‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra
La reciente publicación de un libro escrito por un oficial retirado de la Policía, que documentó cerca de 10 mil casos de ejecuciones extrajudiciales, concluye que las Fuerzas Militares recurrieron a esta práctica para acatar directrices impartidas en su momento por el Ministerio de Defensa y así, mostrar que la guerra contra las guerrillas era efectiva.
Ningún ‘falso positivo’ ocurrió al azar, se trató de una estrategia fríamente calculada para mostrar que la guerra contra las guerrillas la estaba ganando el Estado colombiano. Esa es la principal conclusión que plantea el libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios, escrito por Omar Eduardo Rojas Bolaños, un teniente coronel retirado de la Policía con estudios de Sociología que se dio a la tarea de investigar qué había detrás de una de las prácticas criminales más oprobiosas cometidas en el marco del conflicto armado.
Se trata de un trabajo que recoge diez años de documentación, seguimiento y análisis de miles de casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en un periodo que marcó un punto de quiebre en la confrontación Estado-insurgencia: fueron los años en que se fortaleció todo el aparato militar, se incrementó el número de integrantes de las Fuerzas Militares, se implementó la llamada Política de Seguridad Democrática y se logró el debilitamiento de las guerrillas, principalmente las extintas FARC.
“No se trata de una investigación jurídica. Lo que busco es aportar a la construcción de memoria histórica. Se trata de explicar de manera estructural un fenómeno que no es reciente en la historia del conflicto armado: en los años ochenta se cometían ejecuciones extrajudiciales, en los años noventa también y todavía se siguen cometiendo, pero ya con el nombre de ‘errores militares’. Y hay que hacer memoria de ello para que esos casos no se sigan repitiendo”.
El libro da cuenta de 10 mil casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante los años 2002-2010, cifra que supera con creces los 4.780 casos que actualmente investiga la Fiscalía General de la Nación y los 6.200 casos documentados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), plataforma que agrupa más de 250 organizaciones de derechos humanos del país y que ha sido una de las más rigurosas y constantes en el seguimiento a este tema.
Para Rojas Bolaños, uno de los principales hallazgos de su investigación fue que “nada de lo que ocurrió con relación con los mal llamados ‘falsos positivos’ fue al azar. Todo fue producto de una planeación que iba desde dónde se iba a simular el combate, de dónde se iban a conseguir las personas y qué perfiles se iban a buscar; de dónde iba salir el dinero para la compra de armas, municiones, camuflados, qué reportes se iban a presentar. Es decir, hubo una planificación sistemática que buscaba controlar cada paso en el antes, el durante y el después del hecho”
Aunque no se trata de un flagelo nuevo en la historia del conflicto armado del país, de acuerdo con el autor sí hubo un aumento dramático de este después del año 2002. Todo por el cambio en las directrices impartidas en su momento por el Ministerio de Defensa las cuales comenzaron a evaluar a los comandantes de las Fuerzas Militares, de brigadas y batallones, por el número de guerrilleros o, en el lenguaje de la época, integrantes de organizaciones terroristas muertos en combate.
“Comenzando la década de 2000, las guerrillas tenían fuerte presencia en los principales corredores viales del país y algunos centros pobladores rurales. Al Ejército lo envían a recuperar las carreteras mientras que en los cascos urbanos de muchos municipios y corregimientos se instalaron puestos de Policía. Esto obligó el repliegue hacia el monte de las guerrillas. Entonces, eran las Fuerza Militares las que tenían que buscar el combate, propiciarlo. Y con la directriz de evaluación por ‘enemigos dados de baja’, lo que se generó fue toda una lógica perversa de mostrar resultados a como diera lugar”, apuntó el autor.
Cíviles, víctimas
En ese espiral de muerte que generó la lógica de mostrar resultados fueron asesinados campesinos, jóvenes de barriadas marginales, jóvenes con problemas de salud mental, personas con antecedentes judiciales o señaladas de consumidoras o expendedoras de drogas, integrantes de grupos paramilitares o de delincuencia organizada, estudiantes universitarios, habitantes de calle e incluso, integrantes de la Fuerza Pública considerados desobedientes quienes después fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate.
“Incluso se generaron alianzas macabras entre estructuras paramilitares que le entregaban personas al Ejército para que luego fueran asesinadas. ¿Qué se pretendía con todo esto? Mostrar que la política contrainsurgente del momento estaba dando resultados, que la guerra contra las guerrillas se estaba ganando”, agregó Rojas Bolaños.
