Ley de tierras sin fast track: otro golpe al proceso de paz
En días pasados, la opinión pública conoció la decisión del Gobierno de presentar la Ley de Tierras por fuera del procedimiento de “fast track”, el cual había sido definido como la herramienta legislativa para lograr la rápida aprobación del componente normativo de los acuerdos firmados con las FARC-EP.
Esta ley tiene un carácter fundamental en lo que refiere a los aportes para iniciar la resolución de una de las mayores causas del conflicto armado en Colombia: el problema en torno a la posesión y el uso de la tierra. Como sabemos, nuestro país tiene en su haber uno de los mayores índices de concentración de la propiedad. Así, de acuerdo con Oxfam el 1% de las explotaciones agrícolas de gran tamaño ocupa el 81% de la tierra, mientras el 99% de pequeño tamaño ocupa tan solo el 19%. De acuerdo con la misma fuente los predios grandes (de más de 500 hectáreas) ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970 y en 2014 pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo periodo su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas.
Está claro entonces que en los últimos años ha aumentado la concentración de la propiedad de la tierra en un número cada vez menor de dueños. Sin embargo, estos nuevos grandes propietarios no siempre siguen las reglas en lo que a comprar tierras se refiere. Ya son conocidos los frecuentes ejemplos de grandes terratenientes que aumentaron sus tierras gracias al apoyo de fuerzas paramilitares que prepararon el terreno para comprar grandes extensiones de tierra a muy bajo precio.
De esta forma, este fenómeno está acompañado de otra dinámica, producida en el marco del conflicto armado: el desplazamiento forzado. Los barrios de todas las ciudades de nuestro país se encuentran habitados por desplazados que suman un total de 7,2 millones, según cifras del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno.
En un escenario en el que la concentración de la propiedad es mayor, y millones de personas han tenido que huir de tierras que poseían y que luego fueron tomadas y revendidas, resulta imprescindible tener herramientas jurídicas que permitan la reducción de las desigualdades y la protección de la pequeña propiedad rural como la base de un sistema agrícola sostenible, responsable y de protección a la soberanía alimentaria del país, como se puede ver esbozado en los acuerdos firmados entre las FARC-EP y el Estado colombiano.
De esta forma, parece que la decisión del Gobierno de prolongar la discusión sobre un tema de este calibre solo favorece entonces a aquellos que han sido beneficiarios de las dinámicas de concentración de la tierra: grandes terratenientes y propietarios, empresarios y narcotraficantes. Estos actores cuentan ahora con la posibilidad de manosear la propuesta de Ley de Tierras, a través de sus amigos en el Congreso, para salirse de nuevo con la suya y perpetuar la legalización del despojo, así como la exclusión del campesinado frente a la posibilidad de poseer la tierra que éste trabaja.
foto: Semanario voz
