Militarización y crisis humanitaria en Colombia
El Gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, anunció a través de su Canciller, María Ángel Holguín, que el pasado viernes 20 de abril fueron desplegados 57mil efectivos militares y policiales en la frontera con Ecuador (21mil solamente en Tumaco), tras el secuestro y asesinato de ciudadanos meridionales, que fueron atribuidos a presuntas “disidencias de las FARC”. Ese mismo día se llevaron a cabo detenciones masivas en los departamentos colombianos Nariño (fronterizo con Ecuador) y Valle del Cauca.
Estas detenciones fueron realizadas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia, y son calificadas como “falsos positivos judiciales” por diferentes organizaciones de Derechos Humanos (DD.HH.), ya que entre las capturadas se encuentran líderes y lideresas sociales y comunitarios, así como defensores y defensoras de DD.HH.
El portal web Contagioradio, reseña que entre los detenidos el pasado viernes “por supuestamente hacer parte del ELN”, se encuentran cuatro exalcaldes, un expersonero, dos exconcejales y dos lideresas del municipio Tumaco, en Nariño. Este medio entrevistó a Sharo Mina, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), quien agrega que lo que buscan las autoridades es "desmovilizar, crear y caos confusión frente al proceso de paz, para confundir políticamente a la sociedad civil, teniendo en cuenta que estamos en periodo previo a elecciones".
Mina destaca las detenciones de Sara Quiñonez y Tulia Marys Valencia (madre e hija), ambas hacen parte del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en Tumaco. Sara no solo ha participado en los procesos en defensa del territorio, sino que además ha acompañado a mujeres, y educa a niñas y niños de su municipio.
"Son personas que tienen una carga emocional enorme por ser amenazadas y desplazadas y ahora son revictimizadas", manifiesta la integrante de PCN. De hecho, la líder afro explica que muchas de las personas capturadas son personas protegidas por medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuentan con esquemas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección y la Unidad de Víctimas.
Después de la primera captura masiva, durante el fin de semana hubo nuevas capturas. De acuerdo con Mina, existe una lista con nombres de aproximadamente 80 personas que son familiares y amigos de los ya detenidos.
Paro armado y crisis humanitaria en el Norte de Santander
Fue declarada “calamidad pública” por el Gobierno de Colombia en el Catatumbo tras más de un mes de guerra abierta entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) por el control territorial de esta zona, lo que arroja hasta ahora la suma de 7mil desplazados según datos de Telesur; y 144 mil personas sufren "graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad", según la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia.
En esta zona han sido desplegados 12 mil funcionarios de las fuerzas públicas colombianas sin que esto haya mejorado las condiciones de zozobra y miedo a la que está sometida la población colombiana.
El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, declaró a los medios de comunicación durante una visita a la ciudad de Ocaña, una de las principales receptoras de los desplazados de las zonas rurales, que “con esta presencia confía en que se rescate la confianza de los ciudadanos”.
Sin embargo, el General Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, asumió que, por la extensión del Catatumbo, no es posible que la fuerza pública cubra cada milímetro de las zonas urbanas y rurales que lo conforman, “Ni en los próximos diez años se puede esperar que seamos capaces de cubrir todo el Catatumbo; podemos traer el Ejército de China, con 10 millones de soldados y no lo alcanzamos a cubrir”, reseña el portal web vanguardia.com sobre las impresiones de Mejía tras su recorrido por el Norte de Santander.
Un carro fue quemado en la vía Tibú – El Tarra mientras el Comandante de las Fuerzas Militares, General Alberto Mejía hacía un recorrido por las calles de Tibú
El pasado 15 de abril fue decretado un paro armado por el EPL que ha detenido la actividad comercial en el Catatumbo y genera escasez de insumos básicos, alimentos y medicinas en la región.