Y en su reflexión también le atribuye responsabilidad a la sociedad porque “fuimos muchos los que aplaudimos al gobierno de ese entonces y a la Fuerza Pública cuando nos informaban de estos resultados en el campo de batalla. Y detrás de esos aplausos también hubo encubrimientos por parte de jueces de la justicia penal militar, integrantes de Medicina Legal, entre otros”.
¿Se trató, entonces, de una política de Estado? ¿Están respondiendo ante la justicia todos quienes estuvieron comprometidos con este atroz crimen o sólo están pagando ‘los platos rotos’ unos cuantos soldados de bajo rango? Si bien Rojas Bolaños enfatiza en que su investigación tiene un carácter más sociológico que jurídico pues su finalidad era, con ayuda de las ciencias sociales, comprender esta práctica criminal y aportar a la construcción de memoria histórica, el oficial retirado de la Policía tiene respuestas concretas para estos interrogantes.
“No creo que un Estado tenga como política asesinar a sus habitantes, pero sí podemos decir que fue estrategia de un gobierno de turno”, sostiene el investigador. Tras esa estrategia que comenta Rojas Bolaños estaba la Directiva Ministerial 029, que consignaba los premios que se les otorgaban a los militares por distintas acciones, entre ellos las bajas en combate.
Pero no sólo uniformados participaron de esta macabra estrategia. Rojas Bolaños aseguró que “hubo personas que empuñaron las armas para asesinar, hubo personas que consiguieron las víctimas, hubo personas que se dedicaron a la planeación; es decir, es toda una cadena de responsables, pero, lastimosamente, la justicia sólo se ha ocupado de los que oprimieron el gatillo. Claro está que hay niveles de responsabilidades que van desde lo más alto de la cadena de mando hasta la parte más baja de esa cadena de mando. En ese sentido la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) será fundamental para esclarecer muchos casos y para determinar grados de responsabilidad.”.
Contrario a lo postura de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, el expolicía considera que, aunque cojeando, la justicia viene avanzando en este tema. El hecho de que actualmente más de 4 mil miembros de las Fuerzas Militares estén siendo investigados por casos de ejecuciones extrajudiciales muestra que hay voluntad del sistema judicial por esclarecer este atroz crimen.
“Hay que recordar que las primeras denuncias de ‘falsos positivos’ las formularon militares que no estaban de acuerdo con estas prácticas. Y sus voces no fueron escuchadas ni por la justicia ni por la justicia penal militar. Incluso a muchos de ellos les tocó salir del país. A esos militares les tocó acudir a organismos internacionales que luego vinieron a denunciar estos casos y tampoco los escucharon. Solo cuando se convirtió en un escándalo de grandes proporciones fue que las autoridades judiciales comenzaron a actuar”, dijo el autor.
De acuerdo con Rojas Bolaños, aún se siguen registrando casos de ejecuciones extrajudiciales, afirmación que coincide con los datos que contiene el Informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, dado a conocer el pasado 23 de marzo.
El documento consigna que esta Oficina “documentó 11 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales en 2017, en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Ocho fueron presuntamente cometidos por miembros del Ejército y tres por la Polícía. La OACNUDH señala con gran preocupación que, por segundo año consecutivo, se registraron presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército en Bolívar, Cesar y Norte de Santander”.
“Pero ya se les nombra como ‘errores militares’”, aseguró Rojas Boñalos. “Por eso digo que mi libro es un aporte a la construcción de memoria como garantía de no repetición, pues esto no se puede volver a repetir. La doctrina militar tiene que cambiar, no se puede seguir viendo enemigos en todas partes. Si no, a la vuelta de 10 años tendremos un fenómeno similar pero más intenso, con más violencia. Está pasando ahora con el asesinato de líderes sociales, una dinámica que se parece al inicio del exterminio de integrantes de la Unión Patriótica. El país tiene que aprender de su pasado para que casos como el de la UP o los mal llamados ‘falsos positivos’ no se vuelvan a repetir”.
Por último, el oficial retirado de la Policía aclara que no se trata de una publicación oportunista en tiempos electorales. “Desde el 2008, cuando me tocó proteger a un testigo de un caso de ‘falso positivo’, vengo trabajando el tema. Después de buscar un aliado académico, encontré a la Universidad Santo Tomás que se encargó de la publicación, que solo vio la luz este año. No tengo intenciones políticas ni mucho menos. Me considero un académico. De hecho, este trabajo me ha granjeado enemigos entre mis antiguos compañeros y miembros de las Fuerzas Militares”.
