Vendedores ambulantes: la criminalización del derecho al trabajo
Desde la entrada en vigencia del nuevo código de policía en junio del 2016 y su implementación en septiembre del mismo año, las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública aumentaron desmedidamente. Con 90 votos a favor y 3 en contra la Cámara de Representantes modificó 244 artículos para que la policía pudiese actuar bajo los nuevos contextos tecnológicos y sociales del país, convirtiendo la normas en una nueva arma de represión y criminalización de la vida en sus diferentes expresiones y ejercicio de derechos como el libre desarrollo a la personalidad, el trabajo, la privacidad, la libertad de pensamiento, entre otros. El artículo 140 del código de policía decreta la recuperación del espacio público con sanciones a los vendedores ambulantes que ocupen las calles. Sin embargo, el Estado no les brinda garantías de reubicación en la ciudad sin cobrar arriendo, o en lugares céntricos que permitan la comercialización de sus productos. La Corte Constitucional profirió la sentencia C-211 del 2017, luego de demandas presentadas al código de policía, en la que señala que frente a la altreración de las condiciones económicas de los comerciantes informales, derivadas de la recuperación del espacio público “…la administración tiene el deber de diseñar e implementar políticas públicas tendientes a contrarrestar los efectos nocivos de la recuperación, programas que deben ser acordes con estudios cuidadosos y empíricos que atiendan a la situación que padecen las personas desalojadas”. Pese a ello los procedimientos de policía frente a los vendedores ambulantes no han variado: les persiguen, destruyen sus productos cuando no los pueden incautar y luego proceden a imponerles la multa respectiva; en varios casos los retienen transitoriamente. “Con el nuevo código la policía nos persigue más, ahorita nos tienen tranquilos por la cuestión de las elecciones presidenciales pero espere que pase esas elecciones y verá cómo vuelve la persecución con nosotros” declaró Cristobal Lizarazo vendedor ambulante de la ciudad de Bucaramanga. El Estado más allá de dar soluciones reales y de fondo para evitar que las personas sigan recurriendo al trabajo informal como opción de vida, sólo ha tomado medidas que aumentan los anillos de miseria y recrudece la desigualdad social. Por otro lado, bajo el discurso del odio se va creando el imaginario del vendedor ambulante como criminal: porque no paga impuestos, porque supuestamente convierte las calles en escenarios inseguros. El sólo hecho de prohibirles la ocupación del espacio público es patente de corso para su persecución. “Nos toca trabajar estilo como ladrones, correrles, volver otra vez y así sucesivamente…” dice Lizarazo.
