o han perdido a sus miembros por el accionar paramilitar.

El senador Iván Cepeda advirtió que los asesinatos de líderes sociales y la nueva presencia paramilitar constituyen las más graves amenazas contra el proceso de paz. En lo que gran parte del movimiento social está de acuerdo es en que se evidencia una revitalización del paramilitarismo en varios departamentos del país, situación que genera preocupación ya que trae a la memoria el genocidio cometido contra la Unión Patriótica cuando grupos paramilitares, con el apoyo del Estado, asesinaron a cinco mil militantes de ese partido político que surgió tras los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC.

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en 2016 fueron asesinados 117 líderes sociales en todo el país. Situación que el Gobierno Nacional relaciona con motivaciones pasionales, de intolerancia o simplemente como hechos aislados; insuficientes para generar algún patrón que indique un plan sistemático para terminar con la vida de dirigentes regionales y locales. Se trata de crímenes que a la fecha siguen en la impunidad, lo que no es otra cosa que la complicidad “pasiva” de los entes judiciales del país.

Más allá de la discusión terminológica sobre “sistematicidad”, es evidente que hay una persecución contra líderes sociales; persecución realizada por organizaciones que se autoproclaman paramilitares y que reproducen lógicas similares a las antiguas AUC. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación hizo un esfuerzo por caracterizar a los grupos paramilitares de la siguiente manera:

“Se podrían definir como agrupaciones armadas con alcance nacional que, bajo el pretexto de combatir a las organizaciones insurgentes, acumularon poder territorial, institucional y económico, atacando y desplazando a población e individuos indefensos y a sus organizaciones, a los que consideraban bases de apoyo de la guerrilla, convencidos de que los recursos estatales usados en el marco del Estado de Derecho no son efectivos para combatir a la insurgencia o a sus apoyos sociales”.

Sumado a esto hay varios elementos que hacen pensar que a lo que el establecimiento llama “Grupos Armados Organizados” son realmente estructuras narco-paramilitares con amplio control territorial y con tentáculos más allá del plano económico. Veamos algunos:

1. Para nadie es un secreto que el Clan del Golfo (conocidos como Urabeños o Autodefensas Gaitanistas), Rastrojos, Constru, Águilas Negras, Pachenca, Empresa, Cordillera, Paisas, la Oficina, Nuevo Orden, Nuevo Renacer Auc, Puntilleros, y Auc son estructuras armadas que surgen tras la desmovilización de los paramilitares en 2006. (Una radiografía a las llamadas Bacrim)

2. Estos grupos armados actualmente hacen presencia en 279 municipios de 27 departamentos, frente a 242 municipios en los que operaban las FARC-EP. (Así están distribuidas las Bacrim en Colombia)

3. Estas estructuras tienen relaciones con sectores económicos, productivos, políticos, judiciales, militares y con otros representantes de la institucionalidad. En pocas palabras sus objetivos no son solamente financieros. (140 candidatos políticos de Colombia tienen vínculos criminales: Informe)

4. Aunque los subordinados en su mayoría son simples sicarios sin formación política, quienes los dirigen son ideológicamente de ultra-derecha.

5. Actúan en complicidad y connivencia con representantes de algunas instituciones, quienes los apoyan por acción u omisión. (Retiran del servicio activo al general Martínez Guzmán, señalado de vínculos con Bacrim)

6. Sus objetivos son líderes de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de restitución, de izquierda o cualquiera que que represente una potencial amenaza para los intereses de grupos económicos y políticos dominantes. (Ser líder social en Colombia ¿Una sentencia de muerte?)

Más allá de que el gobierno acepte o niegue la existencia del paramilitarismo, la realidad y el momento político demandan de las instituciones acciones serias que contrarresten el accionar de estos grupos que, paramilitares o no, pretenden controlar las zonas abandonadas por las FARC-EP en su proceso de desmovilización. Un control que pretenden afianzar a través del exterminio y persecución contra las organizaciones sociales que no les sean funcionales. Como muestra de ello son las últimas amenazas que lanzaron en Córdoba las Autodefensas Gaitanistas de Colombia contra Elena Mercado, Arnovis Zapata, Iván Ojeda y Andrés Chica; líderes sociales de Marcha Patriótica y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. (Miembros de Marcha Patriótica en Córdoba habrían sido amenazados por paramilitares) Una situación similar ocurrió en Cauca donde las Águilas Negras declararon objetivo militar a integrantes de Marcha Patriótica, docentes de la Universidad de Cauca, Asoinca, Aspu, Cima, Acin, Ruta Pacífica de las Mujeres y Acit señalándolos de ser auxiliadores de la insurgencia para “justificar” así cualquier agresión.

El poder que tienen y al que aspiran es tan grande que algunas de estas organizaciones ilegales ya se atreven a sostener enfrentamientos contra el Ejército Nacional (Combates en Juan José, Puerto Libertador), lo que termina significando no solo un peligro para las comunidades, sino también para el mismo establecimiento,

Pero a pesar de todo, las autoridades y funcionarios dicen que los paramilitares no existen. Y mientras no exista una voluntad política real para combatirlos serán un gran riesgo para construir un país en paz.