La JEP, un triunfo de las víctimas
La Justicia Especial de Paz (JEP) es tal vez la conquista más añorada por las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con ella garantizan verdad, justicia, reparación y no repetición.
Es la mejor noticia para los más de siete millones de víctimas que han dejado estos 52 años de guerra protagonizada por fuerzas del Estado, las FARC, ELN y la macabra manera como obraron poderes regionales en connivencia con paramilitares y narcotraficantes, para matar, despojar y desplazar a humildes campesinos, indígenas y afros.
Ejemplos hay muchos, pero hablemos de las más de 11.000 víctimas del departamento de Cesar que vienen por décadas reclamando su derecho a las tierras que les fueron quitadas violentamente. Víctimas que alzan la voz no obstante la arbitrariedad con que son tratadas por una burocracia política y judicial capturada por las castas de la región que no ceden un ápice y, al contrario, responden con más represión.
Un ejemplo sobresaliente, que las autoridades judiciales pasaron de agache, es la investigación de la Organización No Gubernamental PAX Holanda en la que denuncia en su libro El Lado Oscuro del Carbón, cómo las multinacionales Drummond y Glencore (Prodeco) financiaron durante siete años al grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” (1999-2006 gobiernos de Pastrana y Uribe primera parte), banda que sembró el terror en el norte del departamento de Cesar, mató, desplazó y despojó campesinos para apropiarse de grandes extensiones de tierra sin que los órganos de justicia regionales y nacionales asumieran con decisión investigación alguna.
Dirán que referir este asunto es llover sobre mojado, no. Este es un relato pertinente porque las víctimas son el eje del proceso de paz y el acuerdo final. En el Congreso se desgañitan algunos sectores políticos hablando de las víctimas de las FARC (organización que debe reconocer su responsabilidad y reparar a las víctimas), pero nunca se menciona la atroz persecución de los miles de campesinos de Cesar que aún lloran a sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos o muertos en las masacres de los corregimientos de El Toco, Estados
Unidos y El Platanal, entre otras.
El miedo agobia a una región que se parece más a un régimen feudal que a una sociedad del siglo XXI en donde unas castas terratenientes imponen su voluntad y controlan, además de la política, todos los órganos de justicia a través de sus familiares o aliados que no dejan mover un papel sin que previamente sea revisado; por supuesto las precarias decisiones de la oficina de Restitución de Tierras pasan por el tamiz de los caciques de la zona.
Nadie imprime atención a esta crisis humanitaria que vive el departamento de Cesar, en el que han sido asesinados cinco líderes de restitución de tierras en lo que va del año 2017.
El contralor general de la República, Edgardo Maya, patriarca de esa región, debería poner el ojo en su tierra natal, pues ahí la corrupción campea y la indiferencia asusta.
Hoy en Cesar nadie se atreve a hablar por temor a los paramilitares que nunca se fueron de la zona. A esta región llegará la Justicia Especial de Paz, un instrumento que romperá el silencio porque es mucha la verdad que hay que inquirir.
Fuente: Semana.com 25 de febrero de 2017
